Consejo de Estado ordena revisar tarifas de energía en el Caribe y reducir el impacto de las pérdidas reconocidas a los usuarios de la región en 2026

La discusión por el costo de la energía eléctrica en la región Caribe vuelve a tener un capítulo judicial. El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó cumplir las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado dentro de una acción popular que cuestiona el régimen tarifario aplicado en esta zona del país y que deberá conducir a una revisión de las fórmulas que inciden en lo que pagan los usuarios.

La orden está dirigida al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), entidades que deberán continuar y culminar las actuaciones administrativas necesarias para modificar las fórmulas tarifarias, con el objetivo de contribuir a la reducción del costo del servicio y establecer un precio que resulte justo para los usuarios del Caribe.

Uno de los asuntos centrales es el tratamiento de las pérdidas de energía que son reconocidas dentro de la estructura tarifaria. El Consejo de Estado consideró que existen elementos que justifican mantener medidas para proteger los derechos colectivos relacionados con el acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna.

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La providencia ordena que las autoridades avancen en la revisión de las fórmulas y verifiquen si los niveles de pérdidas reportados por los operadores corresponden a la realidad. También deberán determinar si los diferentes componentes incluidos en las fórmulas tarifarias se están aplicando de acuerdo con las normas vigentes.

Esto incluye avanzar en una reducción efectiva y significativa de las pérdidas de energía y procurar que los resultados de ese proceso tengan incidencia en el componente correspondiente de la tarifa.

La decisión también contempla medidas para mejorar la infraestructura eléctrica, proteger las redes y garantizar que los sistemas de medición permitan establecer el consumo real de los usuarios.

En ese sentido, la orden judicial abarca problemas que van más allá del valor final de la factura. Las autoridades deberán adoptar acciones para prevenir situaciones como conexiones ilegales, manipulación de infraestructura y alteraciones que afecten el suministro o la correcta medición del consumo.

El proceso tiene como antecedente una acción popular presentada en 2022 por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, que solicitaron la protección de los derechos colectivos de los usuarios frente a las condiciones de prestación y el costo del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

La controversia se relaciona con el régimen transitorio especial establecido para la Costa Caribe, que permitió aplicar condiciones particulares en materia de distribución y comercialización de energía. La regulación fue creada después de la intervención de Electricaribe y buscaba contribuir a la sostenibilidad de la prestación del servicio en la región.

El punto de las pérdidas

Las pérdidas eléctricas constituyen uno de los componentes más sensibles de la discusión tarifaria en el Caribe. El propio Consejo de Estado señaló en el proceso que existían elementos para considerar que los usuarios cumplidores estaban asumiendo costos relacionados con el deterioro del sistema, la falta de inversiones suficientes y las pérdidas no técnicas.

Por eso, una de las tareas que quedan en manos de la Creg será establecer si los niveles reconocidos en las tarifas corresponden efectivamente a las condiciones del sistema y si los mecanismos regulatorios utilizados están produciendo los resultados esperados.

La orden también plantea que las variaciones de las tarifas en la región no resulten desproporcionadas frente al promedio nacional.

Este punto cobra especial relevancia en un territorio donde el consumo de electricidad está marcado por las altas temperaturas y donde el precio del servicio ha generado durante los últimos años reclamos de usuarios, organizaciones sociales y autoridades locales.

La discusión por la sobretasa del 20 %

A la discusión sobre las pérdidas se suma otro asunto que ha sido señalado por organizaciones de usuarios: la sobretasa del 20 por ciento aplicada al componente de comercialización en la región Caribe.

Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, sostuvo que este cobro continúa siendo uno de los asuntos pendientes dentro de la discusión tarifaria.

“Todavía no se ha resuelto el problema de la sobretasa del 20 % en la comercialización. Las tarifas tienen que ser pagables porque, si lo son, también mejorará el recaudo”, afirmó Alarcón.

El dirigente también señaló que una eventual modificación de ese componente tendría que ser definida por la Creg mediante los procedimientos regulatorios correspondientes, por lo que no se trata de una reducción que pueda aplicarse automáticamente a partir del fallo judicial.

Alarcón recordó, además, que el personero distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, promovió un incidente de desacato para reclamar el cumplimiento de las medidas judiciales relacionadas con la revisión del régimen tarifario.

No habrá una rebaja automática de las facturas

Un aspecto clave de la decisión es que no establece un porcentaje específico de reducción ni fija una fecha para que las facturas bajen.

El alcance del fallo consiste en ordenar a las autoridades competentes que continúen y culminen los procedimientos administrativos necesarios para revisar y modificar las fórmulas, de acuerdo con las normas vigentes.

Por eso, el cumplimiento de la decisión deberá pasar por actuaciones de MinMinas y la Creg, incluyendo los análisis técnicos y regulatorios necesarios antes de que puedan producirse cambios concretos en los cobros a los usuarios.

La Liga de Usuarios ha insistido en que cualquier ajuste tarifario debería estar acompañado de inversiones para modernizar las redes, controlar las pérdidas y fortalecer financieramente a las empresas prestadoras, de manera que una eventual reducción de los costos no termine afectando la continuidad del servicio.

Así, el nuevo pronunciamiento judicial mantiene abierta una discusión que lleva varios años en la región: cómo conseguir que los usuarios del Caribe paguen una tarifa más acorde con el costo eficiente del servicio, mientras se garantiza la recuperación de las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura eléctrica y reducir las pérdidas que actualmente hacen parte de la ecuación tarifaria.