Rechazan Ley de Comunidades Indígenas y Afromexicanas en Península de Yucatán

Mérida, Yuc., Colectivos y organizaciones mayas de la Península de Yucatán externaron su desacuerdo en algunos puntos de la propuesta de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas al considerar que a pesar de que reconoce derechos importantes, mantiene una visión tutelar del Estado que podría limitar la libre determinación, la autonomía y la defensa del territorio de los pueblos originarios.

En un pronunciamiento, habitantes de localidades de Yucatán y Quintana Roo, junto con agrupaciones firmantes de la Declaratoria de Emergencia Socioambiental en la Península de Yucatán, señalaron que la iniciativa representa un “contrasentido” porque traslada a instituciones gubernamentales decisiones que deberían corresponder a las comunidades.

Reconocieron como avances que busque aceptar a los pueblos como sujetos de derecho e incorpore perspectivas de género de futuras generaciones, así como a migrantes y personas con discapacidad.

También valoraron las medidas para proteger los saberes tradicionales, la lengua, la cultura y la posesión de tierras, particularmente en lugares históricos que no han obtenido el reconocimiento y titulación de sus territorios ancestrales.

Sin embargo, advirtieron que el proyecto conserva mecanismos que podrían burocratizar el ejercicio de esos derechos y que no consideran la diversidad de las realidades de los pueblos indígenas de la península.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público.

INPI tendría la última palabra

Aunque la iniciativa contempla esa posibilidad, establece que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) tendría la última palabra para determinar qué localidades cumplen con los requisitos legales y, posteriormente, inscribirlas en el Catálogo Nacional y publicar su reconocimiento en el Diario Oficial de la Federación.

Para los colectivos, esto significa que el Estado terminaría decidiendo cuál puede ser considerada comunidad indígena.

También objetaron que el procedimiento previsto sea demasiado complejo, pues podría dificultar que las comunidades accedan efectivamente a los derechos y prerrogativas derivados de ese reconocimiento. Por ello, pidieron modificar los artículos 30 y 31 para eliminar esos obstáculos.

Otro punto de preocupación es el acceso a los recursos naturales. Las organizaciones señalaron que el artículo 33 reconoce el derecho de los pueblos a disponer de ellos, pero introduce una limitación para las áreas consideradas estratégicas por el Estado, lo que dejaría en manos de las autoridades la posibilidad real de acceder a esos bienes.

Además, cuestionaron que el texto establezca una lista de autoridades indígenas reconocidas, pues consideran que esa fórmula no contempla las formas de organización y autogobierno existentes en la Península de Yucatán.

En materia de consulta, calificaron como grave que ésta dependa de que haya un “impacto significativo” y que sean la Secretaría de Gobernación y el INPI los que determinen si se actualiza esa condición.

Desde su perspectiva, la consulta debe realizarse cuando una medida administrativa o legislativa pueda afectar los derechos de un pueblo, sin sujetarla a una valoración previa de las instituciones.

Los colectivos también pidieron ampliar el acceso al amparo indígena. Consideraron restrictivo que sólo pueda promoverse a través de representantes indígenas o con el respaldo de 20 por ciento de la comunidad, debido a que las propias autoridades comunitarias pueden estar cooptadas por grupos de poder, incluido el Estado.

Asimismo, pidieron reconocer expresamente la pluralidad de sus formas de organización y dejar claro que el reconocimiento de un pueblo no puede depender de trámites administrativos. En particular, plantearon que la falta de inscripción en el Catálogo Nacional no pueda utilizarse para negar, suspender o limitar sus derechos.

El pronunciamiento fue suscrito por habitantes de Homún, Kinchil, Chablekal, Yaxcopoil, San José Tzal, Tebec, Tekit, Chocholá, Baca, Sitilpech, Mérida y poblaciones de Quintana Roo, además del Colectivo Maya de los Chenes, Muuch-Kambal y el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal.