Presidencialismo en pausa

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“El principal resorte de la máquina”; así llamaba Diego Portales al rol que en nuestro régimen político juega la autoridad presidencial. Es algo que tenemos internalizado desde los albores de la República y que, sin importar quien gobierne, causa tensiones sistémicas cuando deja de funcionar. Una de sus claves es que los ministros son “fusibles”, que deben “saltar” cuando una crisis o un desacierto golpea la gestión del Ejecutivo; la impronta del presidente es, al final del día, el factor de continuidad de una administración y cuando ella se debilita, las crisis dejan de tener un cauce normal de resolución.

Eso es, exactamente, lo que estamos viviendo desde que se instaló el brete generado por la firma del ministro de Justicia de más de medio centenar de decretos, con el objeto de reducir las penas a condenados por abuso y violaciones de menores. Por alguna razón hasta ahora desconocida, el presidente Kast decidió quemar sus naves y sacrificar un margen relevante de respaldo político, para mantener en el cargo al jefe de la cartera en cuestión. Al fragor de esta encrucijada, el ministro Rabat ha sido claro desde un comienzo: él tomó la decisión de firmar porque una convicción de orden jurídico lo hizo sentirse obligado a dicha determinación. El presidente Kast ha sido también claro: el gobierno considera que esa decisión fue un error y ha optado por suspender la firma de nuevos decretos. La pregunta inevitable en un régimen presidencialista es por qué la responsabilidad política la asume entonces el presidente, al mantener en su cargo a un ministro que, desde el primer minuto, ha reconocido que el error lo cometió él.

Esta anomalía inexplicable está generando costos enormes al gobierno y al propio mandatario: una acusación constitucional ad portas; la intención de sectores de oposición de trabar el debate sobre la Ley de Presupuestos, al menos en lo que se refiere a la cartera de Justicia; tensiones y distanciamientos en el oficialismo; un rechazo muy mayoritario de la opinión pública a la decisión del presidente de mantener en su cargo al ministro. ¿Y para qué? ¿Qué ganan el presidente y el gobierno resistiéndose a lo inevitable? Mientras más tiempo pasa el costo es mayor y el gobierno no va a poder retomar su agenda y, menos, recomponer en algo su credibilidad ante la ciudadanía.

El deterioro político y el debilitamiento del principio de autoridad no son inocuos. No es gratis que el presidente insista en mantener en su puesto a un “fusible quemado”, haciendo al gobierno y al oficialismo pagar todos los costos, por alguna razón que nadie entiende. Hemos vivido años duros, donde la pérdida de los consensos, la validación de la violencia y la horadación del Estado de Derecho han generado un daño que va a ser muy difícil subsanar. Y una condición indispensable para poder afrontar los desafíos que ello implica es que el “principal resorte de la máquina” tenga la fuerza, la capacidad y la convicción para seguirlo siendo.

Por Max Colodro, filósofo y analista político

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