La pugna que se desató en la Corte de Santiago entre la defensa de Monsalve y la Fiscalía por el inicio del juicio

El 5 de octubre, el Séptimo Juzgado de Garantía entregó una resolución por la investigación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve que no cayó bien ni al fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, ni a la abogada querellante, María Elena Santibáñez.

Por una notificación tardía, el tribunal resolvió postergar la audiencia de preparación de juicio oral fijada para ese día, dictando una nueva fecha: el 3 de marzo.

El fundamento estuvo basado en que la querellante ingresó la acusación particular el 17 de septiembre, al límite del cierre del plazo legal, lo que demoró el exhorto y notificación del imputado que vive en Viña de Mar. Eso, sumado a que el defensor penal público, Víctor Providel, acusó no tener en su poder la totalidad de los videos del caso, considerando que, según asegura, fueron solicitados hace meses.

Ante ese escenario, tanto Jacir como Santibáñaz anunciaron que recurrirían a la Corte de Apelaciones de Santiago buscando que se adelantara la fecha de la audiencia de preparación de juicio oral.

Según dijeron, la defensa está realizando acciones dilatorias. Pero ese mismo día Providel se defendió diciendo que la postergación responde a una acción tardía realizada por la querellante y no por ellos. Bajo ese mismo argumento, indicaron que tanto la defensa como el propio Monsalve buscan que el juicio parta pronto para “demostrar su inocencia”.

La Fiscalía Centro Norte y la querellante presentaron recursos de apelación en la Corte de Santiago para que el tribunal de alzada ordene al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago abrir una nueva fecha, antes de marzo, y así adelantar todo el proceso.

El contraataque de Providel no se hizo esperar. Por su lado, presentaron un recurso de hecho con el que buscan invalidar las apelaciones, señalando que ante la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no procede dicho recurso.

Jacir presentó otro escrito pidiendo que se abriera la posibilidad de ir a alegar a la corte para que los ministros escuchen su argumento, cosa que, dicen quienes conocen de estos recursos en tribunales superiores, no procede. Eso sí, desde el entorno del exsubsecretario subrayan que su recurso no tiene que ver con dilatar el inicio del juicio, sino que se respete el debido proceso y su legítimo derecho a defensa.

El recurso

En la primera parte del recurso, que no fue acogido por la Corte de Santiago en resolución de este martes, se pone el acento en que no se respetó el plazo para que Monsalve fuera notificado por la acusación particular. En ese sentido, dice el escrito, dicha acusación incorporaba prueba propia que no había sido incluida en la primera acusación ni tampoco en la acusación fiscal.

Dicho argumento se suma a que la Fiscalía incorporó cuatro discos duros de 4 terabytes cada uno con prueba audiovisual que no ha sido puesta en conocimiento de la defensa. De hecho, dicen desde el entorno de la exautoridad, hasta ahora ese material no ha sido concedido.

En específico, el recurso de la defensa señala que, de acuerdo al artículo 369 del Código Procesal Penal, la resolución del tribunal que fijó la nueva fecha no es apelable con las acciones que presentaron los acusadores.

“Lo que se solicita es resolver una cuestión procesal previa y autónoma: si la resolución que fija una nueva fecha para la audiencia de preparación de juicio oral admite recurso de apelación conforme al régimen establecido en el Código Procesal Penal”, se señala.

En ese sentido, se añade que el artículo 370 del Código Procesal Penal establece que las resoluciones dictadas por el juez de garantía serán apelables cuando “pongan término al procedimiento, hagan imposible su prosecución, la suspendan por más de treinta días o cuando la ley lo señale expresamente”. Ahí para la defensa hay un punto, ya que señalan que el procedimiento no se ha suspendido en ningún caso.

“En el presente caso, la magistrada no resolvió suspender la causa durante cinco meses, y tampoco estableció que durante ese período quedaran impedidas las actuaciones procesales que legalmente pudieran promoverse o realizarse, sino que lo resuelto fue fijar una nueva fecha para la audiencia de preparación de juicio oral”, explican en el escrito.

Asimismo, en el recurso se expresa que la propia magistrada que revisó la audiencia del 5 de octubre pidió se buscara la fecha más próxima y, por carga laboral de los tribunales, no había otra: “La decisión adoptada respondió a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo una audiencia de estas características”.

Por último, en el texto se recoge el reclamo de la querellante respecto a que la víctima requiere una respuesta judicial oportuna. La defensa sostiene que no desconoce la relevancia de tales derechos y obligaciones, sin embargo, añaden que “el resguardo de los derechos de la víctima debe armonizarse con las garantías procesales del acusado, entre ellas el respeto de los plazos legalmente establecidos para preparar adecuadamente su defensa”.

Ahora la Corte de Santiago deberá fijar un día y hora para que los intervinientes vayan a presentar sus argumentos ante los jueces de alzada.