Se retrasa audiencia para aceptar cargos de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, por falta de traslado a prisión
La audiencia en la que la ex vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti debía aceptar cargos por el caso Cooptación del Estado fue aplazada debido a que el Sistema Penitenciario no concretó su traslado al Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa.
La exfuncionaria permanecía en su residencia, pese a una orden judicial que dispuso su retorno inmediato a prisión.
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El juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, y los representantes del Ministerio Público (MP) se presentaron para la diligencia programada durante la mañana. Baldetti no compareció, al igual que su abogado defensor, Melkin Escobar.
La audiencia, que se realizó este lunes 9 de noviembre, correspondía al procedimiento especial de aceptación de cargos solicitado por la defensa de la exvicepresidenta dentro del proceso por presuntos actos de corrupción.
Según la información conocida durante la jornada, Baldetti había aceptado someterse a esta vía judicial, que también utilizó el expresidente Otto Pérez Molina en el mismo expediente.
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El aplazamiento se produjo después de que el centro de detención de mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona 18 de Ciudad de Guatemala, confirmara que Baldetti no se encontraba en el recinto.
La exfuncionaria tenía autorización para permanecer 60 días en su vivienda por razones de salud, pero el permiso fue revocado y el juez ordenó su reingreso el 4 de noviembre.
El Sistema Penitenciario (SP) explicó que no logró cumplir la orden porque no cuenta con una ambulancia para trasladar a Baldetti desde su residencia hasta la prisión. La defensa había planteado que, debido a los padecimientos de columna de la exvicepresidenta, el traslado debía realizarse en un vehículo de ese tipo.
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Durante la audiencia se intentó establecer si Baldetti había sido internada en un centro asistencial o si seguía en su vivienda. La ausencia de su defensor dificultó las gestiones para aclarar su situación y determinar por qué no se concretó la diligencia.
El juez había dado previamente un plazo de tres horas al SP para ejecutar el traslado. Sin embargo, la institución comunicó que no disponía de una ambulancia para atender el requerimiento judicial.
Ante la falta de un vehículo para movilizar a Baldetti, Orozco ordenó solicitar informes sobre la disponibilidad de ambulancias a los Bomberos Voluntarios, los Bomberos Municipales, la Policía Nacional Civil (PNC), el Hospital San Juan de Dios y la Empresa Portuaria Quetzal.
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La resolución no fijó un plazo específico para que esas instituciones respondan ni estableció una nueva fecha para la audiencia de aceptación de cargos. El proceso quedó suspendido hasta que se defina el mecanismo para trasladar a la exfuncionaria a la cárcel Santa Teresa.
El MP también solicitó que Escobar explique su inasistencia. La fiscalía sostuvo que el abogado conocía la fecha de la audiencia, debido a que el procedimiento especial fue promovido por la propia defensa. El juzgado le concedió 24 horas para presentar una justificación válida.
El defensor había remitido un escrito para pedir la suspensión de la diligencia, con el argumento de que no se había resuelto el traslado de Baldetti. En otro planteamiento, sostuvo que tenía una audiencia prevista para el mismo día, aunque el juez no aceptó inicialmente esa explicación.
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La orden vigente dispone el ingreso de Baldetti al Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, donde permaneció durante los últimos años. La exvicepresidenta sigue en su residencia mientras las autoridades buscan una ambulancia que permita ejecutar la disposición judicial.
La reprogramación de la audiencia dependerá de que se concrete su traslado y de que el abogado presente la explicación requerida por el juzgado. El caso Cooptación del Estado continuará pendiente de esas decisiones procesales.
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