Productores de frutas y verduras piden frenar el aumento del IVA en la Ley de Rescate: advierten choque con la Constitución

El debate sobre los impuestos a los alimentos volvió a poner en discusión el alcance de las garantías constitucionales relacionadas con la alimentación y la actividad campesina. La Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol) pidió al Congreso retirar de la Ley de Rescate Económico los cambios que aumentarían el IVA de las frutas frescas, las verduras y algunos insumos agrícolas.

La organización presentó su solicitud mediante una carta dirigida a los legisladores, en la que sostiene que la propuesta tributaria podría entrar en conflicto con los artículos 64 y 65 de la Constitución. Esas disposiciones reconocen la protección especial del campesinado y el derecho humano a una alimentación adecuada. La iniciativa fue radicada el 29 de octubre de 2026 como Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara.

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Asohofrucol advierte que el aumento de los impuestos podría trasladarse al precio final de los productos frescos y elevar los costos que enfrentan los agricultores para mantener sus cultivos.

De acuerdo con los cálculos de la asociación, la combinación de un mayor IVA para frutas y verduras y de impuestos más altos para los insumos podría provocar una caída del consumo de estos alimentos de entre 4% y 18%. Se trata de una proyección del gremio sobre los efectos que tendría la propuesta, no de una disminución que ya se haya presentado en el mercado.

La petición se concentra en que el Congreso examine el impuesto aplicado al alimento que llega al consumidor y el que recaería sobre los elementos utilizados para producirlo. Para el sector, ambos componentes están conectados: un mayor costo en el cultivo puede sumarse al gravamen del producto y terminar reflejado en el valor que paga el comprador.

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El gremio insiste en que el análisis debe considerar el acceso económico a frutas y verduras, además de las condiciones de quienes trabajan en el campo. Por eso plantea que cualquier modificación tributaria sea revisada frente a los compromisos constitucionales que, según su interpretación, protegen tanto la producción nacional de alimentos como la posibilidad de adquirirlos. La organización considera que el encarecimiento puede dificultar la compra de alimentos frescos, especialmente para los hogares de menores ingresos.

En la carta, Asohofrucol señaló que las medidas deben evaluarse más allá de su efecto fiscal. “Cualquier medida que aumente su precio final y reduzca su accesibilidad económica debe analizarse, no solamente desde una perspectiva tributaria, sino también desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos”, advirtió.

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El Gobierno ha defendido el aumento propuesto con el argumento de que el IVA sería devuelto a los hogares de menores ingresos. También ha planteado que no considera justo subsidiar el consumo de los hogares con mayores recursos.

Uno de los fundamentos de la petición es el artículo 64, modificado por el Acto Legislativo 01 del 5 de julio de 2023. Esa reforma reconoció al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. La disposición establece que el Estado debe promover el acceso progresivo de los campesinos a la propiedad de la tierra y proteger sus derechos individuales y colectivos.

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El segundo sustento es el artículo 65, modificado mediante el Acto Legislativo 01 de 2025. Con ese cambio se reconoció el derecho humano a la alimentación adecuada y la obligación estatal de garantizarlo progresivamente, así como la protección frente al hambre y las distintas formas de malnutrición. La norma incorpora además objetivos de seguridad, soberanía y autonomía alimentarias, y establece una protección especial para la producción y el acceso a los alimentos.

A partir de esas disposiciones, Asohofrucol sostiene que gravar los alimentos frescos y los materiales necesarios para cultivarlos podría contrariar las garantías constitucionales. El planteamiento forma parte del debate legislativo.

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Además de pedir que se retiren los cambios al IVA, el gremio propuso convocar una “Mesa Técnica Nacional”. La instancia reuniría a representantes de los sectores agropecuarios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN y las organizaciones de productores para revisar los efectos de la propuesta.