En Cúcuta hay 23 bandas que se disputan a muerte las economías ilegales, incluidos grupos transnacionales del crimen

Crecimiento de cultivos de coca en el Catatumbo convirtieron el área metropolitana de esta ciudad en un escenario de guerra por economías ilegales.

El asesinato del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos y la explosión de artefactos cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, ocurridos con un día de diferencia, encendieron las alarmas en Cúcuta. Son hechos distintos, no hay elementos para relacionarlos ni atribuirlos a un mismo grupo armado. Pero reabrieron un debate: la transformación de las dinámicas criminales en Cúcuta y su área metropolitana.

La preocupación no comenzó esta semana. En agosto, un carro bomba explotó frente al comando de la Policía de Norte de Santander y se registraron ataques con drones contra instalaciones policiales en otros municipios del departamento. 

Los episodios, aunque de características y posibles responsables que deben investigarse por separado, evidenciaron la presión que enfrenta la Fuerza Pública en una región atravesada por el conflicto armado, las economías ilegales y las disputas por el control de rentas.

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Llevamos treinta años sin un proyecto común de desarrollo territorial y como no hay proyecto común, pues la sociedad no tiene hacia dónde ir, y por eso la criminalidad se apodera

Fabio Torrespolitólogo y académico.

Economías ilegales y las disputas 
por el control territorial

Entre enero de 2020 y septiembre de 2026 se contabilizaron 1.971 víctimas de sicariato en Norte de Santander, 1.340 de ellas en Cúcuta. En 2025 se registró el punto más alto: 434 víctimas en el departamento y 275 en la capital. En los primeros nueve meses de 2026 los registros bajaron a 198 y 137, respectivamente. Pese a la reducción, cerca de siete de cada diez víctimas se han registrado en Cúcuta.

Para Fabio Torres, politólogo y académico cucuteño, lo ocurrido no puede leerse solo como una escalada de hechos violentos. “No, es una reconfiguración sin duda, que se expresa en violencia coyuntural, pero no es una coyuntura, es un hecho de fondo”, afirma.

Su análisis apunta a una transformación más profunda de las relaciones de poder, las economías ilegales y las disputas por el control territorial, que trasciende los episodios recientes de violencia.

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La falta de coordinación institucional en la frontera es el caldo de cultivo de la delincuencia organizada

Olga Marina Sierradocente e investigadora

Crecimiento de los cultivos de coca

Torres relaciona esa transformación con la falta de un proyecto compartido. “Llevamos treinta años sin un proyecto común de desarrollo territorial y como no hay proyecto común, pues la sociedad no tiene hacia dónde ir, y por eso la criminalidad se apodera”, afirma. En su lectura, la ciudad ha pasado por distintas etapas de presencia armada, narcotización del conflicto y expansión de estructuras urbanas.

Torres sostiene que el crecimiento de los cultivos de coca y la capacidad de producción y salida desde el Catatumbo convirtieron el área metropolitana en un escenario de circulación de dinero y lavado de activos. Son más de 23 bandas o grupos armados que se disputan el control territorial en la capital nortesantandereana, algunos de ellos son grupos transnacionales.

Asimismo, el abogado y defensor de derechos humanos Yefri Torrado señala que Norte de Santander es un corredor de economías ilícitas, como el narcotráfico, y de otros delitos como la trata de personas, la trata de migrantes y la minería ilegal. En Cúcuta advierte sobre el lavado de dinero y posibles vínculos de estas estructuras con la contratación pública.

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Para Olga Marina Sierra, docente e investigadora, la falta de coordinación entre Colombia y Venezuela abre espacios para las organizaciones criminales. “La falta de coordinación institucional en la frontera es el caldo de cultivo de la delincuencia organizada”, asegura. También sostiene que el cierre fronterizo de siete años fortaleció el crimen organizado.

Sierra diferencia lo que ocurre en los pasos formales, donde se desarrolla buena parte del intercambio comercial, de las dinámicas de los pasos informales o trochas, en los que pueden circular actividades ilícitas. En total, son más de 2.200 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela.

