Pasaportes en Colombia: Presidencia anunció que garantizará la entrega de la libreta por 15 meses y sin costos adicionales
La Presidencia de la República anunció que la expedición de pasaportes y visas en Colombia y en los consulados en el exterior está plenamente asegurada mediante un contrato transitorio por 15 meses. A través de sus canales oficiales, la Casa de Nariño ratificó que el servicio esencial continuará operando sin contratiempos, manteniendo las tarifas vigentes para los usuarios, al conservar los precios unitarios de periodos anteriores.
Desde la cuenta de X de la Presidencia se enfatizó que este esquema transitorio permite proteger a los ciudadanos mientras el Gobierno nacional avanza de forma paralela en la licitación pública que definirá al operador definitivo.
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“La Cancillería garantiza la continuidad del servicio de pasaportes en Colombia y los consulados en el exterior mediante un contrato transitorio de 15 meses, que mantiene los valores unitarios anteriores y permite avanzar hacia la licitación para seleccionar al operador definitivo. Los ciudadanos pueden consultar requisitos, citas y tarifas vigentes en los canales oficiales”, comunicó el Ejecutivo.
Desde el Gobierno nacional aseguraron que los ciudadanos pueden estar tranquilos, ya que no se prevén interrupciones en la expedición de pasaportes, pese a las disputas legales que se mantienen por la impresión y distribución del documento.
El contrato 959-2026, gestionado a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo las directrices del Ejecutivo, proyectó un presupuesto máximo de hasta $40.352 millones con la firma Thomas Greg & Sons (TGS). La ejecución tiene como fecha límite el 17 de diciembre de 2027 y contempla la emisión de entre 160.000 y 170.000 libretas mensuales.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la medida se adoptó mediante la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026, acto administrativo que declaró la urgencia manifiesta para dar estricto cumplimiento a una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió de forma provisional el modelo contractual previo.
El Ejecutivo fundamentó la contratación en tres factores técnicos determinantes: tiempo, seguridad documental y estabilidad en los costos. En materia de tiempos, las autoridades alertaron que el inventario disponible de libretas se agota en noviembre de 2026.
Habilitar a un nuevo proveedor internacional requería meses para registrar y certificar una nueva planta ante la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), mientras que la firma convocada podía reactivar la línea de producción en 20 días hábiles.
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Frente a la seguridad, el Gobierno explicó que en la actualidad circulan dos diseños oficiales de pasaporte colombiano y que introducir un tercer formato temporal generaría traumatismos severos en los filtros migratorios aeroportuarios del mundo. En el aspecto económico, se fijó que los valores unitarios no tendrán reajustes por inflación ni por fluctuaciones en la tasa de cambio, garantizando que el ciudadano no pague cobros adicionales en sus trámites.
La adjudicación directa quedó formalizada con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, consorcio conformado por Thomas Greg & Sons de Colombia S. A. con una participación del 68%, la firma tecnológica Thales Colombia S. A. con el 28,9% y Thomas Greg & Sons Limited con el 3,1% restante.
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La cuantía máxima autorizada de $240.352 millones de pesos funciona como un techo presupuestal y no como una asignación fija. Los desembolsos se realizarán únicamente contra la entrega efectiva de documentos y la prestación de los servicios a satisfacción, concentrando $145.357 millones en libretas ordinarias electrónicas y $91.753 millones en actividades de personalización, custodia, almacenamiento y distribución.
El conflicto por la expedición de pasaportes en Colombia inició con la Licitación Pública 001 de 2023, valorada en cerca de $600.000 millones, proceso en el que varias empresas interesadas desistieron tras denunciar presuntos pliegos diseñados a favor de TGS, dejando a la multinacional como única oferente.
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Bajo la postura de no adjudicar contratos cuantiosos con un solo proponente, el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación en septiembre de 2023 y decretó una urgencia manifiesta para prorrogar el servicio, medida que detonó una demanda de la empresa contra el Estado por $117.000 millones y la posterior suspensión del ministro ordenada por la Procuraduría, durante el gobierno de Gustavo Petro.
La controversia escaló a choques internos en el Ejecutivo con la renuncia de Martha Lucía Zamora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado por respaldar una conciliación, y la destitución del secretario general José Antonio Salazar luego de que este intentara revocar la declaratoria y adjudicar el contrato a la firma privada.
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Para superar la coyuntura, la Cancillería bajo Luis Gilberto Murillo trazó una hoja de ruta con prórrogas técnicas a la empresa operadora y una alianza con la Imprenta Nacional de Portugal para transferir tecnología hacia un esquema de manejo estatal de los documentos.
Pese a ese plan, diagnósticos técnicos y alertas de control evidenciaron que la Imprenta Nacional carecía de la infraestructura y el personal necesarios para asumir de inmediato más de un millón y medio de libretas anuales, obligando a prolongar esquemas de transición para garantizar la atención a los ciudadanos.
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