Cuba en el podio de la trata de personas: misiones médicas, trabajo forzoso y represalias contra quienes intentaron escapar
Cuba permaneció en el Nivel 3 del Informe sobre la Trata de Personas 2026 porque su gobierno mantuvo un patrón de trabajo forzoso en programas de exportación laboral, incluidas las misiones médicas, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La evaluación concluyó que las autoridades no cumplieron los estándares mínimos para erradicar la trata ni realizaron esfuerzos significativos para alcanzarlos.
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Los datos oficiales más recientes corresponden a 2024 y fueron publicados por las autoridades cubanas en diciembre de 2025. Ese año se investigaron 14 casos de trata sexual, siete de ellos transnacionales, mientras que no hubo investigaciones por trata laboral.
El gobierno informó que procesó y condenó a 10 tratantes vinculados con siete casos nacionales. Ocho adultos recibieron al menos un año de prisión y dos menores fueron enviados a programas correccionales de trabajo juvenil.
Las cifras marcaron un retroceso frente a 2023, cuando se registraron 14 investigaciones, 20 procesamientos y 19 condenas. La mayoría de las causas se tramitaron bajo figuras penales que no aluden específicamente a la trata de personas.
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El Código Penal de 2022 castiga la trata laboral y algunas formas de trata sexual mediante el artículo 363.1. Las penas oscilan entre siete y 15 años de prisión cuando la víctima es adulta, y entre 10 años y cadena perpetua si se trata de una persona menor de edad.
La norma exige probar fuerza, fraude o coacción para configurar el delito, incluso en casos de explotación sexual infantil. Por ese motivo, no abarca todas las formas de trata sexual de menores, aunque el artículo 402.1 sanciona la explotación sexual de personas menores de 18 años con penas de entre siete y 15 años.
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El artículo 176.1 prevé entre tres y ocho años de prisión para trabajadores vinculados al gobierno que no completen una asignación en otro país o no regresen a Cuba al finalizarla. El Departamento de Estado señaló que esta disposición puede penalizar a posibles víctimas de trata laboral.
Las autoridades no investigaron ningún caso de explotación laboral y no procesaron ni condenaron a tratantes laborales desde al menos 2022. El informe sostuvo que funcionarios cubanos reclutaron y enviaron trabajadores al exterior mediante engaños, amenazas de represalias y otras prácticas coercitivas.
El programa estatal de exportación de mano de obra incluyó misiones médicas de las que se benefició el gobierno cubano. Según la evaluación estadounidense, los trabajadores fueron sometidos a condiciones de explotación y trabajo forzoso.
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El gobierno tampoco reportó medidas contra la complicidad oficial en delitos de trata. La corrupción y la participación de funcionarios siguieron siendo una preocupación que obstaculizó la actuación policial durante el período analizado.
El Ministerio de Justicia procesó a personas que abandonaron programas laborales patrocinados por el Estado tras denunciar explotación. Funcionarios también intimidaron y amenazaron a familiares de trabajadores que no completaron una misión y a quienes permanecían en el extranjero, con el objetivo de impedir que escaparan.
En materia de protección, las autoridades identificaron en 2024 a siete víctimas de trata sexual: una mujer y seis niñas. El gobierno cooperó con otros países en operaciones policiales y organizó capacitaciones sobre trata de personas para funcionarios administrativos y fiscales.
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