EPM y el Metro de Medellín bajo amenaza de las disidencias de las Farc: la estrategia terrorista de la célula urbana en la capital de Antioquia

En plenaria de la Cámara de Representantes, se conoció que dos de las principales entidades de la región serían objetivo del GAO-r 36.

Según cifras de la Gobernación de Antioquia, en los últimos años, las disidencias de las Farc han crecido en aproximadamente un 70% en el departamento. El Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio son las principales subregiones en las que se ha acentuado la presencia de las diferentes subestructuras de este grupo armado organizado; el aumento de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal son causa y efecto principales de ese aumento en la presencia disidente.

Parte de ese crecimiento de las disidencias también se articula con un componente subrepticio y que se desarrolla a la sombra de las estructuras criminales del Valle de Aburrá: la consolidación de las células urbanas de los grupos armados organizados, en este caso, del frente 36 de las disidencias.

En parte, gracias a la modificación del accionar de los grupos delincuenciales organizados tradicionales del Valle de Aburrá, orientado a la operación como empresas criminales, se ha posibilitado el ingreso de integrantes de las disidencias al contexto urbano en el marco de alianzas y negocios entre GDO y GAO.

El objetivo de este tipo de estructuras urbanas es generar terror en el contexto de ciudad y aprovecharse de la consolidación de Medellín como corredor internacional de negocios ilícitos para movilizar sus economías y operaciones. 

Para la muestra, en 2025, el frente 36 de las disidencias de las Farc movilizó una célula urbana en el área metropolitana de la capital de Antioquia con el propósito de generar terror en la principal urbe de la región.

Su metodología fue el ataque a torres de energía proveedoras del servicio en las periferias del Valle de Aburrá: la primera se registró el 17 de junio en el sector del puente de La Asomadera, en Buenos Aires; el 10 de septiembre, los disidentes volvieron a atacar una torre en este sector, pero esta vez puntualmente en el barrio Loreto; finalmente, el 15 de octubre una torre fue atacada en el barrio La Gabriela, en jurisdicción del municipio de Bello.

Producto de estos episodios, las autoridades desplegaron la Operación San Martín, la cual les permitió establecer que esta estructura se encargaba del desarrollo de actividades logísticas, de abastecimiento, financieras, además de reclutamiento forzado, secuestros extorsivos y transporte de estupefacientes y material bélico.

Información de inteligencia conocida por EL TIEMPO en marzo de 2026 señala que Medellín y Bello, específicamente, fueron elegidos por el GAO-r 36 como área de asentamiento y zona de coordinación de actividades criminales.

El mencionado operativo le permitió a las autoridades establecer que la célula estaba conformada por un limitado grupo de beligerantes. Finalmente, esta célula fue desarticulada el 13 de marzo pasado por medio de una serie de diligencias de allanamiento y registro simultáneas. Sin embargo, esto no representó el final del accionar criminal de las disidencias en el contexto urbano.

Esta premisa es clave para entender los hechos denunciados en el Congreso de la República días atrás.

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EPM denuncia riesgos operacionales

Fue el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, quien en sesión plenaria reveló un documento que le había sido allegado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el cual se retomaban denuncias que fueron realizadas por el alcalde Federico Gutiérrez y el gerente de esa entidad, John Maya, meses atrás.

En la comunicación fechada el 28 de octubre y firmada por el jefe de Seguridad de EPM, Daniel Francisco Moreno, la empresa prestadora de servicios públicos en Antioquia denunció millonarias extorsiones, control territorial beligerante en zonas de operación de la entidad y riesgos para la seguridad operacional.

La misiva dirigida al representante del movimiento Creemos cuenta con cuatro puntos. En común tienen que son situaciones que evidencian actividades de control territorial por medio de ilícitos. 

El primer punto hace referencia a 'Los acuerdos de Doha', firmados en diciembre de 2025 entre el Gobierno del expresidente Gustavo Petro y el 'clan del Golfo'. Estos preveían pilotos de confianza y Zonas de Ubicación Temporal en cuatro municipios de Antioquia. 

