Hasta $4 millones mensuales por dejarlos trabajar: el cobro extorsivo que está llevando al cierre a comerciantes de Barranquilla y Soledad

Cuatro tiendas cerraron en los últimos 15 días, mientras tenderos y vendedores informales callan por miedo y pagan cuotas para evitar represalias.

Bajar la estera, asegurarla con candados y marcharse del barrio. Esa fue la decisión que tomaron los propietarios de cuatro tiendas de Barranquilla y Soledad durante los últimos 15 días, después de recibir amenazas y exigencias económicas de grupos criminales.

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Los comerciantes dejaron atrás negocios construidos durante años y, en algunos casos, las viviendas donde permanecían con sus familias. El temor a que las amenazas se convirtieran en ataques los obligó a abandonar los sectores en los que habían levantado su patrimonio y establecido relaciones con varias generaciones de vecinos.

El primer golpe lo recibe el tendero, al que todavía llaman 'el cachaco' en algunos barrios del Caribe. Pero el efecto se extiende a sus clientes, que pierden el lugar donde compran desde la merienda de los niños hasta media libra de arroz, una porción de carne, pollo, un tomate, una cebolla, o el aceite y el desinfectante  vendido por pequeñas cantidades.

En estos negocios todavía funciona el crédito de palabra. El tendero anota la cuenta en una libreta, conoce cuándo pagan sus clientes y sabe quién necesita llevar alimentos para responder después. Al desaparecer la tienda, también se rompe esa red económica que ayuda a numerosas familias a resolver los gastos cotidianos.

La esquina donde se conoce la vida del barrio

La tienda tampoco es únicamente un establecimiento comercial. En numerosos sectores populares funciona como punto de referencia, lugar de conversación y espacio donde los vecinos se enteran de lo que ocurre a pocas cuadras de sus casas.

“Aquí se mueve el chisme y el cuento. El tema es que todos estamos informados de lo que le pasa al vecino”, relata Edwin, pintor de automóviles y residente del barrio Los Andes, en el suroccidente de Barranquilla.

Por eso, cuando una tienda cierra, la cuadra cambia. Se apagan las luces de la esquina, desaparecen las conversaciones frente al mostrador y los vecinos deben desplazarse a otros sectores para conseguir productos básicos.

Detrás de cada estera cerrada quedan familias desplazadas por el miedo, trabajadores sin empleo, proveedores que pierden clientes y comunidades que ven desaparecer uno de sus principales espacios de encuentro.

'Esa gente tiene ojos en todas partes'

Las autoridades registran 536 denuncias por extorsión en Barranquilla y su área metropolitana. La cifra representa una reducción del 7 % frente al mismo periodo de 2025, pero los comerciantes advierten que los datos oficiales no alcanzan a reflejar lo que ocurre en los barrios y zonas comerciales.

“La gente no denuncia por miedo, porque si lo hace se mete en tremendo lío. Entonces es mejor callar y pagar, no hay de otra. En los barrios estamos muy solos y esa gente tiene ojos en todas partes”, dijo a EL TIEMPO el administrador de un negocio del Centro de Barranquilla, quien pidió mantener su nombre bajo reserva por razones de seguridad.

El comerciante lleva más de 30 años trabajando en esta zona de la ciudad. Durante ese tiempo ha visto cómo el cobro extorsivo se extendió desde los negocios establecidos hasta las actividades más pequeñas de la economía informal.

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De acuerdo con su relato, ni siquiera los vendedores ambulantes de tinto y agua están a salvo de estas exigencias. “Para que esta gente se pueda mover con tranquilidad debe pagar, así sean $5.000 al día”, sostuvo.

Ese pago aparentemente pequeño puede representar $150.000 al mes para una persona que obtiene sus ingresos vendiendo café o botellas de agua en la calle. La suma sale directamente del dinero destinado a sostener el hogar o comprar los productos de la jornada siguiente.

Comerciantes pagan para que los dejen trabajar

Alejandro Duarte, integrante de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), sostiene que durante el último año cerraron por lo menos 300 establecimientos en Barranquilla y varios municipios vecinos como consecuencia de las presiones extorsivas.

“Mientras las cabezas estén en la calle, el problema sigue vivo”, afirma Duarte. El dirigente reconoce los operativos realizados por la Policía Metropolitana y el acompañamiento de la Alcaldía, aunque considera que la extorsión continúa desbordada en los barrios.

Según su testimonio, algunos tenderos entregan cuotas semanales de $100.000 para evitar represalias. Otros propietarios, dependiendo del tamaño del negocio y de las exigencias de la estructura que los amenaza, deben pagar entre $3 millones y $4 millones mensuales.

“Ellos prefieren pagar para que los dejen trabajar y no les hagan daño”, explica Duarte. La decisión de guardar silencio no significa que el comerciante pueda continuar normalmente: una parte de sus ingresos termina en manos de las bandas y, cuando ya no logra reunir el dinero, la salida suele ser cerrar.

'La extorsión es el pan nuestro de cada día'

Las tiendas sobreviven con ventas pequeñas y márgenes reducidos. En esa economía, una cuota semanal impuesta por los delincuentes puede consumir buena parte de la utilidad y poner al propietario ante la disyuntiva de endeudarse, abandonar el negocio o exponerse a un ataque.

Orlando Jiménez, vicepresidente de Undeco, asegura que algunos comerciantes solicitan préstamos bancarios para cumplir con las exigencias de los grupos criminales. La deuda formal termina financiando el pago ilegal.

