Caso Uribe: la Corte Suprema abrió indagación previa contra integrantes de la Comisión de Acusaciones por presunto prevaricato
La Corte Suprema de Justicia inició una indagación previa por el presunto delito de prevaricato por acción contra integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por iniciar una disputa entre esa instancia legislativa y la Fiscalía General de la Nación por la competencia para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por varios hechos violentos ocurridos entre 1996 y 1998.
La actuación judicial se originó en una denuncia presentada el 3 de septiembre por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, quien señaló a los congresistas que solicitaron a la Fiscalía remitir a la Comisión de Acusación los expedientes relacionados con las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, perpetrada en 1997, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998.
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El caso está relacionado con el conflicto de competencias que enfrenta a la Fiscalía con la célula legislativa, luego de que esta última reclamara la facultad de asumir las investigaciones contra el exmandatario por hechos que tuvieron lugar cuando ejercía como gobernador de Antioquia.
La indagación previa de la Corte Suprema busca examinar la denuncia contra los integrantes de la Comisión de Acusación por las actuaciones relacionadas con esa solicitud de traslado de los expedientes. La apertura de esta etapa no constituye una declaración de responsabilidad penal contra los congresistas denunciados.
La controversia se centra en la determinación de la autoridad que debe continuar con las actuaciones judiciales. La Comisión de Acusación reclamó la competencia al considerar que los expedientes debían tramitarse en el marco del fuero especial de juzgamiento aplicable a los expresidentes.
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La Fiscalía General de la Nación rechazó esa solicitud. Su posición es que debe conservar la competencia para investigar los hechos, debido a que ocurrieron durante el periodo en el que Uribe se desempeñó como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, y no durante su posterior mandato presidencial.
La disputa entre las dos instituciones llegó a la Corte Constitucional, que deberá determinar si las investigaciones permanecen en la jurisdicción ordinaria, a cargo de la Fiscalía, o si corresponde a la Comisión de Acusación asumirlas.
El expediente sobre el conflicto de competencias fue asignado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien prepara la ponencia que será examinada por la Sala Plena de la Corte Constitucional. El 1 de octubre, la Comisión de Investigación y Acusación remitió a la Corte un total de 2.322 folios relacionados con el conflicto de competencias.
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Entre los documentos enviados se encuentran el oficio mediante el cual la Comisión reclamó formalmente la competencia, la proposición presentada por los representantes, las decisiones adoptadas, las actas de las sesiones y las constancias de aprobación, además de los antecedentes y soportes vinculados con la controversia.
La secretaría de la Comisión también precisó que entregó los documentos identificados en sus archivos y aclaró que en su despacho no reposaban soportes adicionales que los autores de la proposición hubieran elaborado antes de radicarla. La documentación debía permitir el análisis de los argumentos y las actuaciones de las dos instituciones involucradas.
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A Uribe se le atribuye presuntamente responsabilidad en los hechos investigados, incluida la posible determinación, por acción u omisión, de homicidios agravados en persona protegida. Estas imputaciones corresponden a los asuntos objeto de investigación y no equivalen, por sí mismas, a una declaración definitiva de responsabilidad.
Mientras la Corte Constitucional estudia el conflicto de competencias en el caso, la Corte Suprema adelanta la indagación previa derivada de la denuncia contra los integrantes de la Comisión de Acusación. Las dos actuaciones tienen objetos distintos: la Corte Constitucional debe resolver qué autoridad investigará al expresidente, mientras que la Corte Suprema establecerá si se configuró o no un presunto prevaricato por acción por parte de los congresistas señalados.
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El proceso que inicialmente estuvo a cargo del magistrado César Augusto Reyes en la Corte Suprema, deberá pasar, tras su salida del cargo, al despacho de la magistrada electa Susana Quiroz Hernández, de acuerdo con la información suministrada sobre la actuación.
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