Los alcaldes de Navalcarnero y Arroyomolinos están siendo investigados por la contaminación del río Guadarrama
Un río ni vota ni denuncia, aguanta lo que le echen y lo reparte aguas abajo, de pueblo en pueblo. Pero el estado medioambiental del río Guadarrama acaba de llegar a los tribunales. Ahora, tras investigar actuaciones de distintas actuaciones, un juzgado de Navalcarnero cita como investigados a los alcaldes de Navalcarnero y Arroyomolinos, a la exalcaldesa de este último municipio, Ana Millán, y a responsables de Móstoles.
Y para entender la magnitud de este problema solo hace falta ver a cuántos vecinos abastece: Navalcarnero suma casi 33.400 censados. Arroyomolinos, más de 38.000. El Guadarrama, afluente del Tajo, baña el oeste madrileño y sale de la región por su tramo sur. En ese sur viven más de 70.000 personas.
Quiénes son. Millán gobernó Arroyomolinos y hoy es vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y número 3 del PP madrileño. Luis Quiroga y José Luis Adell dirigen ahora los ayuntamientos de Arroyomolinos y Navalcarnero. De Móstoles constan dos técnicos. Según la documentación remitida al juzgado, el Ayuntamiento no entregó el organigrama que se le pidió para saber quién coordinaba Urbanismo y Medio Ambiente. La investigación incluye a responsables del anterior gobierno mostoleño, aunque esto no otorga a todos la misma condición procesal.
Qué se investiga. El juzgado abrió diligencias previas por una denuncia de la Fiscalía. Según el escrito, los hechos son vertidos de aguas residuales, basuras y escombros, construcciones en suelo protegido y ocupación del dominio público hidráulico. La pregunta es: ¿vigilaron, sancionaron y restablecieron la legalidad los ayuntamientos? La propia Fiscalía admite que hubo respuesta administrativa, pero queda valorar si fue suficiente. El juzgado también quiere saber si, al margen de quién limpia el cauce, hubo acciones u omisiones con relevancia penal, ambiental o urbanística.
Dos enclaves. Las Sabinas y Ribera de San Pedro concentran años de quejas por asentamientos, residuos y edificaciones junto al cauce. El segundo está en Arroyomolinos, dentro del Parque Regional del Curso Medio, un espacio protegido desde 1999 y un corredor ecológico que vertebra el centro de la Comunidad. Buena parte de los asentamientos irregulares son anteriores a esa protección, carecen de agua corriente y de recogida de basuras. Lo que sobra acaba en el río.
UN VISTAZO A...
Una década de avisos. En 2016 ya se redactaban cartas y artículos sobre este desastre medioambiental. Pero legalmente todo parte de la denuncia del exalcalde de Batres, Víctor Manuel López Rodríguez. Ecologistas y vecinos llevan más de una década con la misma queja. Al parecer, aprovechan los basureros para verter sin tratamiento ni coste. En 2020, Ecologistas en Acción describía montañas de electrodomésticos, sacos de escombros y hasta coches calcinados sobre riberas. La poca vigilancia y lentitud para retirar los restos agravó el problema.
Ahora viene el dato más loco: en la limpieza de diciembre de 2020 a junio de 2021 salieron del cauce 117 toneladas de neumáticos, 112 de ellas en Móstoles, y unas 20 de aparatos eléctricos y electrónicos, sobre todo en Arroyomolinos y Navalcarnero. La operación abarcó 5 municipios, los tres citados más Batres y Villaviciosa de Odón.
De quién es el cauce. Conservar un cauce público no es tarea solo de los ayuntamientos: interviene la Confederación Hidrográfica del Tajo. En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a Navalcarnero en un pleito sobre la limpieza del Guadarrama, al entender que ciertas tareas correspondían a la Confederación. Móstoles sostenía en 2020 una tesis parecida: la limpieza del cauce era cosa de la Confederación y de la Comunidad de Madrid. Ahora, la causa está en diligencias previas, la fase más temprana del proceso. Ser citado como investigado no implica culpabilidad, pero este marco temporal (2021-2023) sirve para fijar responsabilidades.
La otra espera. Quien lea Xataka ya conoce la zona por otro asunto pendiente: el tren Móstoles-Navalcarnero, con 162 millones invertidos y obras abandonadas en 2010, que jamás transportó a un pasajero. Transportes encargó el estudio de viabilidad por 619.266 euros y un plazo de 24 meses. Es el primer proyecto de Cercanías sobre infraestructura nueva en Madrid desde 2011. El tren y el río siguen el mismo sendero: años de promesas, varias administraciones y un vecindario desatendido, como ciudadanos de segunda.
Imagen de portada | Ecologistas en Acción
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