Un cuento demasiado retorcido

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Ha pasado poco más de una semana desde que el 21 de octubre Interferencia revelara que el gobierno, a través de decretos, había rebajado las condenas de 56 delincuentes encarcelados por abuso sexual y violación de niñas y niños. A partir de esa fecha las explicaciones que ofrecería el Ejecutivo para justificar tal cosa variarían diariamente según la autoridad consultada y las filtraciones internas que llegarían a la prensa. En un principio el procedimiento fue calificado de “impecable”, pero en el trascurso de las horas debió ser justificado como la consecuencia de un “vacío legal” y alineado a un supuesto criterio único de la Corte Suprema que no era tal. Mientras las vocerías contradictorias de las autoridades se acumulaban formando un menjunje de medias verdades y conceptos de derecho penal inasibles en el contexto mediático imperante, la opinión pública iba conociendo a cuentagotas los casos involucrados en el proceso. La prensa fue informando que entre los favorecidos con el criterio establecido por el Ministerio de Justicia había pederastas cuyas víctimas, todas menores de 14 años, habían sufrido abusos y violaciones reiteradas durante períodos prolongados y que gracias a la gestión del gobierno quienes perpetraron esas transgresiones ahora gozaban de libertad sin que sus víctimas -vecinas, familiares- fueran advertidas de la situación. Ya no se trataba simplemente de una cantidad de individuos que había cometido ciertos delitos, sino de historias muy perturbadoras de criminales que sólo se revelan como tales cuando las condiciones les favorecen y cuyas posibilidades de rehabilitación son escasas. Las autoridades parecían no percatarse de lo que habían hecho: traicionar una vez más sus propias promesas de campaña -sobre seguridad, sobre el cuidado de la infancia- y obligar a la ciudadanía a ser testigo de primera fila de un desborde de historias putrefactas. El aplomo con el que se dieron las justificaciones iniciales sintetizadas en la palabra “impecable” se diluyó el pasado lunes, cuando en conferencia de prensa el Presidente José Antonio Kast reconoció que se había cometido “un error muy grave”. Lo hizo con el ministro Rabat presente, pero en lugar de anunciar su reemplazo, lo confirmó en el cargo, explicando que sería el mismo Rabat quien debería resolver el entuerto, en un gesto solo comparable al de un padre de familia que decide enviar al hijo adolescente a limpiar las consecuencias de su descontrol juvenil durante una fiesta alocada en la casa del vecino. La mirada doméstica de los asuntos públicos, muy usual en ciertos sectores sociales del país, cobraba una nueva forma.

En el ínterin había una pregunta que no acababa de responderse: cuál era la razón de fondo para haber cambiado el criterio de rechazar los beneficios por buena conducta solicitados por condenados por delitos sexuales. Aunque durante los primeros días se sugirió que podría haber sido solo el producto de un error debido a la inexperiencia de ciertos asesores, las filtraciones desde el mismo ministerio indicaron que fue el propio Rabat quien decidió desechar el principio usado por el gobierno anterior -considerar las peticiones un “beneficio” y no un “derecho” del condenado para luego derivarlas a los tribunales- y comenzar a firmar los decretos que hacían más expedita la rebaja de condenas, pese a las advertencias de sus asesores. Es decir, la posibilidad de que el ministro estuviera asumiendo la responsabilidad de un subordinado no sería la correcta y la duda sobre la razón de fondo para el cambio de principio -tal vez economía de recursos, quizás sentar precedente para otro tipo de condenados- se mantenía. La responsabilidad directa de Rabat en el asunto fue reafirmada con la insólita intervención del subsecretario Luis Silva, quien el jueves subió a sus redes sociales un video en donde explicaba que nunca fue su intención rebajarles las penas a los criminales, que fue un criterio al que llegaron “obligados” por las sentencias de la Corte Suprema y que si él firmó algunos de los decretos lo hizo solamente porque era lo que correspondía cuando asumía la subrogancia del ministro. La inusual puesta en escena del subsecretario no contó con la aprobación del ministro Rabat, quien sigue en el cargo hasta el momento en el que escribo estas líneas.

La declaración de Silva hace aún más difícil de entender la decisión inicial de Rabat, encontrarle un sentido -la propia presidenta de la Corte Suprema tomó distancia de la supuesta “obligación” impuesta por el tribual-, porque implica aceptar una falta de criterio de realidad que va mucho más allá de lo jurídico o ideológico: la decisión significaba liberar personas que habían cometido delitos horribles, hacerlo como autoridad de un gobierno que es parte de un sector político que con insistencia se refiere al “garantismo judicial” como un enemigo, y justificar la decisión con argumentos jurídicos que contrastan de manera brutal con la naturaleza de los delitos involucrados. La modificación del criterio significaba inevitablemente sumar a la percepción de un gobierno indolente la de uno que se pone del lado de los violadores de niños. Esta impresión quedó y no cambiará solo porque el Presidente Kast admitió un error manteniendo en el cargo al responsable que durante días lo justificó, y a quien, dicho sea de paso, sus subordinados no parecen guardarle mucha lealtad. El daño a la credibilidad del gobierno es profundo y no se moderará porque un sector de sus seguidores insista en buscar empates con el gobierno pasado; ese argumento se agotó y el solo hecho de esgrimirlo sobre un tema como el abuso de niños indica un extravío moral tan agudo como la crisis de un mandato marcado por la falta de criterio, la chapucería en los nombramientos, la traición instantánea a las propias promesas de campaña y cierta oscura rigidez emparentada con un soplo de fanatismo.

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