Tomás Jordán: “A mi parecer el ministro sí tiene la facultad de interpretar y eventualmente rebajar las condenas”

Es uno de los abogados a los que la oposición acudió para conocer su opinión sobre la Acusación Constitucional (AC) que buscan presentar en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de pena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada, el constitucionalista Tomás Jordán expuso su mirada y los factores que hay que ponderar una vez que ingrese el libelo.

¿Lo contactaron desde la oposición para trabajar en esta AC? ¿Le han pedido consejo?

En dos oportunidades. Hace unas dos semanas me pidieron la opinión general sobre el tema, porque recién estaba empezando, y hace unos días me pidieron también una opinión general y la di en general, en una conversación que se dio a partir de los antecedentes públicos a la vista. Pero no he participado en ninguna reunión, no he tenido nunca un antecedente, por decirlo de alguna manera, sobre qué se está pensando, más allá de lo que la prensa señala.

¿Hay algún argumento que permita acusar constitucionalmente al ministro? ¿Qué le parece que se haya demorado la presentación de la AC?

Parto por lo último, porque creo que los tiempos son importantes en las acusaciones. Por lo que sabemos, lo que ha pedido la oposición es cada uno de los 56 decretos en que se concedieron rebajas de condena. Y eso me parece que fija el punto de por qué la acusación no se ha presentado. Porque si tú vas a acusar que el ministro cometió una infracción ilegal en la rebaja de condena, tienes que señalar qué caso y de qué manera se produjo esta rebaja (...). Los tiempos de la acusación son aquellos que le permiten al que la quiere presentar recopilar los antecedentes, hacer el análisis jurídico y, por tanto, inicialmente no veo mayor tema en la supuesta demora de la presentación.

¿Va por ahí lo que les comentó o les ofreció algo más?

Esto fue muy al inicio el contacto, dos semanas atrás, en que la conversación o la disputa política y jurídica estaba en torno a si el ministro tenía la facultad para rebajar condena en ejecución de la ley, en interpretación de la ley. Al menos a mi parecer, el ministro sí tiene la facultad de interpretar y eventualmente rebajar las condenas. Yo soy de esa línea. (...). Me parecía y me parece que el ministro tiene esa opción de tomar una interpretación de la norma y cambiar de criterio, si lo estima así. Diferentes son las obligaciones legales que en cada caso se le imponen de fundar su cambio de criterio, indicar las razones que lo llevan a la rebaja de condena.

Hay algunas luces sobre posibles tres capítulos. Uno por infracciones legales, constitucionales y de tratados internacionales por la rebaja de pena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. El segundo por la rebaja de condenas a violadores de DD.HH. y el tercero por una falta a la probidad, porque habría ‘mentido’ en la sesión especial de la Cámara. ¿El último le hace sentido?

No tengo tan claro, soy sincero, cuál es la configuración de la infracción a la probidad en atención a un caso particular (...). Si me preguntan directamente no veo una infracción ahí, más allá de un error circunstancial.

¿Y en los otros dos casos?

Es ahí donde se vuelve compleja la situación, se mezclan las cosas. Porque una situación es la rebaja de la condena y otras son las obligaciones que tiene el Ministerio de Justicia en materia de otras legislaciones y tratados (...). El ministro, o las autoridades, se rigen por el principio de juridicidad, tienen que aplicar a un caso las distintas normativas que lo obligan a ello, no solamente la normativa (...). Lo que habría que mirar en este caso es si el ministro en los casos de rebaja tuvo a la vista distintas normas para efectos de. (...) Cuando acojo la rebaja, también tengo que demostrar y fundar que no estoy vulnerando otras normas que tengan que ver con eso. Me parece que en el capítulo 1 y 2 eso es lo que vamos a tener que examinar: si era aplicable únicamente la ley de rebaja, por lo tanto, si se acogía o no estaba de acuerdo a derecho, o había otra normativa aplicable al ministro (...).

No quiero malinterpretarlo pero lo veo con poco convencimiento de la factibilidad jurídica de una AC

Veo que estoy a la expectativa de que la acusación sea fundada o no sea fundada, porque no hemos visto la acusación. Si me pregunta si el ministro tenía la facultad de interpretar la norma o de rebajarla, la tenía. Si el ministro solo tenía que considerar esa norma y no las obligaciones que impone al Estado respecto de otras normas de garantía, no. Yo creo que también las tenía que considerar. La pregunta es si el ministro tuvo a la vista en cada rebaja el cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile en materia de niños y niñas adolescentes. Si las tuvo a la vista, la acusación va a ser infundada. Si no las tuvo a la vista, va a ser fundada.

Se supo que el ministro firmó un nuevo decreto. ¿Lo considera algo polémico?

Creo que tenemos que distinguir lo jurídico de lo político. Creo que el ministro ha mostrado poco tacto político y bastantes contradicciones en su proceder. Hace unas semanas dijo que iba a suspender los decretos (...). Por lo tanto, si sigue rebajando condena hay una contradicción en su proceder y eso puede ser, a lo mejor, atribuido a su falta de experiencia política. Distinto es si él puede o no rebajar la condena en atención a ejecución de ley. Jurídicamente soy de aquellos que creen que él tiene esa facultad.

¿Cómo ve la situación general?

Veo que lo político se comió a lo jurídico. Que la disputa política, el cambio de gabinete, es lo que se comió a la discusión jurídica propiamente tal (...). Lo político es lo que terminó predominando y esta tensión entre el ministro, el presidente que se involucró, y la oposición, en la cual se entregan o no se entregan los decretos, se enturbió la discusión, pero la política funciona de esa manera.