Una nueva ley de Florida que prohíbe los programas de DEI deja a las autoridades de Tallahassee en apuros antes de la fecha límite del 1 de enero

El 26 de abril de 2026, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley SB-1134 que impide a los condados crear, mantener ni financiar oficinas, cargos o programas relacionados con diversidad, equidad e inclusión (DEI). Los comisionados del condado de León, que incluye a Tallahassee, parecen confundidos.

En octubre aprobaron un fondo de 68.000 dólares para el Consejo sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Niña del condado. La financiación expira el 31 de diciembre, es decir, un día antes de que entre en vigor la ley SB-1134.

El Consejo es un órgano asesor que durante años se ha dedicado a investigar y plantear cuestiones políticas como la pobreza derivada de la falta de pañales y productos de higiene menstrual.

Según la nueva normativa impulsada por DeSantis, sus actividades no podrían recibir ningún tipo de financiación ya que estaría dentro de los programas denominados DEI. Pero los comisionados no están tan convencidos de que sea así.

"Un retroceso en el tiempo"

Los líderes del condado afirman que existe confusión sobre lo que está permitido y lo que es ilegal. El comisionado Bill Proctor, entrevistado por el canal WTXL, calificó la ley como un "retroceso en el tiempo" y afirmó que carece de medidas específicas sobre lo que es "anti-DEI".

"Es algo muy amplio y por eso estamos obligando a las organizaciones a cambiar su lenguaje, a abandonar sus nombres históricos y a adaptarse a una identificación muy aséptica e insípida”, agregó Proctor.

La ley firmada por DeSantis establece que para recibir fondos públicos, esas administraciones locales deberán certificar que no los usarán para actividades relacionadas con DEI, lo que impactaría en el programa del condado debido a los antecedentes del Consejo.

Hace unos meses, también el condado de León, los comisionados debatieron una “reparación histórica” que ha sido largamente debatida y modificada para evitar que vaya en contra la ley SB-1134.

Las autoridades locales habían aprobado una medida para realizar un estudio de daños históricos y así, recibir algún tipo de compensación por la esclavitud y la discriminación racial. El total de subvenciones estatales que solicitaban ascendía a 16,8 millones de dólares.

En abril, la Comisión consideró modificar el pedido para que no infringiera la ley SB-1134. Luego, el fiscal del condado quedó a cargo de revisar la enmienda para eliminar cualquier referencia a reparaciones, esclavitud, inclusión, diversidad y equidad.

En su versión original, el proyecto exigía al condado realizar estudios de impacto y crear un fondo de restauración comunitaria para apoyar programas destinados a personas cuyos antepasados fueron esclavos o se vieron afectados de alguna otra manera por las leyes de Jim Crow y otras políticas. Una versión posterior eliminó las referencias a la esclavitud y la segregación.

La enmienda a la Carta del condado, titulada Daños Históricos, según la propuesta original, identificaba injusticias pasadas y financiaría futuras correcciones. La medida ya se había estancado previamente cuando hubo un empate en la votación del Comité de Revisión, pero en marzo logró ser reactivada y fue presentada ante la Comisión.

Entonces, la recién aprobada ley SB-1134 ya hacía sentir sus efectos, porque el condado enfrentaba el riesgo de perder una importante financiación para este proyecto.