Córdoba: la Iglesia prepara un informe para el Vaticano sobre las denuncias contra un cura por supuesto abuso de niños

CÓRDOBA.- Una investigación preliminar canónica está en marcha por los presuntos abusos denunciados en el jardín de infantes parroquial Margarita A. de Paz de Villa Carlos Paz contra el sacerdote Alejandro Nicola, quien era su director. El encargado de hacerlo prepara un informe que será remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en Roma.

Hace poco más de dos semanas, los denunciantes reclamaron justicia con 13 mochilas de niños, acompañadas por carteles en la puerta del edificio de Tribunales II donde Nicola concurrió a un peritaje. Otro examen que le habían ordenado se suspendió porque el cura planteó que estaba “estresado”; la nueva fecha es el 12 de octubre próximo.

El trabajo que derivará en un informe para el Vaticano comenzó en julio pasado, más de un año después de que se presentara la primera denuncia penal vinculada con el caso. Los abogados Alejandro Escudero Salama y María Milagros Lucero, que acompañan a algunas de las familias denunciantes, pedirán al Arzobispado de Córdoba y a la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC) que precisen cuándo conocieron los primeros señalamientos, qué hicieron a partir de esa información y qué ocurrió hasta que se puso en marcha la investigación eclesiástica.

La información sobre la investigación canónica fue comunicada a Escudero Salama por el presbítero Daniel Juncos, quien tiene a su cargo esa tarea, mientras que el sacerdote Diego Díaz interviene como notario.

Según explicó Juncos, el reporte se enviará al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, uno de los organismos de la Santa Sede que interviene, entre otras cuestiones, en los casos vinculados con presuntos delitos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores.

La investigación eclesiástica es independiente de la que lleva adelante la Justicia de Córdoba. Los encargados del trabajo señalaron que “la autoridad eclesiástica local tiene deberes de actuación, investigación, información y remisión de las actuaciones a Roma” frente a denuncias de esta naturaleza.

Por eso, uno de los interrogantes centrales que plantean ahora los abogados es qué ocurrió entre las primeras noticias sobre los hechos y el inicio de la investigación preliminar.

La primera denuncia penal fue presentada en mayo de 2025. Más de un año después, en julio de 2026, comenzó la investigación canónica. Esa secuencia temporal es la que Escudero Salama y Lucero quieren reconstruir con documentación. El pedido no apunta solamente a establecer fechas, quieren conocer qué tratamiento recibieron las distintas situaciones planteadas por las familias y cómo serán incorporadas aquellas que todavía no fueron escuchadas.

En paralelo, solicitarán a la Fiscalía a cargo de Jorgelina Gómez que requiera las comunicaciones y los documentos eclesiásticos que puedan ser relevantes para reconstruir esa secuencia institucional.

El trabajo de Juncos ya reunió alrededor de 25 declaraciones de madres y otros actores aunque, según explicó el propio investigador, todavía restarían aproximadamente 15 testimonios. El modo en que fueron seleccionadas las personas convocadas es otro de los puntos que generó cuestionamientos de los abogados.

De acuerdo con la explicación que recibieron, el contacto con las familias se produjo principalmente de manera informal o por iniciativa de algunas de ellas. Juncos puntualizó que en esta etapa busca reunir hechos concretos y contar con una denuncia suficientemente fundada para elaborar el informe que será enviado a Roma. Los abogados ofrecieron que las madres a las que representan puedan prestar declaración.

El informe podría estar terminado entre fines de noviembre y comienzos de diciembre. Después, calculó que una eventual respuesta desde Roma podría llegar en febrero. Son fechas estimativas.

El caso

Luego de la primera denuncia en mayo de 2025, una segunda se presentó en octubre del mismo año. Otras dos se realizaron este año. Corresponden a tres niñas y un niño del ese jardín de infantes, dependiente de la Parroquia del Niño Dios, nombre con el que también se conoce informalmente al establecimiento de nivel inicial.

La primera acusación ante la Justicia corresponde a una menor que presentó un sangrado vaginal y que sigue bajo estado shock. Desde lo sucedido, no habla. En el caso de la segunda, la alerta familiar comenzó cuando tuvo una pesadilla en la que gritó: “El monstruo me arranca la piel”. Sus padres la llevaron al médico suponiendo que podía tener un problema orgánico; después de varios estudios, le recomendaron ver a un psicólogo.

Enterada de las dos situaciones, una tercera madre les pidió a las otras dos reunirse porque “algo está pasando”. Si bien ambas por separado habían pedido reuniones con las autoridades de la escuela parroquial, afirman que “no les dieron ninguna explicación e incluso negaron conocer los hechos cuando sí habían sido informados”.

El final de las clases marcó un punto de inflexión ya que, sin ir a la escuela, los chicos comenzaron a hacer comentarios en sus casas; solo la primera niña no lo hace. La segunda supuesta víctima le dijo en diciembre a su madre: “No te puedo decir, nos ven y nos escuchan” y le pidió que le preguntara a otras amiguitas, “que también saben”.

Entre ellas, una que vio el 27 de diciembre una foto de Nicola. “Se retrajo y empezó con ‘no sé, no sé’... Le tapé los ojos y los oídos a la foto, y entonces ella señaló: ‘Es el que nos mira por las cámaras y nos sigue por los drones’. En enero empezó ieza a ir al psicólogo y, en abril, hicimos la denuncia”, relató el padre de la menor.

El varón, hijo de otra familia denunciante, también dio el nombre de Nicola. Lo calificó de “monstruo” y contó que iban varios “en grupo”. “Nos hacía bajar las bombachas y los calzoncillos, y nos tocaba abajo”, describió.

El sacerdote fue apartado primero del cargo en la escuela. Tras una quinta denuncia, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, dispuso en junio pasado el “cese preventivo –por razones de índole pastoral– en el oficio de párroco”.

Esa denuncia corresponde a una niña que asistía al turno mañana del jardín de infantes, mientras que los otros cuatro eran del turno tarde. Según pudo averiguar LA NACION, también menciona al cura y al torreón, un espacio al que habían apuntado los otros padres denunciantes en función del relato de sus hijos. Ese espacio fue cerrado el mes pasado.

Pese a las medidas adoptadas, a fines de julio el cura reapareció concelebrando una misa en la Catedral de Córdoba. La situación generó indignación entre los padres de los menores denunciantes.

Las familias están disconformes también con el accionar de la escuela y de la JAEC. Esa institución, hace cuatro meses, emitió un comunicado que sostiene: “El cuidado de los menores es prioridad absoluta. El Arzobispado de Córdoba dispone de protocolos específicos de prevención y actuación dirigidos a todas las personas que desarrollan tareas con menores y adultos vulnerables”.

La referencia fue a la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas, que fue “debidamente informada de la situación e interviene conforme a sus competencias”, mientras que “el establecimiento educativo cumplió con los protocolos e indicaciones que existen en el tema”.