La contratación por prestación de servicios aumentó 595% durante el gobierno de Gustavo Petro, denunció el director del Dapre

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, aseguró ante la Cámara de Representantes que la contratación por prestación de servicios en la entidad aumentó 595% durante el gobierno de Gustavo Petro. El funcionario sostuvo que el organismo se convirtió en “uno de los mayores contrataderos del Estado” y anunció una revisión individual de los contratos vigentes.

Ríos intervino el miércoles 16 de septiembre en la Comisión Primera de la Cámara, durante el debate sobre las necesidades presupuestales de las entidades del Gobierno de Abelardo de la Espriella para 2027. Allí afirmó que el Dapre suspendió nuevos procesos de contratación y redujo en casi 65% la vinculación de personal.

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Según expuso, el incremento de las órdenes de prestación de servicios (OPS) ocurrió durante los cuatro años de la administración anterior.

El funcionario precisó que el crecimiento de los contratos fue de 228% solo entre 2025 y 2026, una cifra que, según su interpretación, evidencia una expansión de la nómina contratista cerca del proceso electoral.

“Eso demuestra que este contratadero que fue el Dapre fue creado desde el punto de vista de la contratación ad portas de un proceso electoral”, sostuvo Ríos ante los representantes.

El director afirmó que su despacho revisa los expedientes “uno por uno” y que la vigilancia se concentra en la modalidad usada para suscribir los acuerdos. Con base en las cifras que expuso el funcionario, el 84% de los contratos de la anterior administración en el Dapre se celebró de manera directa.

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Ríos cuestionó el uso extendido de esa herramienta contractual, prevista en la legislación colombiana para circunstancias específicas: “Lo que debería ser una excepción a la regla terminó siendo una regla general en la contratación”.

Además de las OPS, Ríos se refirió al gasto destinado a eventos, por lo que indicó que ese rubro registró un aumento de 113% en cercanías de las elecciones de 2026. Frente a esa cifra, ordenó detener las contrataciones relacionadas con esa actividad.

“No solamente hubo exceso en la contratación de personal, sino también en los eventos”, dijo el funcionario. A su juicio, este tipo de gastos no corresponde a la misión central de la entidad, que definió como una instancia de coordinación y seguimiento de los planes, programas y proyectos del Gobierno nacional.

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El director planteó que la revisión contractual incluirá una auditoría detallada sobre las decisiones tomadas en la administración anterior. No precisó el plazo para la entrega de los resultados ni si la revisión derivará en denuncias ante organismos de control.

Durante el debate en la Cámara, Ríos sostuvo que la reducción de recursos no impedirá el funcionamiento del Dapre. En su intervención mencionó que la entidad tendrá cerca de $904.000 millones para ejecutar sus funciones, frente a los $1,1 billones proyectados previamente.

En otra parte de su exposición, el funcionario habló de una disminución desde $4,1 billones hasta $924.000 millones. Las cifras presentadas durante la sesión muestran diferencias sobre la base presupuestal y el monto final previsto.

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De igual modo, el funcionario afirmó que el ajuste responde a una política de austeridad y a una reestructuración del Estado. También anunció un “plan destrabe” para identificar resoluciones, directivas y decretos que, según dijo, generan obstáculos para ciudadanos y empresarios que buscan desarrollar proyectos.

El director sostuvo que la prioridad oficial de su entidad debe concentrarse en obras: “Le solucionamos los problemas a la gente con vías, con desarrollo económico, con seguridad, con infraestructura, con conectividad”.