Guatemala: Presentan una acción contra el presidente Bernardo Arévalo por la seguridad ciudadana
Un amparo contra el presidente Bernardo Arévalo busca que se deduzcan responsabilidades por los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en el Campo Marte. Redes Sociales
El abogado Erick Castillo presentó un amparo contra el presidente Bernardo Arévalo por los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en el Campo Marte, con el objetivo de que se determinen responsabilidades por la seguridad ciudadana.
La acción fue planteada cinco días después del ataque armado, del que aún no se conocen detalles sobre su ejecución ni avances de la investigación.
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El recurso también apunta contra el ministro de Gobernación y solicita que el mandatario adopte medidas que, según Castillo, permitan combatir al crimen organizado.
Además, pide la destitución del ministro de la Defensa por su presunta responsabilidad en una intervención militar que, afirmó, derivó en la muerte de ocho ciudadanos zacapanecos.
Castillo sostuvo que la falta de una política estatal para prevenir delitos expone a la población al riesgo de no regresar a sus hogares tras salir a trabajar, estudiar o realizar otras actividades. “Sus errores le están costando vidas a todos los guatemaltecos”, afirmó al presentar la acción.
La demanda plantea que Arévalo incumplió la obligación constitucional de garantizar la seguridad de la población. El abogado citó el artículo 183, literal B, de la Constitución guatemalteca como fundamento para exigir que el Presidente adopte decisiones en materia de seguridad.
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La presentación vincula el pedido de remoción del titular de Defensa con un operativo militar en Zacapa, donde murieron ocho ciudadanos. Castillo afirmó que el ministro de la Defensa reconoció la participación militar y cuestionó que, hasta el momento de la presentación, no hubiera funcionarios responsabilizados por esas muertes.
El letrado también responsabilizó al ministro de Gobernación por una supuesta omisión preventiva en ese caso y por no haber activado de forma eficaz a la Policía Nacional Civil para detener a los autores del doble homicidio en la capital.
Según su planteo, las actuaciones policiales posteriores incluyeron detenciones ilegales.
“Acá día a día los guatemaltecos salen a sus labores y no se sabe si van a regresar a sus hogares”, dijo Castillo. El abogado señaló que la inseguridad afecta a trabajadores, emprendedores, docentes, niños y familias que requieren condiciones para trasladarse, estudiar y producir.
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El ataque contra Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro ocurrió en el Campo Marte, en Ciudad de Guatemala. Castillo sostuvo que el crimen sucedió en una zona donde deberían existir mayores garantías de seguridad, aunque extendió su reclamo a todo el territorio nacional.
La acción fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad, a la que Castillo pidió que ordene al Ejecutivo implementar una política eficaz de seguridad ciudadana. El abogado solicitó que el tribunal requiera al Presidente designar funcionarios que, a su criterio, sean capaces y estén comprometidos con la protección de la vida y la integridad de los guatemaltecos.
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El recurso quedó bajo la ponencia de la magistrada titular Dina Josefina Ochoa. Castillo expresó su expectativa de que el pleno de magistrados dé trámite inmediato al expediente conforme a la ley de amparo.
El abogado invocó el artículo 269 de la Constitución, que establece las atribuciones de la Corte de Constitucionalidad para defender el orden constitucional. Afirmó que el tribunal debe proteger derechos como la vida, la integridad personal y la seguridad ciudadana frente a lo que describió como una falta de respuesta estatal.
“Lo único que nos queda como guatemaltecos es acudir a la Corte de Constitucionalidad”, expresó. También consideró que el país atraviesa una situación de debilitamiento institucional, aunque sostuvo que la población no debe dejar de confiar en los organismos encargados de proteger sus derechos fundamentales.
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Castillo afirmó que la falta de seguridad puede afectar las próximas elecciones generales, al impedir que los ciudadanos participen con tranquilidad. El planteo pide que las autoridades garanticen protección para quienes concurran a votar y para las familias que deban movilizarse durante el proceso electoral.
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