La apelación de San Marcos de Arica por la desafiliación: apunta a director de la ANFP por nulidad y niega falsificación

El 27 de octubre, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina desafilió a San Marcos de Arica. La sanción es la más dura que contempla el sistema disciplinario en el fútbol nacional. Los nortinos habían sido denunciados por el directorio de la ANFP, una acción a la que se sumaron, en calidad de terceros coadyuvantes, Rangers, Unión San Felipe y Santa Cruz, tres clubes comprometidos con el riesgo de descenso.

En votación dividida (seis votos contra uno), la corte deportiva resolvió la sanción. El voto de minoría tenía que ver con la aplicación del artículo 87º de las Bases del torneo de la Primera B, en lo relacionado con la contabilización de los puntos de los encuentros que disputaron los Bravos del Morro. La materia abrió una controversia aparte, que aún no se resuelve y, en la práctica, mantiene detenido el torneo. Había un evidente problema de transcripción en la norma que precisaba el procedimiento completo, que debía extraerse de las bases de la Liga de Primera.

La semana pasada, San Marcos de Arica ingresó su apelación a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Es la primera instancia de apelación disponible. La segunda es el Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, la máxima instancia jurídico-deportiva a nivel mundial. El club advirtió que agotará todas las instancias, en la práctica, para mantenerse vivo. Ha esgrimido, incluso, razones de responsabilidad social con la región que lo alberga.

El recurso, patrocinado por el abogado Fernando Espinoza, apunta en dos sentidos. En principio, en la solicitud de la nulidad. Y, en segundo término, en el intento de acreditar que el club no ha presentado información falsa en el plano contable, como se le acusa.

“Que por el presente acto, y en el mismo escrito, pero en forma separada que la apelación, vengo en presentar incidente de nulidad, dada la tramitación de la excepción de previo especial pronunciamiento, y en especial la vulneración al Debido Proceso, enmarcado en la imposibilidad de ofrecer prueba, para acreditar nuestra pretensión, en base a resolver ‘como es costumbre’, en vuestro Tribunal, que las excepciones se resuelven en definitiva”, sostiene el escrito al que accedió El Deportivo, a modo de introducción.

“Ilegal, arbitraria y fuera de toda norma estaturia”

En primer término, los ariqueños describen de una forma especial la denuncia interpuesta por el directorio de la ANFP. “Es ilegal, arbitraria y además, fuera de toda norma, estatutaria”, consideran. “La decisión del Directorio, antes señalada, fue tomada con los votos favorables de los señores Pablo Milad, Jorge Aguilar, Mauricio Moreno, Alberto Nuñez y Andrés Alvarado, todos domiciliados para estos efectos en Av. Quilín N° 5635, Peñalolén; la información de esta decisión fue entregada a esta parte el 25 de septiembre de 2026 y presentada la denuncia respectiva, la cual nos convoca este día", explican.

En todas las menciones que se realizan respecto de Alvarado, su nombre aparece subrayado. No es casual. “La sentencia Rol 69-2026 registra la intervención de Deportes Santa Cruz Unido S.A.D.P., Unión San Felipe y Rangers como terceros coadyuvantes de la denunciante. Esa intervención demuestra una posición procesal favorable a la pretensión sancionatoria. Esto demuestra la insistencia e intencionalidad manifiesta de la denuncia, y la cual está pendiente por apelación de los terceros y esta parte”, resalta.

“El director de la ANFP don Andrés Alvarado, tenía al 1 de septiembre de 2026 y en la actualidad, participación societaria en el Club Santa Cruz S.A.D.P., de la misma división y que está peleando por mantenerse en dicha categoría. Su interés en esta decisión consiste en participar estando INHABILITADO, para ello, dada la mantención de acciones e interés directo en el Club ya señalado, lo que hace que su decisión, que otorgara la mayoría requerida por los estatutos, hace que esté marcada indeleblemente por un interés directo en el resultado y la suerte de Club de Deportes San Marcos de Arica, por lo cual carece de imparcialidad y sobre todo, de una inhabilidad que debió hacerla presente y la ocultó maliciosamente. Con esto se enlazan así la titularidad del interés, la posición procesal de Santa Cruz y la participación del director en el acuerdo”, postula.

En el mismo sentido, expone como ejemplo que Jorge Yunge, ligado con Rangers de Talca, optó por inhabilitarse.

