Lenia Batres llama "periodistas carroñeros" a quienes cuestionaron su doctorado y desata polémica
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, informó el pasado 5 de noviembre que recibió su título de Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato, con el que respondió a versiones que, según dijo, confundieron ese grado académico con un doctorado honoris causa.
En un video difundido en sus redes sociales, Batres afirmó que cursó “más de dos años de estudios” para obtener el título. Rechazó que el documento fuera un reconocimiento honorífico y sostuvo que se le intentó desacreditar a través de cuestionamientos contra la institución educativa.
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“Yo no ostento nada que no tengo”, declaró la ministra, quien señaló directamente a periodistas por haber dicho que ella presumía un doctorado honoris causa de esa universidad. Batres llamó a los comunicadores que la criticaron como “carroñeros”.
Lenia Batres describió a Tepantlato como una universidad privada mexicana con más de 30 años de existencia y con presencia entre integrantes del Poder Judicial. Aseguró que la institución ha formado a jueces y magistrados federales de la Ciudad de México.
Como ejemplos, mencionó al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de quien dijo que cursó maestría y doctorado en esa casa de estudios. También nombró al ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien, de acuerdo con Batres, realizó ambos posgrados en Tepantlato.
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La ministra añadió que dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también son egresados de la institución, aunque no dio sus nombres. Consideró que las críticas dirigidas hacia ella buscaban desacreditar a una universidad “que ni la debe ni la teme”.
Batres reconoció que Tepantlato no es Oxford, Harvard o Yale, pero defendió su carácter nacional. “Es 100 por ciento mexicana, no es Oxford, no es Harvard, no es Yale. Es una universidad mexicana privada”, expresó.
Lenia Batres explicó que le habría gustado mostrar un título de la UNAM, institución a la que dijo tener respeto y orgullo, pero señaló que las responsabilidades laborales y el tiempo disponible influyen en la elección de dónde estudiar.
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Relató que cursó una maestría y tiene pendiente un doctorado en Estudios de la Ciudad. Precisó que obtuvo mención honorífica en la maestría.
Su tesis de maestría en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) abordó las formas de gobiernos locales de la CDMX a lo largo de su historia. También estudió una maestría en Gestión Pública en la Escuela de Administración Pública de la capital, donde elaboró una investigación sobre políticas urbanas de vivienda y propuso un programa habitacional para la entidad.
Batres señaló que terminó una maestría en Derecho Penal en la Universidad Humanitas en 2011. Explicó que regresó posteriormente para actualizarse en el sistema penal acusatorio y los juicios orales, proceso que le tomó casi un año antes de titularse.
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La ministra confirmó que recibió un doctorado honoris causa hace aproximadamente 10 años, aunque aclaró que no lo presume porque “no tiene valor curricular”. En cambio, sostuvo que su doctorado en Derecho Constitucional sí corresponde a estudios realizados y ofreció mostrar el título a quien quisiera conocerlo.
La SCJN validó el pasado 21 de octubre la entrega directa de al menos 10 % de los recursos del FAIS a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026. El Pleno concluyó que la medida permite ejercer los derechos establecidos en el artículo 2 de la Constitución, incluidos la personalidad jurídica, el patrimonio propio y la capacidad de recibir y administrar recursos públicos.
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Lenia Batres sostuvo durante la sesión que el autogobierno indígena y afromexicano debe acompañarse de transferencias presupuestales directas. Recordó que la anterior integración de la Suprema Corte invalidó una ley de Michoacán que preveía distribuir recursos municipales entre comunidades indígenas.
Batres se refirió a la controversia constitucional 17/2022, vinculada con la comunidad de Crescencio Morales. El debate, realizado en abril de 2024, ocupó siete sesiones y examinó si esa comunidad podía recibir recursos del municipio, pese a que existía una ley aprobada por el Congreso de Michoacán.
La ministra Yasmín Esquivel respondió que el criterio mencionado por Batres fue superado mediante el amparo directo en revisión 782/2024, resuelto el 2 de julio de 2025. De acuerdo con Esquivel, esa decisión siguió la misma línea argumentativa del proyecto discutido por el Pleno el pasado 21 de octubre y señaló a Batres que su voto en ese sentido fue en contra
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