JEP pidió investigar a exalcalde de Medellín por crímenes de la fuerza pública durante la Operación Orión y las desapariciones en La Escombrera

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar al exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez (2001-2004) por su posible vinculación con actuaciones institucionales relacionadas con las operaciones militares desarrolladas en la Comuna 13 durante su administración.

La determinación quedó consignada en una decisión de 1.337 páginas, mediante la cual también fueron imputados los generales retirados Mario Montoya y Leonardo Gallego, junto con otros diez integrantes de la fuerza pública.

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La compulsa de copias comprende hechos relacionados con las operaciones Mariscal y Orión, así como con el hallazgo de fosas comunes en el corregimiento de San Cristóbal en 2003. Para los magistrados, existen elementos que ponen en duda las declaraciones del exmandatario, quien sostuvo ante la jurisdicción que desconocía los detalles de los procedimientos militares o que había recibido información cuando estos ya estaban en marcha.

Uno de los episodios examinados por la JEP ocurrió el 21 de mayo de 2002, durante la Operación Mariscal, desarrollada en la Comuna 13 por integrantes de la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con apoyo de grupos paramilitares.

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De acuerdo con la información recopilada por la jurisdicción, el procedimiento fue presentado como una acción para capturar milicianos, pero terminó con nueve personas muertas, 33 heridas y 37 capturadas que no correspondían a los individuos que supuestamente buscaban las autoridades.

La JEP cuestionó que, pese a los reportes sobre disparos indiscriminados contra viviendas y calles, no hubiera una reacción del entonces alcalde para detener el accionar de los uniformados. El magistrado Gustavo Salazar, correlator del caso, explicó el interrogante que motivó el cuestionamiento: “La pregunta que le hicimos al señor alcalde es por qué no hizo nada para frenar el accionar de la tropa cuando el número de civiles era enorme. Muchos de los civiles que entran heridos eran menores de edad y había personas con discapacidad”.

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La Sala también examinó las declaraciones públicas de Pérez después de la operación. Al día siguiente de los hechos, su administración difundió un comunicado en el que calificó de “extraña e incomprensible” la actitud de las organizaciones sociales que denunciaban vulneraciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública.

En otro pronunciamiento, el mandatario pidió “una acción contundente para salirle al paso a esos informes mentirosos y amañados”, en referencia a los cuestionamientos de las organizaciones sobre el control territorial ejercido por estructuras paramilitares en la zona.

Para la JEP, esas manifestaciones fueron “ofensivas y estigmatizantes” y constituyen elementos que demostrarían que Pérez tenía “un conocimiento puntual” de lo ocurrido, en contraste con lo que posteriormente manifestó ante los magistrados.

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La jurisdicción también examinó su participación en la Operación Orión, desarrollada entre el 16 y el 23 de octubre de 2002. Durante ese procedimiento, que contó con apoyo del Bloque Cacique Nutibara, se registraron homicidios, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos.

Aunque Pérez aseguró que recibió información cuando el operativo ya había comenzado, otros testimonios señalaron que conocía su planeación. El compareciente Juan Armando Cadena afirmó que el entonces alcalde y el secretario de Seguridad habían participado en esa etapa.

El general retirado Leonardo Gallego también manifestó que el mandatario había solicitado intervenciones en la Comuna 13: “Sí señor magistrado, que yo recuerde, el señor alcalde tuvo conocimiento. Él mismo requirió intervención allá en la comuna. En una ocasión recuerdo que el señor alcalde, con un grupo que lo acompañaba, intentó ingresar a alguna actividad especial propia de sus funciones en la Comuna 13 y sufrió un ataque violento con armas de fuego, y él estuvo bastante contrariado por haberle sucedido ese ataque. Pero también eso influyó en el requerimiento de él por su parte a las autoridades, no solo al Ejército, a la Policía, también a los otros organismos de seguridad de hacer intervenciones allá”.

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Otro de los elementos que sustentan la solicitud de investigación está relacionado con el hallazgo de diez fosas comunes en la vereda Bellavista, en el corregimiento de San Cristóbal, el 31 de julio de 2003.

El 6 de agosto de ese año, Pérez ordenó divulgar un comunicado de prensa en el que se plantearon hipótesis sobre la identidad de las víctimas. El documento señalaba que podían ser narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares o integrantes de organizaciones ilegales “muertos en los enfrentamientos con la fuerza pública y enterrados allí por sus compañeros”.

Sin embargo, la JEP estableció tras una exhumación que seis de los siete cuerpos identificados correspondían a habitantes de la Comuna 13 desaparecidos por paramilitares después de la Operación Orión. Según la investigación, algunas de estas personas fueron sacadas de sus viviendas, de un lavadero de carros y de un billar.

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En total, fueron recuperados 13 cuerpos: siete identificados, dos que permanecen en proceso de identificación y cuatro cuya ubicación se desconoce. Estos últimos habían sido inhumados entre enero y junio de 2004 en el Jardín Cementerio Universal, que para entonces estaba bajo administración de la Alcaldía de Medellín.

La Sala señaló que la custodia de esos restos correspondía a la Fiscalía y a la administración municipal. Su desaparición mantiene vigente la afectación sobre las familias que buscan a sus seres queridos. Frente a las declaraciones del entonces alcalde sobre las fosas, la JEP consideró que sus palabras “denotan una inaceptable intención de negar los hechos atroces que venía denunciando parte de la sociedad civil”.

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La decisión también examinó el funcionamiento de Metroseguridad, entidad que durante la administración de Pérez fue convertida en empresa industrial y comercial del Estado. En 2002 recibió una asignación de $10.455 millones y su junta directiva estaba presidida por el alcalde o por un secretario designado por él.

A través de esta entidad se administró el Convenio Interadministrativo 015, suscrito el 2 de abril de 2002 con la Gobernación de Antioquia, que destinó $200 millones del Fondo de Seguridad departamental al pago de recompensas solicitadas por organismos policiales y militares.

Entre mayo y noviembre de ese año se desembolsaron $187,8 millones. De esa suma, $87 millones correspondieron a informantes vinculados con operaciones en las comunas 7 y 13, además de San Cristóbal.

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Uno de los desembolsos llamó especialmente la atención de los magistrados: $3 millones entregados a Euries Arturo Roldán Peláez, identificado por la JEP como un paramilitar activo al servicio del Bloque Cacique Nutibara. El dinero fue solicitado por la Regional de Inteligencia Militar No. 6 para la Operación Justicia y quedó registrado en la orden de pago 0687 del 2 de octubre de 2002.

Ante los cuestionamientos, Pérez negó conocer los movimientos de recursos hacia el Ejército y la Policía. Sobre los pagos a informantes manifestó: “No, yo no fui informado. Y creo que cuando van a ejecutar un contrato, el director no tiene que informar a nadie”.

El magistrado Gustavo Salazar sostuvo que las declaraciones del exmandatario fueron contrastadas con testimonios y registros de reuniones que indicarían que sí recibía información sobre las operaciones: “El entonces alcalde estaba plenamente informado de lo que estaba sucediendo. Él manifestó que no conocía detalles de las operaciones o que era informado a posteriori. Nosotros encontramos que eso se pone en duda porque hubo reuniones y varios comparecientes dijeron que él había sido informado”.