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“La extorsión es el pan nuestro de cada día”, sostiene Jiménez. De acuerdo con sus estimaciones, entre el 70 % y el 80 % de los afectados no denuncia por miedo a que los delincuentes cumplan las amenazas contra ellos, sus trabajadores o sus familias.

Ese silencio explica la distancia entre las estadísticas oficiales y los reportes que recoge el gremio. Denunciar puede activar la respuesta de las autoridades, pero para el tendero también supone un riesgo cuando los responsables conocen sus horarios, su vivienda y los movimientos de sus hijos.

Negocios con décadas de historia han cerrado

Lo ocurrido recientemente en el barrio Lucero muestra el alcance de la situación. Allí cerraron dos tiendas que llevaban más de 30 años atendiendo a la comunidad, después de que sus propietarios fueran víctimas de presuntas presiones extorsivas.

En septiembre también cerró un establecimiento del barrio El Silencio, en el suroccidente de Barranquilla. Meses antes, en abril, dejó de funcionar la última tienda que permanecía abierta en Villa Blanca, luego de que sus dueños fueran acosados por tres bandas diferentes.

Villa Blanca pasó de tener más de cinco tiendas a quedarse casi sin estos negocios en apenas dos años. Los comerciantes que continúan trabajando lo hacen entre llamadas intimidatorias, mensajes enviados por WhatsApp, panfletos y visitas de hombres que se presentan como emisarios de organizaciones criminales.

Situaciones similares se han registrado en sectores del suroriente de Barranquilla y en Soledad, donde algunos propietarios han optado por cerrar de manera preventiva. Entre las organizaciones señaladas por estas presiones aparecen Los Costeños, Los Pepes y La Nueva Generación, conocida también como ‘Los del Freseo’.

Undeco denunció en abril que más de 500 establecimientos habían cerrado durante los últimos siete años en Barranquilla y su área metropolitana por causa de la extorsión. El 23 de septiembre, el gremio reportó al menos 40 tiendas cerradas en la ciudad y municipios vecinos.

Más de 300 capturados, pero persiste el miedo

En lo corrido de 2026, el Gaula de la Policía reportó la captura de 330 personas por extorsión y delitos relacionados en Barranquilla y su área metropolitana. De ese grupo, 323 recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

La institución calcula que los operativos impidieron el pago de más de $3.000 millones a las estructuras criminales. Las autoridades también mantienen campañas para promover la denuncia y evitar que los comerciantes entreguen dinero a los delincuentes.

Las cifras generales de seguridad muestran una reducción en varios delitos. Septiembre cerró con 23 homicidios y se convirtió en el mes con menos casos de 2026, según el reporte del observatorio local de criminalidad.

Frente a 2025, las autoridades informaron disminuciones del 5 % en delitos sexuales, 7 % en hurto a personas, 23 % en hurto al comercio, 6 % en hurto a residencias, 24 % en hurto de automotores y 36 % en robo de motocicletas. La extorsión también registra una caída estadística del 7 %.

Estos resultados fueron atribuidos a los operativos desplegados por la Fuerza Pública en coordinación con la Fiscalía y el Inpec, entre ellos el plan Blindaje Barranquilla 360°, adoptado después de un consejo de seguridad encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Alejandro Char.

Nueva comandante y más equipos para la Policía 

En medio de este panorama, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro asumió este lunes como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Anunció que su gestión se apoyará en cuatro líneas: convivencia, reducción del delito, participación ciudadana y cooperación institucional, y que buscará fortalecer la inteligencia y la investigación criminal y acercar a la Policía a las comunidades.

Su perfil está ligado a la investigación criminal. En el Valle del Cauca estuvo al frente de operaciones contra grupos de alto impacto y de estrategias para contener el homicidio, la extorsión, el hurto y el microtráfico. “Tengo un compromiso con la ciudad, con usted y con el señor presidente. Espero poder, con el equipo de trabajo que se ha venido conformando, dar los resultados que usted y la ciudad se merecen”, le dijo al alcalde Alejandro Char en su primer encuentro.

La oficial recibe una Policía mejor dotada. En los últimos meses, la Alcaldía ha entregado equipos de extracción de información de dispositivos móviles, de ubicación satelital, escáneres y kits de inteligencia con GPS y cámara. También entregó 140 motos y 35 camionetas sin distintivos de la institución para labores de inteligencia.

Los resultados operativos de este año son los que muestran las autoridades. El Gaula ha capturado a 330 personas por extorsión y delitos relacionados en Barranquilla y su área metropolitana, y 323 quedaron con medida de aseguramiento en centro carcelario. Según la Policía, esos operativos evitaron que más de 3.000 millones de pesos llegaran a las estructuras criminales.

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El balance oficial incluye además los planes derivados del consejo de seguridad que encabezó el presidente Abelardo de la Espriella, como Blindaje Barranquilla 360°. Septiembre cerró con 23 homicidios, el mes con menos casos de 2026, y el observatorio de criminalidad local reporta bajas frente a 2025 en el hurto de motocicletas (36 por ciento), de automotores (24 por ciento) y al comercio (23 por ciento). La extorsión bajó 7 por ciento.

Pero en las tiendas la percepción es distinta. Mientras buena parte de las víctimas continúe pagando en silencio, cada negocio cerrado será apenas la parte visible de una amenaza que sigue recorriendo los barrios.

LEONARDO HERRERA DELGANS leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70

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