Estados Unidos revocó la visa a Ricardo Roa y otros siete políticos colombianos: qué implicaciones tiene la decisión

Estados Unidos anunció la revocatoria de las visas de siete ciudadanos colombianos: Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol; Yahir Fernando Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Alberto Manzur, senador electo; Karen Astrith Manrique, representante a la Cámara electa; Julio Elías Chagüi Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadores; y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

La decisión plantea interrogantes sobre sus consecuencias migratorias, jurídicas y diplomáticas, especialmente frente a las restricciones para ingresar a territorio estadounidense y las diferencias con otras medidas, como las sanciones financieras. Nicolás Garzón, profesor del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, explicó a Infobae Colombia que se trata de una determinación discrecional de las autoridades estadounidenses, que tienen la facultad de otorgar y retirar los permisos de entrada a su territorio.

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El académico también se refirió a los posibles efectos de la medida en la relación bilateral entre ambos países.

La revocatoria implica que el documento deja de ser válido para ingresar a Estados Unidos. En consecuencia, la persona afectada no puede utilizar esa visa para viajar al país y debe tramitar un nuevo permiso si desea solicitarlo en el futuro.

La decisión corresponde a las autoridades estadounidenses y puede adoptarse sin que exista previamente una sentencia judicial contra el titular. Por esa razón, la cancelación de una visa no constituye, por sí misma, una condena penal ni demuestra que la persona haya cometido un delito.

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Garzón explicó que las consecuencias jurídicas inmediatas de la medida son limitadas y se concentran en la restricción migratoria. “Es una decisión que no tiene una implicación legal ni en Colombia ni en Estados Unidos. No significa automáticamente un proceso legal de ninguna naturaleza, en ninguno de los dos países. Es una decisión discrecional del Gobierno de los Estados Unidos el otorgamiento de ese permiso de entrada y, por supuesto, también el su retiro”, señaló el experto a este medio.

La revocación del visado tampoco significa que los afectados queden incluidos de manera automática en listas de sanciones financieras internacionales, pues no implica automáticamente el congelamiento de cuentas bancarias, el bloqueo de activos ni la prohibición general de realizar transacciones financieras.

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Esas consecuencias pueden derivarse de otras medidas, como la inclusión en la lista de sanciones administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), conocida por su relación con la denominada Lista Clinton.

Sin embargo, aunque una persona quera volver a solicitar una visa nuevamente, la aprobación dependerá de la evaluación de las autoridades consulares y de los requisitos migratorios aplicables. La revocatoria no garantiza que una nueva solicitud sea aceptada.

La decisión estadounidense también tiene un componente diplomático, pues comunica una posición del Gobierno de ese país frente a los ciudadanos afectados y a las conductas que motivaron el anuncio.

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Según las explicaciones sobre la medida, Estados Unidos la relacionó con señalamientos sobre corrupción y posibles vínculos con el narcotráfico. Estas referencias corresponden a los motivos expuestos por las autoridades estadounidenses y no equivalen, por sí solas, a una declaración judicial de culpabilidad.

El profesor Garzón consideró que la decisión también puede interpretarse como una señal de respaldo político al Gobierno colombiano encabezado por Abelardo de la Espriella, particularmente por los antecedentes de algunos de los sancionados y las diferencias con la administración anterior.

Es el caso, por ejemplo, de Ricardo Roa, sobre quien el académico señaló que existen elementos adicionales por el papel que desempeñó durante la campaña presidencial de Petro y su posterior llegada a la presidencia de Ecopetrol.

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Sin embargo, el experto advirtió que no prevé un cambio estructural en las relaciones entre ambos países como consecuencia exclusiva de esta decisión. “En general tampoco siento que vaya a cambiar nada estructuralmente”, afirmó Garzón.