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La violencia también alcanza a quienes denuncian. Carlos Martín Rojas, veedor, odontólogo y excandidato a la Alcaldía, asegura que ha presentado más de 190 denuncias y quejas durante el 2026 ante la Fiscalía y la Procuraduría. Esta labor de veeduría sobre millonarios contratos de la administración municipal y departamental, se han traducido en amenazas de muerte.

El 12 de octubre de 2026 un sicario disparó contra la fachada de su clínica en Cúcuta. “Tengo mucho miedo, ya atentaron contra mi lugar de trabajo. Pero no me voy a detener, seguiré haciendo veeduría”, afirma.

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Organizaciones criminales establecen alianzas o entran en disputa

Mientras tanto, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Free Press Unlimited (FPU) advirtieron que la violencia en Cúcuta y Norte de Santander pone en riesgo a los periodistas y el acceso ciudadano a la información. La FLIP ha documentado al menos  52 agresiones contra la prensa en 2026 en el departamento, incluidas 30 amenazas. Recordó los asesinatos de Cristian Herrera, el 6 de junio, y Jaime Vásquez, en abril de 2024, y pidió investigaciones rigurosas y garantías para cubrir la violencia sin amenazas ni estigmatización.

De cara a las elecciones de 2027, Jairo Oviedo, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Norte de Santander, advierte que desde enero de 2025 se agravó el conflicto en el Catatumbo por la disputa de rentas ilegales. En Cúcuta, dice, operan organizaciones urbanas que establecen alianzas o entran en disputa y están detrás de buena parte del sicariato.

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Gobierno nacional ordenó 
la militarización temporal

La MOE reportó 30 situaciones de riesgo y violencia contra líderes sociales entre enero y septiembre de 2026. Oviedo advierte sobre el riesgo de que recursos provenientes de rentas ilícitas lleguen a financiar campañas políticas. “Una de las grandes inquietudes es de dónde sale la mayoría de esos recursos”, dice al referirse al despliegue de publicidad y logística en campañas recientes.

Frente a esta oleada de violencia que enfrenta Cúcuta, el Gobierno nacional ordenó la militarización temporal. Desde el 29 de octubre, más de 500 soldados realizan patrullajes conjuntos con la Policía, puestos de control y requisas en diferentes sectores de la ciudad. La estrategia busca reforzar la seguridad y aumentar la presencia de la Fuerza Pública en zonas consideradas críticas.

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Operaciones Esparta y del Bloque 
de Seguridad Urbana (BOSUR)

El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, respaldó la decisión y aseguró que ya comenzaron las intervenciones en varios sectores.

“Estamos respaldando las medidas del presidente e iniciamos con patrullajes conjuntos. Tenemos varios puntos intervenidos, quizás uno de los más complicados era Colinas del Tunal, en donde era difícil el ingreso de las autoridades, ya tenemos el control de la zona”, dijo. El mandatario también anunció la llegada de otros 350 uniformados como refuerzo.

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A estas medidas se sumará, a partir del 3 de noviembre, el inicio de las operaciones Esparta y del Bloque de Seguridad Urbana (BOSUR), con las que las autoridades buscan intensificar las acciones contra las estructuras criminales y afectar sus fuentes de financiación.

Las preocupaciones no se limitan a las disputas entre organizaciones criminales ni al control de los territorios. Las advertencias de los expertos consultados también apuntan a la posibilidad de que los intereses de las economías ilegales encuentren espacios en actividades económicas formales, la contratación pública y los escenarios de decisión política. 

Establecer hasta dónde llegan esas relaciones y qué incidencia tienen sobre las instituciones es parte de los interrogantes que deja la reconfiguración criminal en Cúcuta.

Andrés Carvajal Suárez

Para EL TIEMPO

CÚCUTA

@andrescsk

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Con reportería y entrevistas en Cúcuta

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