Según EPM, una vez el Gobierno De La Espriella se posesionó, los acuerdos terminaron y los ilegales retomaron las ofensivas, particularmente en el Bajo Cauca de Antioquia. Como parte de las acciones de control territorial, el 'clan del Golfo' instauró controles contra funcionarios de EPM como permisos escritos de ingreso, retenciones y expulsión de cuadrillas. Además, provocó paros armados y bloqueos que, de acuerdo con la empresa, "ponen en riesgo a las personas, la operación y las inversiones de EPM en el territorio donde tiene presencia".

Haciendo un salto intencional, el tercer punto de la carta evidencia lo mencionado por EPM al final del primer punto, haciendo referencia a las actividades de minería ilegal que amenaza la infraestructura de las centrales hidroeléctricas de Porce II y III, ubicadas en las golpeadas subregiones del Norte y Nordeste antioqueño. 

Allí, EPM identificó el aumento de la minería ilegal cerca del túnel de conducción de las centrales. La empresa detectó 26 socavones, una draga y dos campamentos con aproximadamente 124 personas.

Además, Empresas Públicas referenció como evidencia de las afectaciones de estas actividades en la operación de la central un episodio registrado en enero de 2025, cuando un jarillón de mineros 'estranguló' el río Porce. 

EPM afirma que las centrales corren riesgos como daños a la central por detonaciones, represamientos o deslizamientos asociados con minería ilegal, sin contar con los riesgos propios de las disputas por el control de dichas actividades mineras que se han recrudecido entre el frente 36 de las disidencias, el Eln y el 'clan del Golfo'. 

El cuarto punto de la carta denuncia una situación similar que han identificado en el sector de Granizal, en el norte del Valle de Aburrá, donde denuncian control criminal y riesgos para la seguridad operacional por cuenta del funcionamiento de las redes no convencionales de acueducto en este sector, que es un asentamiento informal con alrededor de 30.000 personas. 

EPM citó una serie de alertas de la Defensoría del Pueblo que dan cuenta de que estructuras ligadas al 'clan del Golfo' cobran cuotas por agua cruda y revenden agua potable, generando afectaciones en la operación de la empresa prestadora de servicios que lleva el agua al sector como contratista de la Alcaldía de Bello. 

Según la entidad, han registrado amenazas a conductores y líderes sociales que interrumpieron el suministro, además de conexiones ilegales en la aducción El Toldo-La Tablaza.

Pero fue el segundo punto, el que se omitió de manera intencional previamente, el que motivó la alerta generalizada de la opinión pública.

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El Metro e Hidroituango, en la mira

En ese apartado, se lee: "Entre agosto de 2025 y comienzos de 2026, el Frente 36 comenzó a hacer exigencias monetarias a EPM y, para presionar, instaló dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango: un soldado resultó herido y un sargento murió, y el proyecto estuvo cerca de una semana sin recibir carga crítica. Las exigencias llegaron a $5.000 millones de entrada y $500 millones mensuales, con amenazas contra el proyecto, el Metro y la Alcaldía de Medellín; la interlocución se manejó con el Gaula, Fiscalía y CTI. Mientras tanto, el grupo atentó contra tres torres de transmisión en Medellín y Bello, y en marzo de 2026 hubo sobrevuelos de drones sobre la central. EPM restringió el acceso del personal a zonas rurales de Briceño y a al menos 17 veredas de manera transitoria".

Ese acápite hace referencia a múltiples denuncias que fueron reportadas por EL TIEMPO en su momento, producto de un episodio insólito.

El 1 de marzo de 2026, horas antes de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se embarcaran en un viaje al Norte del departamento para visitar el proyecto Hidroituango con más de 100 periodistas, desde los equipos de comunicaciones de ambos mandatarios se anunció que habían recibido una alerta referente a un presunto plan para atentar contra los mandatarios durante el recorrido que estaba programado en la hidroeléctrica en la mañana del 2 de marzo.

Según la información conocida inicialmente, la alerta se derivó del sobrevuelo de un dron de gran capacidad por la zona del proyecto que sería epicentro de la visita de los mandatarios y los medios. Además, revelaron que, tras las verificaciones iniciales realizadas por los equipos de ambas administraciones, se estableció que sería un dispositivo piloteado por el frente 36 de las disidencias de las Farc.

