Paisaje protegido en Bariloche
La protección ambiental adquiere verdadero significado cuando produce consecuencias. Declarar una reserva, delimitarla en un mapa y aprobar un plan de manejo son decisiones importantes. Pero su verdadero alcance se comprueba cuando aquello que se decidió proteger entra en tensión con otros intereses también legítimos.
Eso ocurre hoy en San Carlos de Bariloche. Dos importantes emprendimientos turísticos avanzan en el circuito chico: Cauma, en la reserva natural urbana Laguna El Trébol, y el proyectado en el predio del antiguo hotel Osplad, dentro la de la reserva natural urbana Lago Morenito-Laguna Ezquerra. Ambas reservas se encuentran categorizadas como “paisaje protegido”.
Esta categoría no supone la intangibilidad del territorio ni prohíbe el desarrollo turístico, pero tampoco representa una mera denominación. La legislación de Río Negro contempla para estos paisajes actividades humanas e incluso turísticas, al tiempo que exige prácticas de ordenamiento dirigidas a mantener la calidad del paisaje. La protección, por lo tanto, debe tener efectos concretos sobre la forma, localización e intensidad de las intervenciones.
El caso de Morenito-Ezquerra resulta particularmente ilustrativo ya que la ordenanza que creó la reserva en 2010 describió al Lago Morenito como un ambiente “altamente vulnerable”, susceptible de ser modificado por un manejo intensivo o inadecuado de su cuenca, y reclamó una fuerte fiscalización de las intervenciones humanas.
Para elaborar posteriormente su Plan de manejo, la propia Municipalidad encargó estudios a universidades nacionales. El informe de la Universidad Nacional del Comahue identificó expresamente entre las amenazas el incremento de la densidad poblacional y los “emprendimientos de gran envergadura”, por sus posibles consecuencias sobre la fragmentación de los hábitats y la calidad del agua. Recomendó preservar grandes parcelas, bosques, lagunas y mallines, mantener corredores biológicos y limitar el incremento de la carga habitacional de la cuenca.
Esto no significa que cualquier emprendimiento resulte incompatible con la Reserva. Pero cuando se trata de un área especialmente protegida, debe además acreditarse y fundamentarse la compatibilidad del proyecto con los objetivos de conservación que justificaron la designación del área como tal. Así lo exige también la legislación ambiental que obliga a incorporar esa dimensión en las decisiones públicas y a actuar conforme los principios de prevención y precaución.
Existe, además, otra cuestión que las autoridades deberían considerar. Ambos proyectos pueden tramitar en expedientes diferentes, pero se localizan en un sistema ambiental estrechamente relacionado. El propio Plan de manejo de Morenito-Ezquerra incluye expresamente dentro de su área de influencia a la vecina reserva Laguna El Trébol, junto con el Circuito chico, el Lago Moreno y otros espacios vinculados. En otras palabras, si bien los expedientes pueden ser dos, el territorio es uno y requiere de un análisis integral y sistémico. Es por eso que, además de evaluar cada proyecto individualmente, resulta razonable exigir que se consideren los efectos que su coexistencia puede producir sobre los bosques, los cuerpos de agua, los corredores biológicos, las costas, los caminos y la infraestructura. Dividir administrativamente los proyectos no debería conducir a fragmentar la comprensión de sus consecuencias ambientales.
Bariloche requiere inversiones, empleo y desarrollo turístico. Precisamente por eso necesita reglas claras, previsibilidad y autoridades capaces de asegurar que las inversiones se adecuen a las características del territorio y no al revés. Tratándose de áreas protegidas, las autoridades deben explicar de manera fundada por qué aquello que pretenden autorizar resulta compatible con los objetivos que llevaron a protegerlas. En particular porque los estudios científicos que sirvieron de base al propio Plan de manejo advirtieron acerca de los riesgos asociados a la densificación y a los emprendimientos de gran escala.
Un paisaje protegido puede admitir desarrollo en la medida en que las propuestas sean armónicas con sus objetivos de conservación. Bariloche enfrenta ahora la oportunidad de demostrar que proteger su paisaje no significa impedir su desarrollo, sino establecer las condiciones para que este no termine destruyendo aquello que constituye su principal patrimonio.
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