Salario mínimo de 2027 elevaría las pensiones de un salario mínimo pagadas por Colpensiones: así quedarían según las proyecciones

Colombia está a poco menos de dos meses de establecer el aumento del salario mínimo de 2027. Este definirá el reajuste de las mesadas que equivalen a ese ingreso básico y modificará los recursos necesarios para pagarlas en el país. La variación tendrá efectos directos sobre las obligaciones de Colpensiones, cuya nómina es de 1.864.080 pensionados (corte a diciembre de 2025), según los reportes oficiales de la entidad.

Por eso, un aumento del salario mínimo para 2027 elevaría en la misma proporción las pensiones fijadas en ese valor y ampliaría las obligaciones de Colpensiones. El impacto fiscal dependerá del porcentaje final y de la cantidad de beneficiarios expuestos, mientras que las mesadas superiores al mínimo se actualizan, por regla general, con la inflación anual del año anterior.

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Como se recordará, la remuneración de 2026 quedó fijada en $1.750.905. Sobre esa base se elaboraron ya estimaciones para 2027, aunque los porcentajes planteados hasta ahora no corresponden a una decisión oficial ni a un incremento confirmado. Teniendo en cuenta que la inflación anual cerró septiembre de 2026 en 6,29%, y que este indicador es el denominado “piso” para la negociación, ya hay varias estimaciones, con una inflación anual proyectada cercana al 7% al cierre de 2026. Entre ellas están:

• Con un ajuste de 8%, la mesada mínima subiría unos $140.072 mensuales y llegaría a $1.890.977.
• Si el incremento fuera de 9,5%, el aumento sería cercano a $166.336 y el pago mensual alcanzaría $1.917.241.

El Gobierno nacional, los representantes empresariales y las organizaciones sindicales discutirán el aumento desde finales de noviembre de 2026, dentro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, creada por la Ley 278 de 1996.

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El 15 de diciembre vence el plazo para lograr un acuerdo y, si no lo hay, la negociación podrá extenderse hasta el 30 de diciembre antes de que el Gobierno expida un decreto; el nuevo mínimo regirá desde el 1 de enero de 2027.

Para la CEO de Lexacty, Audrey Rodríguez, la discusión debería mantenerse entre 8% y 10%, tras el dato de inflación de septiembre divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística: “Mantengo mi postura personal y es que el aumento debería moverse en un rango prudente entre el 8% y máximo un 10%”.

Señaló que la inflación de septiembre fue de 6,29%, aunque prevé un cierre anual más próximo al 7% por el encarecimiento de los alimentos y las tarifas de energía. “Si a ese cierre le sumamos alrededor de un punto de productividad, la discusión arranca técnicamente sobre el 8%”, indicó. Advirtió que superar el 10% alejaría el debate de las condiciones macroeconómicas.

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“Irme más arriba de un 10% sería entrar en propuestas desbordadas o en un terreno político que no corresponde a la realidad macroeconómica”, dijo.

Rodríguez también mencionó los costos que el salario representa para las empresas: aportes de 8,5% a salud, 12% a pensión, parafiscales, primas y cesantías. Según explicó, varias compañías elevaron los precios de sus productos para formar reservas destinadas al pago de nóminas y otras obligaciones laborales.

“Un incremento entre el 8% y el 10% es la salida técnica más sensata para proteger el bolsillo de la gente frente a la canasta familiar sin ahogar la caja de las empresas”, explicó la líder gremial.

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El Centro de Pensamiento Económico Anif calculó que el incremento de 23,7% aplicado al salario mínimo de 2026 generó un desfase cercano a $3,2 billones para Colpensiones, con información disponible hasta julio. Y es que el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 se elaboró con el supuesto de un aumento de 7,5%, por debajo del ajuste que finalmente entró en vigor.

Dicho compara el incremento observado con ese escenario presupuestal de 7,5% e incorpora 13 mesadas anuales, el aumento de las cotizaciones y el efecto de arrastre sobre pensiones apenas superiores al mínimo. Este último se presenta cuando una mesada reajustada con inflación queda por debajo del nuevo salario mínimo y debe elevarse hasta ese valor.

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La presión coincide con las necesidades de recursos para pagar las mesadas de noviembre y diciembre de 2026. El Ministerio del Trabajo estima un faltante de $5 billones, mientras la Contraloría General de la República calcula requerimientos por $4,2 billones; Anif advierte que las diferencias entre ambos cálculos y otros factores presupuestales pueden explicar una parte de la brecha.

La exposición se concentra en el Régimen de Prima Media, que registraba 1.934.498 pensionados en la información analizada por Anif:

• De ese total, 1.176.819 pensionados recibían exactamente un salario mínimo, equivalentes al 60,8% o cerca de 1,18 millones de personas.
• Otros 408.993 beneficiarios, el 21,1% del total, tenían pensiones superiores a uno y de hasta dos salarios mínimos.
• La nómina mensual completa ascendía a $5,56 billones, de los cuales $2,07 billones correspondían a quienes recibían una mesada equivalente al mínimo, cifra que Anif también describe como aproximadamente $2,1 billones.
• En febrero, Anif había estimado un costo anual adicional de $3,1 billones frente a un escenario de alza de 6%, basado en inflación y productividad.
• La actualización de septiembre elevó el cálculo a $ 3,2 billones bajo el supuesto presupuestal de 7,5%, lo que refleja cómo los cambios del mínimo repercuten en una porción amplia del gasto pensional y tensionan las cuentas públicas.