La Ley de Bienestar Animal prohíbe a todos los propietarios de perros y gatos utilizarlos de forma ambulante como reclamo

En España cada vez hay más conciencia social de que hay que proteger a los animales, sobre todo a los que conviven con las personas. Son seres que sienten, y sus derechos están reconocidos tanto en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como en el Código Civil.

En este contexto, en 2023 se aprobó en España la Ley de Bienestar Animal. Tal cual cita la normativa, "el principal objetivo no es tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se les ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad".

Por tanto, no regula a los animales como un elemento más dentro de nuestra actividad económica a los que se deban unas condiciones por su capacidad de sentir, sino que regula nuestro comportamiento hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro entorno de convivencia.

Por lo tanto, entre otras cosas y para evitar que se pase por encima de los derechos de los animales, queda totalmente prohibido emplear un animal en la vía pública como una herramienta visual o emocional para captar la atención de la gente y obtener un beneficio económico, comercial o publicitario. Lo dice el artículo 25 de la Ley de Bienestar Animal, que veta utilizarlos de forma ambulante como reclamo. Eso sí, con una aclaración importante: la norma no cuestiona el derecho de las personas sin hogar a ir acompañadas de sus animales de compañía.

La ley también deja fuera a los animales de espectáculos, actividades artísticas, turísticas o publicitarias cuando les causen angustia, dolor o sufrimiento. Hay dos casos que quedan prohibidos directamente, sin necesidad de demostrar sufrimiento: usarlos en atracciones mecánicas o carruseles de feria, y emplear fauna silvestre en circos.

Las multas por incumplir la Ley de Bienestar Animal van de 500 a 200.000 euros, según lo grave que sea la infracción. Cuánto te toca pagar, el importe no solo depende de la gravedad de la infracción sino también de dónde vivas, porque quienes sancionan son las comunidades autónomas y los ayuntamientos.