En Cartagena nace el Comité Pro Islas para frenar la fuga del tributo ambiental y ordenar los zarpes hacia las islas del Rosario, Barú y Tierrabomba

Pondrán en cintura la ilegalidad en el zarpe desde diversos puntos de la Bahía de Cartagena.

Una vez implementado el transporte público marítimo por la Bahía de Cartagena, Aquabus, La Bodeguita y todos los muelles de la ciudad tendrán que enfrentar cambios profundos.

De hecho, desde el año pasado, cuando comenzaron a operar los cruceros de lujo por el río Magdalena (AmaMagdalena y AmaMelodía, de la naviera AmaWaterways), el Muelle de La Bodeguita viene enfrentando cambios y modernización. 

Es por ello que el Distrito de Cartagena y el Gobierno Nacional pusieron en marcha una alianza estratégica orientada a meter en cintura la salida de embarcaciones turísticas desde muelles privados y marinas no reguladas hacia la zona insular. 

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El acuerdo, formalizado tras una reunión entre el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz, y la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Sandra Bessudo, contempla la creación del denominado Comité Pro Islas, un espacio interinstitucional que busca ordenar las operaciones marítimas, frenar la evasión del impuesto de ingreso al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, y destinar recursos directos a la protección de arrecifes, manglares y pastos marinos.

La medida surge en respuesta a un diagnóstico institucional preocupante: mientras en el tradicional Muelle de La Bodeguita se recauda con rigor la tasa ambiental por pasajero, diariamente zarpan decenas de lanchas, yates y naves desde marinas informales o muelles privados ubicados en la bahía sin que los turistas paguen la tarifa destinada a la conservación. 

Esta evasión sistemática ha dejado a Parques Nacionales sin fuentes cuantiosas de financiación, justo cuando la presión del turismo masivo demanda mayores inversiones en señalización, boyado y protección de ecosistemas frágiles en Barú, Tierrabomba e Islas del Rosario.

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Empadronamiento de marinas y endurecimiento de controles de zarpe

La hoja de ruta contempla una convocatoria prioritaria a mediados de octubre para sentar en la misma mesa al Ministerio de Ambiente, la Dirección General Marítima (Dimar), la Agencia Nacional de Tierras, Cardique, la Alcaldía de Cartagena y a representantes de las comunidades insulares. Dentro de los compromisos iniciales, Bessudo propuso realizar un censo detallado y una caracterización técnica de todas las marinas de la ciudad con el acompañamiento de la Dimar, para determinar cuáles instalaciones cumplen con los requisitos de ley para ser autorizadas como puntos oficiales de zarpe hacia el archipiélago.

A la par del reordenamiento físico, la estrategia exigirá el cumplimiento estricto de pólizas de seguro, permisos ambientales y licencias operativas a agencias de viajes, hoteles, prestadores de servicios náuticos y empresas de alquiler de naves recreativas. 

“El Comité Pro Islas busca fortalecer el cobro del impuesto para ir a los parques naturales. Que no solo se cobre en La Bodeguita, sino que se fortalezca el control y la logística para que se cobre en todas las marinas de Cartagena”, sostuvo Turbay, quien subrayó que la autoridad marítima ejercerá vigilancia sobre las zonas de embarque para asegurar que cada visitante contribuya a la sostenibilidad del destino.

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Rumbo al turismo regenerativo en Cartagena

Más allá de la fiscalización tributaria y el control policial a las naves, la agenda pretende fijar las bases de un modelo de turismo regenerativo en el que el desarrollo económico de los operadores no amenace la supervivencia del tejido social ni la biodiversidad marina. El plan contempla la delimitación mediante sistemas de boyado en los perímetros de arrecifes de coral, la protección activa de las lagunas costeras y la restauración de los bosques de mangle, barreras naturales decisivas para contrarrestar la erosión costera y los efectos del cambio climático.

El mandatario distrital remarcó que las decisiones adoptadas marcan el inicio de una etapa de gestión ambiental vinculante para la zona insular. “Ser Biodiverciudad no puede quedarse en un anuncio oficial. Tiene que convertirse en decisiones, inversiones y acciones concretas para proteger la riqueza natural que tenemos”, puntualizó Turbay, al reafirmar que los recursos recaudados a través de las marinas autorizadas se reinvertirán de manera transparente en la preservación de los ecosistemas insulares y en el bienestar de las poblaciones nativas del área de influencia.

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