“La infracción de lo anterior contraviene lo dispuesto en el artículo 18 y 23 del Código de Procedimientos y Penalidades sobre el inicio del proceso. Ello puesto se requiere de una decisión válida por parte del Directorio cuestión que no se subsana por la contradictorierad del proceso seguido. Se trata, por tanto, de un requisito esencial para el ejercicio de la legitimidad activa y, en consecuencia, en un presupuesto procesal”, agregan los nortinos.

El reproche también alcanza a la Primera Sala. “Finalmente, la Primera Sala incurre en una contradicción interna. Lo anterior dado que declara no ser competente para analizar las actuaciones del Directorio, pero previamente interpretó el art. 27, contó votos y calificó el voto como no determinante. Es decir, resolvió el fondo de la excepción analizando la decisión del Directorio para luego declararse incompetente para ello. Si de verdad careciera de competencia, debió declararla así y no rechazar la excepción con argumentos de fondo”, establecen.

Finalmente, luego de una larga reflexión, los ariqueños exponen otra consideración clave. “Pero como si esto no fuero poco, además, quien tiene la legitimación activa para denunciar, es la unidad de Control Financiero de la ANFP, quien por Estatuto y Reglamento debe analizar, ponderar y luego denunciar, si es que existe incumplimientos, y acá solo lo hace el Directorio, justamente al final del campeonato, y sospechosamente, cuando a los menos dos de los clubes involucrados tienen vinculación con dichos directores”, apuntan.

“Ruego a SS. Tener por interpuesto incidente de nulidad, dado que no se cumplieron con las formalidades del caso, se denunció en forma espuria, reparar la tramitación primero de esta excepción, dándole la tramitación de incidente, abriéndose un término probatorio y finalmente, se acceda a ella, declarando que la denuncia no se ajusta a derecho, por vulneración del art. 27 de los Estatutos de la ANFP”, concluyen, en este ámbito.

Descartan falsedad

En la segunda parte de la apelación, San Marcos de Arica responde a la presunta falsedad de la información contable que puso a disposición del Tribunal. La descarta de plano. “En cuanto al fondo de la cuestión, el Tribunal razona en los considerandos cuadragésimo y siguientes entendiendo que los hechos se subsumen en el artículo 84 literal g del antiguo Reglamento, en tal sentido, señala, las declaraciones fueron construidas por el Club, se hicieron valer ante la Asociación y sus enunciaciones no era verdades por lo que las califica como falsedad ideológica”, recoge.

“Continúa en el considerando cuadragésimo primero que se mantiene el estándar del Rol 69/26 señalando que en este caso no existe una operación real que explique las cifras y las posiciones del Club en ambas causas son incompatibles. Adicionalmente, en los considerandos cuadragésimo segundo y tercero el Tribunal da por acreditado el conocimiento del Club sobre la situación y valora la prueba por medio de indicios sin invertir la carga de la prueba concluyendo, entonces, que se satisface el estándar del rol 69/26″, continúa.

Sin embargo, recurre a dos elementos de la sentencia para fundamentar su postura. “La sentencia cuenta con una prevención de don Jorge Isbeg quien, si bien está con el voto de mayoría, previene respecto de la implicancia deportiva de la sentencia”, acota, en primer término.

“Adicionalmente, tiene un voto de minoría de don Franco Acchiardo quien estuvo por rechazar la denuncia principal por falsedad y la primera subsidiaria por adulteración señalando que, en estricto rigor, lo que hay es un incumplimiento grave y reiterado del artículo 12 letra a) de los Estatutos. En tal sentido señala que hay que distinguir entre una cifra errónea por interpretación contable equivocada y un documento construido contra la realidad. La falsedad exige prueba irredargüible, clara, precisa y concordante, y las inconsistencias o la falta de conciliación no permiten presumirla”, expone.

“Por lo anterior, señala, que la falsedad no se acreditó con la certeza impuesta en el estándar de la causa rol 69/26 en atención a que el balance de ocho columnas, con las pérdidas en la columna “Activo”, explica cómo pudo originarse una confusión. Comparte con la mayoría que las cifras no concilian, pero eso prueba que la información era incorrecta, no que fuera construida deliberadamente. Además, la sentencia señala que las declaraciones no se ajustaron a la fórmula obligatoria de la NCG 201 ni a los registros contables. Ello es grave por su magnitud y porque privó a la Asociación de su único mecanismo de control. Adicionalmente, señala, es reiterado porque ocurrió en cuatro trimestres. Además, la denunciada no se defendió específicamente de esta imputación", estipula.

