Las sanciones alcanzaron solo al 27,5% de las infracciones por plaguicidas detectadas en California
Los inspectores agrícolas de California aplicaron 17.742 medidas regulatorias por infracciones vinculadas con plaguicidas entre 2020 y junio de 2025, pero solo el 27,5% derivó en multas o en derivaciones a fiscalías para evaluar cargos penales.
El resto se resolvió mayoritariamente con advertencias o notificaciones para corregir las irregularidades, aun cuando algunas exponían a los jornaleros a riesgos para la salud y las empresas acumulaban antecedentes.
PUBLICIDAD
Los registros estatales, difundidos por el diario estadounidense Los Angeles Times y analizados por Capital & Main, muestran que 4.885 acciones terminaron en sanciones económicas o derivaciones penales.
Las otras 12.857 no implicaron esos castigos, una diferencia que deja en evidencia el alcance limitado de la respuesta frente a incumplimientos de las normas de seguridad en el trabajo agrícola.
El análisis revisó 40.150 registros estatales de inspecciones, infracciones y sanciones civiles. Detectó que las multas solían oscilar entre USD 50 y USD 250 y que el monto por una misma falta podía variar de forma marcada según el condado.
Más de 240 compañías recibieron al menos 1.268 citaciones en distintos condados, sin pagar multas en casi la mitad de esos expedientes.
En el estado de California, la fiscalización cotidiana del uso de plaguicidas está a cargo de 55 comisionados agrícolas de condado.
El Departamento de Regulación de Pesticidas establece las directrices, capacita a los funcionarios y conserva facultades para aplicar la normativa estatal, pero los comisionados, nombrados por juntas locales de supervisores, no dependen directamente de las autoridades estatales.
PUBLICIDAD
Ese esquema permite que cada oficina local elija entre una carta de advertencia, una notificación formal o una multa según la naturaleza y gravedad de la infracción.
En la práctica, esa discrecionalidad produjo resultados dispares: un agricultor pagó USD 2.000 por no capacitar a aplicadores de plaguicidas, mientras otro abonó USD 200 por la misma falta en otro condado.
La capacitación de quienes manipulan esos productos figura entre las infracciones más habituales. Cada plaguicida requiere medidas de protección específicas y puede ocasionar daños graves; sin embargo, trabajadores consultados señalaron que sus empleadores no siempre les brindaron la formación requerida.
Una auditoría federal publicada en 2023 identificó incidentes graves relacionados con plaguicidas en seis condados y concluyó que los reguladores locales aplicaban de forma diferente las leyes de seguridad.
PUBLICIDAD
También determinó que no tenían la obligación de explicar por qué fijaban una multa ni de consultar el historial de incumplimientos de una empresa en otros puntos del estado.
Bianca Lopez, cofundadora y directora de proyectos de Valley Improvement Projects, afirmó que las cartas de advertencia y las notificaciones se emitieron más de dos veces por cada penalidad. Según sostuvo, esa relación pone en cuestión la rendición de cuentas y el efecto disuasorio del sistema.
Los comisionados agrícolas defienden la flexibilidad de los condados por las diferencias entre cultivos, temporadas y aplicaciones químicas.
Juan Hidalgo, comisionado agrícola del condado de Monterey, dijo que ese margen facilita el trabajo con los productores y la protección de las comunidades. La producción agrícola bruta del condado sumó USD 4.800 millones en 2025.
PUBLICIDAD
Los expedientes muestran incumplimientos en varias zonas agrícolas. En el Valle de Sacramento, un productor de fruta de carozo fue citado por múltiples deficiencias de seguridad.
En la Costa Central, un proveedor de semillas que cultiva pimientos, verduras y frutas acumuló más de 24 infracciones, algunas con riesgos sanitarios o ambientales.
En el Valle de San Joaquín, otro comercio agrícola con antecedentes fue sancionado por no entregar equipos de protección a sus trabajadores ni exhibir información médica de emergencia en los campos.
Estos casos integran el universo de compañías con citaciones que, en numerosos expedientes, no recibieron multas.
La experiencia de Paola Lopez, recolectora de pasas y madre de cuatro hijos, expuso las consecuencias de esas fallas. A fines de septiembre de 2025, durante su trabajo en un campo del condado de Fresno, un tractor que arrastraba un pulverizador circuló por una calle cercana y una descarga alcanzó su rostro y brazos mientras trasladaba cajones de uva en una carretilla elevadora.
PUBLICIDAD
Lopez relató que tuvo dificultades para respirar, irritación intensa en los ojos y problemas para ver. Las advertencias de los productos mezclados en la carga indicaban que podían ser dañinos si se inhalaban, provocar irritación grave en la piel y los ojos, y causar cáncer.
Tras el incidente, se comunicó con Nayamin Martinez, directora ejecutiva de la Red de Justicia Ambiental de California Central, donde había recibido formación sobre seguridad ante plaguicidas.
La organización denunció el hecho ante la oficina del comisionado agrícola de Fresno y señaló que la trabajadora vomitó y sufrió mareos.
La pesquisa se cerró a comienzos de junio con cinco infracciones, entre ellas la falta de un plan médico de emergencia, la ausencia de medidas para proteger a personas y fauna de la deriva de plaguicidas, y la falta de registros de seguridad.
PUBLICIDAD
La oficina del comisionado remitió el caso a la Fiscalía del Condado de Fresno para que considerara una acusación penal.
A mediados de septiembre, el expediente seguía bajo revisión y no había un plazo para decidir si se presentarían cargos, según Taylor P. Long, portavoz de la fiscalía.
Si el organismo descarta intervenir, el caso volverá al comisionado agrícola, que deberá calificar las faltas y definir las eventuales multas.
Lopez obtuvo cobertura de compensación laboral para sus gastos médicos, aunque afirmó que su salud empeoró y que fue derivada a especialistas en trastornos respiratorios y del sistema nervioso.
Regresó al campo pocos días después porque necesitaba ingresos, pese al dolor de garganta y la tos, pero dejó el trabajo antes de completar dos jornadas.
PUBLICIDAD
En junio, el Departamento de Regulación de Pesticidas propuso nuevas reglas para que los comisionados revisen si una empresa acumula citaciones en otros condados, expliquen con mayor detalle los casos en que no multan y apliquen mínimos más altos.
La iniciativa contempla castigos más duros para infractores reincidentes y podría adoptarse el próximo año, una vez concluido el período de comentarios públicos.
Productores individuales y más de una docena de asociaciones de agricultores, comercios agrícolas y firmas fumigadoras objetaron la reforma.
En una carta enviada en diciembre, la Comisión de la Fresa de California y la Asociación de Aviación Agrícola de California, entre otras entidades, afirmaron que “un enfoque de aplicación único para todos no tiene en cuenta la diversidad agrícola de California”.
PUBLICIDAD
Anne Katten, directora del Proyecto de Salud y Seguridad en el Trabajo con Plaguicidas de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California, pidió controles más firmes y uniformes para resguardar a trabajadores y comunidades.
Yanely Martinez, organizadora de Safe Ag Safe Schools, cuestionó que incumplimientos de las normas de notificación, incluso en fumigaciones próximas a escuelas, puedan recibir multas menores y opcionales.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.