Entre respaldos y advertencias, la clase política reacciona a la Ley de Rescate Económico emitida por el Gobierno De La Espriella

El Gobierno nacional radicó este jueves 29 de octubre de 2026 ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa de 123 páginas que busca reducir el gasto público en cerca de 40 billones de pesos durante 2027 y que generó reacciones encontradas entre congresistas, concejales, exfuncionarios y sectores sociales.

La propuesta, que inicialmente se esperaba para agosto, corresponde a la segunda fase de la estrategia de ajuste del Ejecutivo y llega después de las decisiones adoptadas en materia presupuestal, en un contexto en el que la administración del presidente Abelardo de la Espriella sostiene que la medida es necesaria para enfrentar un déficit fiscal que, según sus proyecciones, podría alcanzar los 144 billones de pesos al cierre de 2026.

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Durante la radicación, el vicepresidente José Manuel Restrepo cuestionó la gestión económica del gobierno anterior y advirtió sobre el peso de la deuda pública en las cuentas del Estado.

“El gobierno anterior del presidente Gustavo Petro nos dejó una bomba de tiempo. Una bomba que estallaría el próximo año en 2027 a menos que como gobierno actuemos. Una bomba que significa un hueco tan grande que se resume en que de cada tres pesos del presupuesto nacional que pagamos en impuestos, uno se va a pagar intereses de la deuda pública”, expresó.

El funcionario precisó que el 70% del esfuerzo que plantea la ley recaerá sobre el propio Estado, mientras que el 30% restante se cubrirá con aportes de los sectores de mayores ingresos. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, por su parte, calificó el proyecto como “la piedra angular que permitirá recuperar la economía” y señaló que su objetivo no se limita al ajuste de las finanzas públicas, sino que busca también promover la inversión y el empleo.

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La iniciativa contempla una reducción del 50% en los gastos de contratos de prestación de servicios para 2027 y una disminución del 20% en los gastos salariales de las entidades del Presupuesto General de la Nación para 2028, con excepción de la Fuerza Pública. El Ejecutivo proyecta un ahorro estatal de 44,6 billones de pesos para 2027 y plantea bajar el impuesto de renta empresarial del 35% al 33% ese mismo año, y al 31% a partir de 2028.

De igual modo, establece protecciones específicas para los recursos destinados a salud, educación básica, agua potable, pensiones, universidades públicas y el cumplimiento de sentencias judiciales. Como mecanismo de compensación frente a los cambios en el IVA, el Ejecutivo propone implementar un sistema de devolución del impuesto, denominado EfectIVA, dirigido a hogares de menores ingresos, con un beneficio promedio de 213.000 pesos mensuales y un giro anticipado previsto para el 20 de diciembre de 2027.

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La senadora Hilda Gutiérrez, del Centro Democrático, celebró en la red social X que el proyecto incluya “medidas concretas de austeridad, alivio tributario y protección a los hogares más vulnerables”.

La legisladora destacó los cuatro puntos centrales de la reforma: el recorte en contratos de prestación de servicios, la reducción salarial proyectada para 2028, el ahorro fiscal estimado y la baja en la tarifa de renta corporativa.

El representante Christian Garcés también manifestó su respaldo a la iniciativa. En su mensaje, publicado tras la radicación del proyecto en el Congreso, afirmó que su bancada apoya “la reducción del gasto ineficiente, las facultades al presidente para suprimir, fusionar o escindir ministerios y entidades, la reducción de la tarifa del impuesto de renta a las sociedades y los artículos que beneficien la reactivación económica de los territorios”. Garcés subrayó, además, que las medidas buscan “proteger el empleo y garantizar la productividad”.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, adoptó una postura más matizada. El congresista aseguró que, desde su cargo, “garantizará un debate amplio, plural y con plenas garantías para todos los sectores” durante la discusión del proyecto.

Como senador, consideró necesario reducir el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente, pero advirtió sobre un punto sensible: la necesidad de evitar que el ajuste fiscal se traduzca en mayores impuestos para los colombianos.

Desde las filas de la oposición, el concejal Oscar Benavides cuestionó de forma directa los objetivos de la reforma. En su publicación, sostuvo que el proyecto “únicamente busca rescatar los privilegios de los amigos ricos de Abelardo de la Espriella” y lo calificó como “una reforma tributaria disfrazada”. Benavides anticipó que su sector “defenderá al pueblo de la arremetida económica” tanto en el Congreso como en las calles, en defensa de “los bolsillos de los colombianos”.

