Nuevo mapa de riesgo en Medellín: el dilema de actualizar el POT entre la protección de la vida y el freno a la vivienda

El Proyecto de Acuerdo reordena las zonas de amenaza en la ciudad e impulsa el debate sobre asentamientos informales y proyectos constructivos.

El Concejo de Medellín dio inicio esta semana a las jornadas de socialización del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, una iniciativa que busca realizar la revisión y ajuste de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), así como la modificación excepcional de sus normas urbanísticas para incorporar los nuevos Estudios Básicos de Amenaza.

Elaborados con el apoyo técnico de la Universidad Eafit, estos estudios actualizan la cartografía distrital frente a fenómenos como movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, un paso exigido por la Ley 1523 de 2012, pero que reabre un complejo debate sobre el futuro habitacional, el uso del suelo rural y la regularización de barrios informales.

Durante la primera sesión, llevada a cabo este lunes 14 de septiembre, la Administración Distrital expuso que el mapa técnico actual presentaba serios rezagos.

Durante la #PlenariaCM, el concejal @AquinoTicias1 planteó una reflexión sobre los cambios en los mapas de riesgo y cuestionó la forma en que estos estudios se articulan con los instrumentos de ordenamiento territorial y las necesidades de las comunidades de Medellín.

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— Concejo de Medellín (@ConcejoMedellin) September 14, 2026

Según la articuladora ambiental del POT, Alejandra Díaz Rivera, en el seguimiento del ordenamiento territorial se evidenció que para el año 2025 solo el 50 % de las zonas catalogadas con condición de riesgo contaban con estudios detallados, además de presentar una cartografía desactualizada frente a los eventos recientes y las transformaciones de la ciudad.

"Tenemos un análisis en términos de movimientos de masa, de distancia de viaje, que significa que lo que ocurre en las partes altas también afecta a las partes de abajo", explicó Díaz Rivera al recordar la topografía de la capital antioqueña: "Es muy importante reconocer que el territorio donde vivimos es un valle, entonces tenemos unas áreas más escarpadas y unas pendientes más altas y que la probabilidad de que ocurra un movimiento de masa es alta".

Uno de los puntos centrales del debate es el contraste territorial que introduce esta nueva lectura técnica, especialmente en la periferia. Díaz Rivera detalló que, al analizar la zonificación cartográfica, "la zona rural fue la que mayor cambió, ya que pasó de esa condición de amenaza baja a una condición de amenaza alta".

Este ajuste ha generado preocupación entre los corporados frente al desarrollo constructivo y la planificación económica campesina. Sin embargo, en el casco urbano el panorama muestra variaciones: algunas áreas antes catalogadas como de riesgo no mitigable pasarían a ser mitigables o revisables, abriendo la puerta para adelantar procesos de regularización e instalación de servicios públicos domiciliarios.

Frente a la alarma que genera la reclasificación de zonas vulnerables, los voceros del Concejo recalcaron la necesidad de transmitir tranquilidad a la ciudadanía.

El concejal Andrés Felipe Tobón Villada, coordinador de ponentes, enfatizó que una categoría de amenaza no equivale a una orden de desalojo inmediata, sino que exige priorizar recursos para salvar vidas. 

Tobón planteó que el Distrito debe seguir una ruta técnica clara: ejecutar primero los estudios de detalle en los asentamientos informales con mayor amenaza, modelar posteriormente las alternativas y diseños de mitigación e impulsar, de manera paralela, las obras de mejoramiento integral de barrios y esquemas de reasentamiento donde sea estrictamente necesario.

Por su parte, otros corporados ponentes advirtieron sobre el impacto que estas restricciones ambientales pueden generar sobre la crisis habitacional de Medellín. 

Con la nueva propuesta, cerca del 20 % del territorio distrital presentaría condicionamientos severos que impedirían la edificación de nuevas estructuras, lo que generó alerta debido al déficit de vivienda existente.

Los concejales instaron a la Administración a precisar con urgencia las obras de mitigación para garantizar que las normas de gestión del riesgo no se conviertan en un obstáculo insuperable para las familias que necesitan construir o consolidar sus predios.

Ante estas inquietudes, la directora de Planeación Distrital, Luz Ángela González, destacó que el Proyecto de Acuerdo 104 es el resultado de un proceso participativo en el que se sistematizaron 440 aportes ciudadanos, alcanzando un índice de incidencia del 66,9 %.

Asimismo, las autoridades indicaron que el Distrito ya se encuentra avanzando en la caracterización profunda del terreno.

Actualmente, mediante un contrato en ejecución con la Universidad Nacional, se están interviniendo las Áreas con Condición de Riesgo (ACR) priorizadas: el 63 % de estas por movimientos en masa y el 61 % por inundaciones y avenidas torrenciales, lo que permitirá a la ciudad contar con la información precisa para definir la viabilidad y ejecución de las obras de ingeniería requeridas.

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