“Por lo anterior, señala que se debe remitir al Consejo de Presidentes el expediente. Ello no sería delegar la jurisdicción toda vez que al Tribunal le corresponde fijar y calificar los hechos. Al Consejo, ejercer la competencia estatutaria con quórum de cuatro quintos. En el evento de que el Consejo rechazare la propuesta, los antecedentes vuelven al Tribunal para aplicar la multa de 1.000 a 2.000 UF del inciso final del art. 84 del Reglamento entonces vigente”, enfatiza.

Prueba insuficiente

Los ariqueños exigen precisión. “Como la desafiliación es la sanción más grave del sistema, la falsedad debe acreditarse “de manera irredargüible, clara, precisa y concordante, sin que baste la mera existencia de irregularidades, discrepancias o insuficiencias documentales’ (Rol N° 69/26, cons.20). Se trata, por tanto, de una sanción cuyo estándar probatorio es más elevado, es un estándar reforzado. Por ello es que ni la gravedad de las inconsistencias, ni la falta de idoneidad del respaldo, ni las contradicciones entre documentos, ni la ausencia de conciliación permiten, “por sí solas”, equiparar un dato erróneo con documentación falsa como señala el considerando 30 de la citada sentencia de Rol 69/26. De ahí se sigue que un indicio que solo prueba que la declaración era incorrecta no sirve para probar que era falsa. Para alcanzar el estándar, los indicios deben apuntar a la intención y excluir la hipótesis de error", refuerza.

“En tal sentido, el considerando Cuadragésimo Tercero de la sentencia apelada no satisface esa exigencia. La sentencia afirma mantener el estándar del Rol N° 69/26. Sin embargo, razona sobre antecedentes ‘graves, precisos y concordantes’, que son los requisitos de las presunciones judiciales de los arts. 1712 del Código Civil y 426 del Código de Procedimiento Civil. Una presunción es, en esencia, desvirtuable por definición, y la prueba irredargüible es la que no admite contradicción. Al revisar cada indicio se advierte además que todos acreditan que la declaración era incorrecta y ninguno acredita que fuera construida para faltar a la verdad. Adicionalmente, cabe indicar que la magnitud de la diferencia mide el error, no la intención y, por tanto, no permite acreditar la falsedad del documento. Este es el criterio del art. 97 del Código Tributario, y es también el del propio Tribunal en el Rol N° 69/26 donde estableció el Club declaró un capital positivo de M$82.261 con un patrimonio auditado de M$-2.909.444: una diferencia cercana a M$3.000.000, del mismo orden que la de esta causa. Esa diferencia se calificó como error. Si esa magnitud no probó falsedad en marzo de 2026, tampoco puede probarla en los trimestres inmediatamente anteriores", resalta.

“Por otra parte, el Tribunal sostiene la existencia de una repetición y la estabilidad de las cifras pero ello solo muestra que se ha producido un error de concepto y, en ningún caso, una falsificación. Un mismo criterio equivocado, aplicado trimestre a trimestre, da cifras repetidas y estables. La sentencia identifica ese criterio, lo grafica inclusive en el considerando Décimo Quinto al constatar que, al cierre de cada ejercicio, sumar las pérdidas acumuladas al activo da el capital emitido más otras reservas (M$982.699), y que las cifras declaradas ‘se mantuvieron próximas a esa suma durante cuatro trimestres”. Así entonces, las diferencias van de M$5.736 a M$82.109′, añade.

" No se pueden sacar las castañas.."

El cuarto considerando de la parte final de la apelación, pide una consideración clave. “Solicito no se valore, y por ende, no se incorpore como parte e esta causa, la respuesta del Sr. Yamil Rajab, Gerente de Ligas, en respuesta a una petición de los terceros coadyuvantes, que trataría de interpretar el artículo 87 de las bases, por no ser el ente para interpretar norma, dentro de la ANFP, y si es que lo hiciese el directorio, se vulneraría el debido proceso, ya que es denunciante y al mismo tiempo interpreta normas en que favorecen a los terceros coadyuvantes, situación no discutida en juicio y menos solicitada como sanción por la ANFP”, expresa.

“El solo hecho de solicitar por parte del Directorio de la ANFP esta supuesta interpretación, no altera que lo publicado y notificado a cada uno de ellos clubes es lo que obliga, y que no fue discutido en juicio por las partes y que solo es una carta hacia el directorio y no un acuerdo de éste. Pero si el directorio se hiciese parte solicitando pedir esta interpretación, está fuera de todo marco procesal, en donde, siendo juez y parte, introducen después de dictado un fallo, condicionado a otra sala, una supuesto error, que solo ahora es caro para ellos, y para nadie más. Rangers, Santa Cruz y San Felipe, no pueden sacar las castañas con las manos del gato”, puntualiza, con una particular expresión.