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La concejal de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, centró su análisis en uno de los componentes de la ley: el cobro de IVA a las compras realizadas en plataformas internacionales como Temu, Shein y Amazon, independientemente de su monto.

Según su publicación, durante el mandato anterior de Gustavo Petro se intentaron medidas similares sin éxito, incluidas dos leyes de financiamiento y un decreto que la Corte Constitucional denegó. Sánchez Barreto advirtió que, pese a que la medida busca proteger la industria nacional de confección frente a competidores como China, el ajuste fiscal anunciado por $13,8 billones mantiene impuestos al consumo que calificó de regresivos, mientras los sectores de mayores ingresos reciben beneficios tributarios.

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Por otra parte, la representante Isabel Vera, del Pacto Histórico, centró su cuestionamiento en el artículo 7 del proyecto, al que calificó como un “mico autoritario”.

Según su publicación, esa disposición le otorgaría al Gobierno “facultades extraordinarias para crear, fusionar o suprimir ministerios y entidades públicas a su antojo”, lo que, a su juicio, implicaría saltarse al Congreso y desconocer las facultades consagradas en los artículos 150.7 y 150.10 de la Constitución.

“Con el cuento de la eficiencia, lo que realmente buscan es poder absoluto para desmantelar las instituciones que garantizan los derechos sociales de la gente”, afirmó la congresista, quien calificó de “gravísimo” que haya legisladores dispuestos a avalar ese punto del articulado.

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El representante Carlos Meisel ofreció una lectura más técnica del articulado radicado. En su publicación, detalló que el proyecto se estructura en 11 temas generales de gastos, 13 temas generales de impuestos y 6 temas de trámites sin impacto fiscal directo.

“Mañana estoy listo para empezar a debatir el tema. Se viene una noche de estudio”, escribió el congresista, quien adelantó que dedicaría la jornada previa al análisis detallado del texto antes de su discusión en el Congreso.

Más profundo fue el concepto de Andrés Valencia, ministrio de Agricultura durante el gobierno de Iván Duque. En su cuenta de X advirtió que el proyecto, de aprobarse sin modificaciones, tendría un impacto importante en el agro colombiano y podría convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la altillanura.

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Según su análisis, la eliminación de la tarifa diferencial del 5% implicaría que insumos como fertilizantes, plaguicidas, semillas, maquinaria, sistemas de riego y alimentos balanceados pasen a tributar una tarifa general del 19% a partir del 1 de enero de 2028, lo que podría elevar los costos de producción para los bienes que permanezcan en el régimen de excluidos, dado que estos no podrían recuperar el IVA pagado.

Valencia señaló además que varios productos frescos de la canasta agrícola, entre ellos hortalizas, frutas, granos, legumbres, café, cacao y animales vivos, hoy excluidos del tributo, quedarían gravados al 19% desde 2028, lo que podría generar un impacto inflacionario dada la estacionalidad de las cosechas y las fluctuaciones que estos productos generan en el índice de precios al consumidor. El exfuncionario advirtió que sus productores necesitarán mayor disponibilidad de caja para financiar el incremento en todos los componentes del costo de producción.

El exministro también alertó sobre efectos transversales en la cadena agropecuaria. De acuerdo con su análisis, el concentrado para avicultura y porcicultura pasaría del 5% al 19%, lo que generaría mayor presión de caja pese a que el IVA sea recuperable, mientras que el seguro agropecuario subiría su tarifa en la misma proporción, lo que podría desincentivar su adopción pese al subsidio existente.

Valencia advirtió, además, que el alza en los servicios contratados, como la asistencia técnica y la fumigación, y el consecuente aumento en los costos de producción podrían generar mayores incentivos a la informalidad y al contrabando de insumos. Según su análisis, el mecanismo de devolución EfectIVA compensaría a los hogares pobres en su rol de consumidores, pero no atendería el impacto directo sobre los productores del sector.

El trámite legislativo del proyecto recién comienza. Las bancadas de gobierno y oposición anticipan un debate extenso en el Congreso, donde se definirá el alcance final de los recortes de gasto, las modificaciones tributarias, las facultades extraordinarias cuestionadas por algunos sectores, el impacto sobre el agro señalado por gremios y exfuncionarios, y las medidas de protección social incluidas en la iniciativa.