MinJusticia asegura que delincuencia cayó 63 % en Barranquilla tras traslados de presos y advierte que amenazas no frenarán la estrategia de seguridad
Iván Cancino atribuyó la cifra a la estrategia penitenciaria y aseguró que el Gobierno mantendrá los operativos pese a las intimidaciones y atentados.
MinJusticia Iván Cancino defendió los traslados de presos y la estrategia en Barranquilla hoy mismo. Foto: alcaldía de barranquilla

SUBEDITORAActualizado:
El Gobierno Nacional defendió este viernes la estrategia de traslado de personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad y aseguró que las primeras mediciones en Barranquilla muestran una reducción de la delincuencia de hasta 63 por ciento.
La cifra fue entregada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien relacionó esa disminución con las medidas adoptadas para impedir que estructuras criminales continúen utilizando las cárceles como centros de coordinación de delitos en las calles.
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“En la ciudad de Barranquilla se ha demostrado que ha bajado la delincuencia hasta el 63 % después de esa estrategia que se planteó”, aseguró Cancino en un mensaje publicado en su cuenta de X.
El funcionario no detalló en esa publicación qué indicadores de criminalidad fueron utilizados, cuál fue el periodo exacto de comparación ni si el porcentaje corresponde a toda la ciudad o a determinados delitos. Por eso, la cifra debe entenderse como una afirmación oficial del Ministerio de Justicia y no como un balance estadístico independiente.
Los traslados comenzaron a finales de agosto
El Gobierno realizó traslados de internos desde las cárceles de Barranquilla hacia más ciudades. Foto:Archivo particular
La estrategia de intervención en Barranquilla tomó fuerza el 25 de agosto de 2026, cuando, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, fueron trasladadas 20 personas privadas de la libertad desde establecimientos de la ciudad hacia cárceles de Bogotá.
De acuerdo con la Presidencia, diez de los internos estaban recluidos en estaciones de Policía y otros diez permanecían en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. Entre los trasladados había personas señaladas de pertenecer a estructuras como Los Pepes y Los Costeños.
El argumento del Gobierno para ejecutar esos movimientos fue evitar que los privados de la libertad siguieran coordinando actividades criminales desde los centros de reclusión.
La operación no terminó con ese primer traslado. El 3 de septiembre, el INPEC adelantó un nuevo procedimiento en la Penitenciaría El Bosque, del que al menos 17 internos fueron remitidos a diferentes establecimientos penitenciarios del país. Las autoridades señalaron que estas acciones buscaban dificultar la coordinación de actividades ilícitas y extorsivas desde las cárceles.
Cancino relaciona los resultados con el aislamiento criminal
Cancino aseguró que las amenazas no modificarán las medidas adoptadas por el Gobierno. Foto:Fiscalía
Para el ministro, uno de los puntos centrales de la estrategia es romper las comunicaciones entre los internos y las estructuras que operan en las calles.
En una entrevista publicada recientemente, Cancino explicó que, en el caso de Barranquilla, después de los traslados se habría cerrado la comunicación entre personas recluidas y sus “fichas o alfiles” en el exterior, y afirmó que la criminalidad bajó 63 por ciento durante los primeros días.
La estrategia, según el Gobierno, no se limita a cambiar de cárcel a determinados internos. La apuesta es impedir que desde los establecimientos penitenciarios se impartan órdenes relacionadas con extorsiones, homicidios, amenazas u otras actividades criminales.
El Ministerio de Justicia también ha planteado el uso de herramientas tecnológicas y controles adicionales para dificultar las comunicaciones ilegales desde las cárceles.
El ministro admite aumento de amenazas y atentados
El Ministerio de Justicia atribuyó a traslados parte de la reducción reportada en Barranquilla. Foto:Minjusticia.
Mientras defiende los resultados de la estrategia, Cancino reconoció que las autoridades también han enfrentado un incremento de amenazas y atentados contra funcionarios vinculados con los operativos penitenciarios.
Para el ministro, esas intimidaciones no son motivo para reversar las medidas. Incluso sostuvo que el aumento de las amenazas constituye, desde su perspectiva, una señal de la presión que estarían generando los traslados sobre las estructuras criminales.
“Se han incrementado las amenazas y los atentados”, manifestó el jefe de la cartera de Justicia, antes de reiterar su respaldo a los funcionarios del INPEC y a quienes participan en los procedimientos.
Cancino aseguró que el Gobierno actuará contra quienes amenacen o atenten contra funcionarios del INPEC, el Ministerio de Justicia o la Presidencia de la República.
“No vamos a tolerar amenazas”
La estrategia busca impedir que estructuras criminales coordinen delitos desde cárceles del país. Foto:alcaldía de barranquilla
El ministro endureció su mensaje frente a las intimidaciones y aseguró que estas no modificarán la política penitenciaria.
“No vamos a tolerar amenazas o atentados contra ninguna de las personas que están involucradas en cumplir la ley y la Constitución”, afirmó.
También advirtió que las autoridades perseguirán a quienes intenten intimidar a los funcionarios encargados de ejecutar las decisiones del Gobierno.
“Si creen que nos van a espantar con amenazas, con panfletos, con cilindros bomba, están absolutamente equivocados”, sostuvo Cancino.
El pronunciamiento se produce en un momento en que el Gobierno ha intensificado las operaciones contra personas privadas de la libertad señaladas de mantener vínculos con organizaciones criminales desde los establecimientos penitenciarios.
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La estrategia busca extenderse a otras ciudades
Cancino presentó el caso de Barranquilla como uno de los primeros ejemplos que, según el Gobierno, mostrarían resultados de la estrategia de traslados.
La experiencia también se está planteando como referencia para otras ciudades donde las autoridades consideran que las organizaciones criminales mantienen capacidad de coordinación desde las cárceles.
En ese sentido, el Ministerio de Justicia sostiene que el traslado de internos de alta peligrosidad forma parte de una política más amplia de control penitenciario, cuyo objetivo es recuperar la capacidad del Estado para impedir que las cárceles sean utilizadas como plataformas para ordenar delitos.
El Gobierno deberá ahora sustentar con indicadores verificables los resultados que atribuye a estas medidas y determinar si la reducción anunciada en Barranquilla se mantiene en el tiempo.
Por ahora, la postura de Cancino es que los operativos continuarán pese a las amenazas. “Vamos por el buen camino”, afirmó el ministro, quien sostuvo que quienes deben preocuparse por la aplicación de la ley son los responsables de actividades criminales.
El dato del 63 por ciento de reducción de la delincuencia en Barranquilla, por tanto, queda como uno de los principales argumentos del Gobierno para defender los traslados penitenciarios, mientras las autoridades avanzan en nuevos operativos y en la evaluación de sus resultados.
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