Europa se enciende en medio de protestas por el costo de la vida

El otoño estuvo marcado por la vuelta a clases y a las calles en Europa: distintos movimientos, con distintos motivos y métodos, cobraron fuerza en el Viejo Continente. El factor que los une a todos es la alta presencia de jóvenes, pero las demandas son variadas.
La efervescencia se ha hecho presente desde la ciudad española de Algeciras a Atenas. En Francia e Italia, los estudiantes han protagonizado marchas multitudinarias en demanda de mejores condiciones educativas, manifestaciones que, no obstante, se vieron empañadas por disturbios y saqueos. Jóvenes españoles y portugueses han instalado carpas en las capitales de sus respectivos países para protestar contra los elevados precios de los arriendos.
En Grecia las protestas exigieron un mayor financiamiento universitario, mientras que en Albania, los jóvenes se enfrentaron a la policía tras sumarse a amplias movilizaciones contra la corrupción, dirigidas contra un gobierno al que acusan de obstaculizar sus perspectivas de futuro.
Las protestas apuntan a lo que parecen ser respuestas diversas ante una crisis común: la creciente percepción, especialmente entre las generaciones más jóvenes, de que los gobiernos son incapaces de dar respuesta a cuestiones como el acceso a una vivienda asequible, la igualdad social y unos servicios públicos sólidos.

Aunque sus reivindicaciones varían según el contexto y el gobierno de turno, todas comparten un denominador común: el temor por su propio futuro. Este malestar afecta a ciudadanos de todas las edades, pero son los jóvenes quienes se enfrentan al panorama a largo plazo más sombrío.
Los servicios públicos y las prestaciones sociales que han definido la sociedad europea durante décadas resultan cada vez menos sostenibles, en medio de lo que algunos señalan como “crisis del Estado de bienestar”. Los gobiernos tienen dificultades para financiar las pensiones de los mayores, la educación de los jóvenes, así como la vivienda, el transporte y la atención sanitaria que requiere toda la población.
A esto se suma la presión adicional sobre los presupuestos que supone el aumento del gasto militar, en un contexto en el que Estados Unidos está reduciendo su compromiso en materia de defensa con la UE.

En Francia, un movimiento de estudiantes de secundaria prendió la llama, pero elementos de toda la sociedad respondieron propagándola. El sábado 17 de octubre, las protestas terminaron con un balance de medio millón de manifestantes en todo el país, y 110 mil en París.
Tras los actos de violencia, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó de más de 2.000 detenciones y de más de 600 policías, gendarmes y bomberos heridos. Según el presidente de la Federación de Comercio y Distribución, 1.500 establecimientos comerciales se vieron afectados, saqueados y vandalizados. El ayuntamiento de Limoges quedó gravemente destruido a causa de un incendio, mientras que las sedes municipales de Marsella y Lille fueron invadidas y vandalizadas.
Las reivindicaciones de los manifestantes variaron según el grupo al que pertenecían: iban desde el costo de la vida, el aumento de los salarios y las pensiones, la reducción del precio del combustible y la protección de los servicios públicos, hasta las condiciones en los institutos, la sobrecarga de horarios y la falta de profesorado.
Esto, porque de cierto modo, “dos movimientos” se encontraron: por un lado, los secundarios que llevan semanas manifestándose, y por el otro, los “chalecos amarillos”, o al menos, una parte importante de ellos, que convocó a la protesta con el dominio de internet 17octobregiletjaune.net.
Al respecto, el experto franco-británico Charles Devellennes, autor de los libros The Macron régime: The ideology of the New Right in France (El régimen de Macron: La ideología de la Nueva Derecha en Francia, de 2024) y The Gilets Jaunes and the New Social Contract (Los “chalecos amarillos” y el nuevo contrato social, de 2022), explicó a La Tercera: “Creo que es importante tener en cuenta que el movimiento de los ‘chalecos amarillos’ y las protestas de los estudiantes de secundaria tienen, en realidad, bastante en común: ambos están estrechamente relacionados con el aumento del costo de vida. En gran medida, esto se vincula con la inflación. Un punto que comparten es que, si bien el presupuesto del sistema educativo nacional ha aumentado, lo ha hecho a un ritmo más lento que la inflación, por lo tanto, en términos reales, esto significa que la educación cuenta con menos recursos”.
Para el académico de la Universidad de Kent, esta inflación se acentúa sobre todo a partir de 2022, con la invasión rusa en Ucrania y con las sanciones a la energía rusa, que terminaron provocando consecuencias drásticas en el mercado energético europeo.
Ahora bien, Devellennes describe una diferencia esencial entre ambos movimientos: “Los ‘chalecos amarillos’ son más apartidistas, por no decir antipolíticos. Por tanto, no les gustaba que se les asociara con partidos políticos concretos. En cambio, el movimiento estudiantil se ha sentido mucho más cómodo vinculándose con el partido de izquierda La Francia Insumisa”. Incluso retomando las protestas de 2018 y 2019, muchos de los “chalecos amarillos” de entonces votaban en ese entonces por la candidata de extrema derecha Marine Le Pen.

En medio de exigencias de mayor inversión social por parte de los estudiantes de secundaria, y con unos “chalecos amarillos” históricamente más dispuestos a pedir rebajas de impuestos que aumentos a sus sueldos, la pelota está en el lado del Estado francés.
Pero de momento, el continente entero tiene problemas, y la deuda pública de la UE está llegando a cifras récord: un 82,9% del PIB de los Veintisiete. Y Francia está en el grupo de los que levantan el promedio: un déficit del 5,4% del PIB en 2026, y una deuda pública del 119% del PIB.
Al respecto, y mirando a las protestas, el diario The New York Times no dudó en anunciar “la crisis del Estado de bienestar”. Mujtaba Rahman, director gerente para Europa en Eurasia Group, señaló en el periódico que Francia atraviesa una crisis de democracia liberal, una crisis de mala gestión fiscal y una crisis de desafección entre los jóvenes. “Pero la crisis fiscal es la más peligrosa: subyace a muchos de los problemas del país y amenaza con llevarlo a la ruina. Francia, en realidad, se encuentra al borde del abismo”, advierte.
Algo que ya se veía en Reino Unido con el Servicio Nacional de Salud (NHS) está pasando en Francia: servicios clave como la salud y las pensiones están empeorando, y desde la política ya se han hecho intentos de “repensar el modelo”, lo que incluyó, por ejemplo, la modesta reforma a las pensiones en 2023 de Macron, la cual incrementó gradualmente la edad oficial de jubilación de los 62 a los 64 años.
“Así pues, todo esto ha generado una sensación de crisis en los Estados de bienestar. Al mismo tiempo, los impuestos no han disminuido, de hecho, en Francia son relativamente elevados. Existe, por tanto, el sentimiento al menos entre los ‘chalecos amarillos’ pero también en gran parte de la población general de que no están recibiendo una contraprestación real por su dinero: los impuestos son altos y, sin embargo, los servicios públicos se deterioran y el Estado de bienestar retrocede”, explica Chevellennes.
Respecto a la deuda, el académico tiene reparos. “Existe la percepción general de que el Estado de bienestar atraviesa una crisis, situación que, naturalmente, se ve agravada por la crisis de deuda. Si bien considero que gran parte de los medios de comunicación siguen exagerando la magnitud de esta crisis de deuda, lo cierto es que el costo anual del servicio de la deuda no deja de aumentar. Esto ejerce una presión creciente sobre el gobierno y el presupuesto, obligando a gestionar las cuentas públicas con cada vez menos recursos o, alternativamente, a aplicar una carga fiscal cada vez mayor”, concluye.
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