El recorrido fue cancelado y, en su lugar, los mandatarios citaron a una rueda de prensa en la Gobernación de Antioquia, en la cual, en compañía del gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya Salazar, y el director de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez Arango, revelaron detalles del ataque y de las acciones que vendría adelantando esta estructura al margen de la ley contra el proyecto y la empresa prestadora de servicios de la región. 

El alcalde de Medellín tomó la palabra y reveló detalles de la alerta.

"Entre las 9:30 y las 10 de la noche tenemos una llamada entre el Gobernador, equipos de seguridad y  Ejército donde nos advierten de la existencia de sobrevuelos constantes de un dron. Nos advierten que era de disidencias Farc igual al que fue incautado en San Andrés de Cuerquia en días pasados y que además era un dron de alta capacidad".

Además, el alcalde reafirmó "No es información que hayamos recibido de otras fuentes, la recibimos de la fuerza pública. Nosotros no vamos a entrar a confrontar con comandante de Ejército ni fuerzas militares, por lo contrario, tienen nuestro apoyo, pero si exigimos seguridad para la región. El frente 36 de Calarcá tiene tomada esta zona del país".

Posteriormente, el alcalde y el gobernador hicieron revelaciones alarmantes con respecto a la operación de Empresas Públicas de Medellín, particularmente en el proyecto de Hidroituango.

"EPM viene siendo extorsionado por el frente 36. Hay una célula de esta organización en Medellín", reveló Federico Gutiérrez.

'Fico' añadió: "El año pasado recibimos un mensaje de autoría del frente 36 de las disidencias diciendo que ya estaban adentro de Hidroituango".

El alcalde aseguró que, acompañando a ese mensaje, los presuntos disidentes habrían enviado un video desde el interior de la sala de máquinas de la hidroeléctrica de Ituango.

Al respecto cómo se pudieron haber infiltrado los disidentes en el corazón del proyecto, el gerente de EPM, explicó: "En este momento en el proyecto tenemos mas de 4.000 trabajadores, un porcentaje muy alto es personal de la zona, esto hace que sea más factible que una persona ingrese, es un modus operandi que manejan. El video era de carácter extorsivo pidiendo prebendas a las que no hemos cedido".

Respecto a los ataques contra la infraestructura eléctrica del Valle de Aburrá, fue precisamente la célula urbana de las disidencias, desarticulada el 13 de marzo, la que protagonizó esos ataques. 

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Sin embargo, la mención que hizo EPM sobre presuntas amenazas contra el Metro de Medellín representa un escalamiento de los riesgos en el contexto urbano, pues un ataque contra la infraestructura del sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá no solo pone en riesgo a miles de ciudadanos que se movilizan a través del territorio diariamente en los trenes, sino que también amenaza con desatar el caos vehicular comprobado que generaría cualquier tipo de afectación estructural contra la operación comercial de las líneas del Metro, llevando al Valle de Aburrá a un colapso en materia de movilidad. 

Tanto Empresas Públicas de Medellín como la empresa Metro allegaron a la Fiscalía General de la Nación la información correspondiente a las mencionadas amenazas que serían de autoría de las disidencias de las Farc. EL TIEMPO consultó a ambas entidades en busca de detalles al respecto; sin embargo, fueron tajantes al indicar que no habría ningún tipo de pronunciamiento.

Por su parte, el representante Simón Molina se remitió a su llamado realizado ante la plenaria del congreso durante el debate de control político en el que se revelaron las denuncias: "El Gobierno tiene que recuperar el Bajo Cauca con la fuerza necesaria, desmantelar al Clan del Golfo y garantizar que nadie vuelva a ponerle la mano encima a Hidroituango. El que se meta con la infraestructura del país se enfrenta al Estado”.

La presencia de células urbanas de las disidencias en el Valle de Aburrá está comprobada y, en el marco de las amenazas contra los baluartes de la capital de Antioquia, las autoridades de la región mantienen la alerta en atención a las denuncias de EPM, el Metro y la Alcaldía de Medellín. 

Periodista de Nación, en Medellín. 

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