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Friday, September 18, 2026

Lupa a más exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero: Fiscalía formaliza acusación por multimillonario contrato de $16.000 millones

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La Fiscalía acusó a exdirectivos y a un contratista de la administración Quintero por un contrato vial firmado en vigencia de la Ley de Garantías.

Exfuncionarios Daniel Quintero Foto: Fiscalía General de la Nación

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PERIODISTAActualizado:

La administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, vuelve a quedar bajo la lupa de las autoridades judiciales.

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra cinco personas, entre exfuncionarios del distrito y un contratista, por presuntas anomalías y maniobras jurídicas en la firma de un contrato interadministrativo que supera los 16.000 millones de pesos.

Las obras estaban destinadas a la recuperación e intervención de la malla vial y la infraestructura del transporte público en varias cuencas y comunas clave de la capital antioqueña.

Medellín

Malla vial de Medellín Foto:Alcaldía de Medellín

Entre los procesados por la Fiscalía se encuentran Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad de Medellín; Mauricio Alonso Zuleta Estrada, exsubsecretario técnico; Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria jurídica; Rubén Darío López Giraldo, exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura; y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.

Todos ellos deberán responder ante la justicia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mientras que sobre el exsecretario Torres Ojeda pesa adicionalmente el delito de falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con el material probatorio recabado por el ente investigador, los hechos se remontan a finales de junio de 2023, cuando se suscribió el multimillonario convenio para intervenir sectores como la comuna 10, Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.

Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad de Medellín.

Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad de Medellín. Foto:Archivo Particular

No obstante, el fiscal del caso evidenció que se apeló a la modalidad de contratación directa mediante la figura de contrato interadministrativo con la entidad Metroplús para evadir un proceso más riguroso de licitación pública.

Al tratarse de intervenciones físicas, demoliciones, pavimentación y adecuación de vías, la ley exigía una licitación abierta por ser estrictamente un contrato de obra pública.

Además de saltarse la licitación, la Fiscalía enfatizó en que el proceso vulneró flagrantemente el principio de planeación y la competencia institucional.

La #Fiscalía imputó el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales al exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; al exdirector Técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y al excontratista del Instituto… pic.twitter.com/0rywct6UV6

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 9, 2025

La Secretaría de Movilidad asumió la gestión de obras de infraestructura vial que no estaban dentro de sus funciones misionales —tarea que le correspondía a la Secretaría de Infraestructura Física—.

De igual manera, los estudios previos carecían de permisos, autorizaciones ambientales y licencias necesarias, sumado a la falta de justificación en el presupuesto. Estas omisiones provocaron que, tras la firma, se identificara la imposibilidad de ejecutar en su totalidad los ítems previstos para paraderos, semáforos y jardineras por falta de espacio técnico.

Santiago Fernando Ortega Mateos

Santiago Fernando Ortega Mateos Foto:Archivo Particular

Finalmente, las investigaciones determinaron que los acusados ignoraron de forma reiterada las advertencias formuladas sobre estas irregularidades y terminaron suscribiendo el contrato justo durante la vigencia de la Ley de Garantías.

Mientras Torres Ojeda firmó el contrato con pleno conocimiento de las fallas, los demás exfuncionarios y el contratista habrían otorgado viabilidades jurídicas y certificado requisitos en el trámite para aparentar legalidad en un proceso plagado de inconsistencias.

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