“Una forma de tortura psicológica”: la Fiscalía de Nueva York defendió los nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York defendió este jueves los nuevos cargos por conspiración para cometer torturas y narcoterrorismo presentados contra el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. A las puertas del tribunal federal neoyorquino, el fiscal principal James M. McDonald denunció que la pareja recurrió al asesinato, las descargas eléctricas, la asfixia y abusos sistemáticos para “silenciar a la oposición política” durante más de dos décadas.

McDonald calificó la conducta descrita en la acusación como “verdaderamente impensable” y afirmó que miles de venezolanos, y algunos estadounidenses, fueron torturados para mantener en el poder a Maduro y Flores. “Esto es el epítome de la corrupción”, señaló el fiscal, que prometió perseguir la trama criminal “sin importar el tiempo transcurrido”.

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La acusación formal, desprecintada este jueves ante el tribunal federal de Manhattan, suma el delito de conspiración para cometer tortura a los cargos de tráfico de drogas que ya enfrentaban Maduro y Flores. De ser declarados culpables, ambos se enfrentarían a una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión.

Según el expediente judicial, Maduro autorizó métodos de tortura, solicitó y recibió actualizaciones sobre el trato a víctimas específicas, vio un video de una confesión forzada y amenazó personalmente con matar al hijo de un preso “como una forma de tortura psicológica”. Flores, exlegisladora y ex procuradora general, ayudó a desarrollar el sistema represivo y ordenó la tortura de personas determinadas, sostiene la Fiscalía.

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El caso contra el exdictador venezolano se amplió este jueves con cargos de conspiración para cometer tortura y narcoterrorismo, además del delito de narcotráfico ya vigente. La nueva acusación describe asesinatos, descargas eléctricas y amenazas contra familiares de detenidos, y eleva la pena mínima que enfrentarían Maduro y Flores a 50 años de prisión si son hallados culpables.

Los fiscales detallaron además que, en 2013, Maduro ordenó el arresto de un oficial militar venezolano sospechoso de planear un golpe de Estado. Según la acusación, miembros de la dirección de contrainteligencia militar lo interrogaron mientras le aplicaban descargas eléctricas con un cable con corriente unas 20 veces y lo colgaban de las manos y los pies durante varios minutos seguidos.

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El expediente también incorpora menciones a la agencia de inteligencia militar DGCIM, dirigida durante años por el general Hugo Carvajal, coacusado de Maduro que se distanció de él, se declaró culpable el año pasado de cargos de narcotráfico en Nueva York y se ha ofrecido a testificar contra su antiguo jefe. La Fiscalía extendió además a Flores la acusación de conspiración para cometer narcoterrorismo que hasta ahora solo pesaba sobre su esposo, por presuntamente distribuir cocaína con la intención de proporcionar recursos a organizaciones terroristas.

La acusación formal no identifica por nombre a las presuntas víctimas de tortura, pero describe a tres de ellas como ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos fue golpeado con puños, sometido a descargas eléctricas y obligado a comer su propio vómito durante ocho meses de encarcelamiento, según el expediente. Otro fue golpeado tan brutalmente que necesitó una larga estancia hospitalaria y le metieron un arma en la boca, mientras que un tercero fue esposado, encapuchado y golpeado durante dos días cada media hora, con el resultado de una lesión ocular permanente.

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Uno de esos casos, identificado como “víctima 7”, recoge que la persona fue torturada tras ser “acusado falsamente de participar en una conspiración para asesinar a Maduro”. Los hechos descritos en los tres casos se remontan a 2022 y se extienden hasta enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses arrestaron a Maduro en el palacio presidencial de Caracas.

Entre quienes demandaron a Maduro por estos hechos está Matthew Heath, un ex cabo de la Infantería de Marina de Tennessee arrestado en un retén en Venezuela en 2020, donde permaneció detenido más de dos años. En mayo, Heath y otro ex prisionero obtuvieron una sentencia de 300 millones de dólares contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por supervisar un patrón de tortura, en una demanda presentada bajo una ley federal antiterrorista que incluyó acusaciones de submarino, electrocución, amenazas de violación con un palo y el uso repetido de una celda estrecha apodada “El Tigrito”.

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“Es increíble ver a un dictador en un tribunal”, dijo Heath el jueves al enterarse de los nuevos cargos. “El procesamiento de Maduro hará más para prevenir el secuestro de estadounidenses por regímenes rebeldes que cien comunicados de prensa de las Naciones Unidas”.

La rueda de prensa de McDonald tuvo lugar después de que el juez rechazara la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores, en medio de un pequeño grupo de manifestantes congregados frente al edificio judicial que corearon consignas como “Cilia aguanta, el pueblo se levanta” para exigir su excarcelación.

Los abogados de Flores, de 69 años, argumentaron que padece problemas médicos que no pueden tratarse eficazmente en la cárcel. Según su defensa, ha perdido 11 kilogramos (25 libras) mientras estaba encarcelada en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, pudo haber sufrido un infarto menor en julio, sufre “mareos persistentes, vértigo y falta de aire” y podría necesitar una cirugía cardíaca. Sus abogados propusieron trasladarla a una residencia en el área de la ciudad de Nueva York con seguridad privada las 24 horas.

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El juez Alvin Hellerstein denegó la solicitud al señalar que Flores no está dispuesta a someterse a un cateterismo en la cárcel para determinar la causa de sus problemas cardíacos, y rechazó además que su presión arterial alta fuera potencialmente mortal, dado que ya recibe medicación para esa condición. El magistrado observó también que Flores, quien vestía una camiseta oscura de prisión y auriculares para escuchar la traducción simultánea al español del proceso, parecía gozar de buena salud. “Para lo que valga, su aspecto hoy no es peor, y quizás sea un poco mejor, que cuando me reuní con ella por primera vez en su comparecencia ante el juez”, afirmó Hellerstein, en referencia a su primera comparecencia el 5 de enero.

Su abogado, Mark Donnelly, respondió que “todavía tenía vendajes de la invasión militar” en esa primera audiencia. Los fiscales se opusieron a la solicitud de libertad bajo fianza al calificar a Flores como un “riesgo extremo de fuga” y advertir sobre un posible peligro para el público, incluida la intimidación de testigos. El rechazo de Hellerstein no afectará al juicio de Flores ni a su posible condena.