Aldesarrollo prepara su defensa ante investigación de la SIC por contratos de $2 billones: rechazó una articulación con Moisés Garvin
La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) anunció la contratación de la firma de abogados Mario Iguarán Abogados Asociados para asumir su representación legal ante las investigaciones abiertas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La entidad de control evalúa un presunto esquema de coordinación entre Aldesarrollo, Red Summa y Kluster Latam para alterar la libre competencia en más de 300 procesos de contratación estatal que sumarían un valor cercano a los $2 billones.
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La hipótesis investigativa de la autoridad de competencia sostiene que las tres organizaciones habrían participado de forma coordinada en licitaciones públicas para simular una pluralidad de oferentes y direccionar la adjudicación de los contratos públicos.
La investigación señala a Moisés David Hernández, conocido también como Moisés Garvin, esposo de la excandidata presidencial Sondra Macollins, como el supuesto articulador de esta estructura operativa.
Frente al pliego de cargos y los señalamientos de la entidad de control fiscalizador, Aldesarrollo emitió un comunicado oficial en el que confirmó la designación de su equipo jurídico y reafirmó la plena disposición para atender los requerimientos de las autoridades competentes.
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Aldesarrollo responde a la SIC, se distancia de Moisés Hernández y anuncia defensa jurídica
“ALDESARROLLO informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que ha encomendado a la reconocida firma de abogados MARIO IGUARÁN ABOGADOS ASOCIADOS la representación judicial de ALDESARROLLO y su director (sic)”, indicó la entidad en su comunicado.
En el mismo pronunciamiento, la organización buscó desligar de manera categórica su gestión institucional de la persona señalada por la superintendencia como líder de la red, aclarando que no existe ningún vínculo vigente entre las partes desde hace tres años: “Precisamos que el señor Moisés David Hernández no hace parte de Aldesarrollo ni mantiene vínculo laboral, contractual o de representación con ella desde 2023″.
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“En consecuencia, Aldesarrollo solicita respetuosamente a los medios de comunicación y a la opinión pública distinguir entre las actuaciones que las autoridades adelanten respecto de personas naturales y la gestión institucional de la entidad”, agregó la organización en la nota oficial.
Las indagaciones sobre esta red contractual tienen antecedentes en las denuncias presentadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en 2025. Los reportes de la entidad identificaron cruces de directivos y coincidencias de personal entre las tres firmas involucradas para quedarse con contratos estatales por montos superiores a $1,3 billones entre 2018 y principios de 2025.
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Entre las irregularidades bajo la lupa del ente regulador se incluye la ejecución de un contrato por $71.186 millones adjudicado de forma directa por la Unidad para las Víctimas a Aldesarrollo para el suministro y distribución de alimentos a poblaciones vulnerables, proceso en el que también figuró Red Summa como oferente.
De igual forma, el expediente administrativo de la Superintendencia incluye compulsa de copias hacia la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para determinar eventuales responsabilidades penales y fiscales de las personas naturales involucradas.
En su comunicación, la entidad aseguró a sus contratistas, aliados y a la opinión pública que continuará operando de manera habitual y defendió la legitimidad de sus procesos de gobernanza.
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“La entidad transmite un mensaje de tranquilidad y confianza a sus aliados, contratistas, colaboradores y a la comunidad en general: Aldesarrollo continúa operando con normalidad y reafirma su compromiso con la ética, el cumplimiento normativo y los más altos estándares de gobernanza e integridad en el ejercicio de sus funciones. La entidad no se pronunciará sobre el fondo de las actuaciones en curso”, concluyó la institución.
El trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio deberá determinar si las coincidencias de las tres firmas en los pliegos de contratación corresponden a un pacto ilegal de colusión o si los procesos de selección se ajustaron al marco de la ley.
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