Más de 9.600 niños quedarían sin atención en Cauca: ICBF denuncia presuntas amenazas del CRIC por contratos
La entidad asegura que la organización indígena exige mantener las condiciones actuales de contratación, que vencen el 31 de octubre.
El ICBF explicó que los próximos procesos de contratación deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales que regulan los contratos estatales. Foto: ICBF.
PERIODISTAActualizado:
Más de 9.600 niños y adolescentes podrían quedar sin atención debido a una controversia contractual entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La entidad denunció presuntas amenazas y presiones de la organización para mantener las condiciones de los contratos vigentes, cuyo plazo termina el próximo 31 de octubre.
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La situación fue denunciada este martes 27 de octubre de 2026, cuando el ICBF emitió un comunicado en el que rechazó las presuntas intimidaciones relacionadas con la continuidad de los contratos de aporte mediante los cuales se prestan servicios de atención a la niñez.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el CRIC habría advertido que dejaría de atender a más de 9.600 niños y adolescentes si los nuevos contratos no conservan las condiciones establecidas en los acuerdos actuales.
La entidad explicó que su administración exige que los próximos procesos contractuales se desarrollen bajo las disposiciones legales que regulan la contratación estatal.
Por esa razón, rechazó cualquier presión encaminada a obtener condiciones particulares por fuera de ese marco.
El ICBF afirma que los nuevos contratos deben cumplir la ley, sin excepciones particulares. Foto:Jaiver Nieto Álvarez.
¿Por qué el ICBF denuncia presuntas amenazas del CRIC en Cauca?
El desacuerdo se concentra en las condiciones que deberán cumplir los nuevos contratos de aporte. De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la organización indígena pretende que se mantenga el modelo de contratación vigente hasta el 31 de octubre para continuar prestando los servicios.
Sin embargo, el ICBF sostiene que la celebración de nuevos acuerdos debe ajustarse estrictamente al ordenamiento jurídico y que ninguna condición particular puede justificar el incumplimiento de las normas aplicables.
En su comunicado, la entidad manifestó que las decisiones de una institución pública no pueden imponerse mediante amenazas ni negociarse por fuera de las disposiciones legales.
Asimismo, señaló que los recursos destinados a la atención de niños y adolescentes deben administrarse con transparencia, equidad y responsabilidad, independientemente de las exigencias planteadas durante los procesos de contratación.
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¿Qué pasará con la atención de los más de 9.600 niños y adolescentes?
La principal preocupación expuesta por el ICBF está relacionada con la posibilidad de que más de 9.600 menores de edad dejen de recibir los servicios que actualmente se prestan mediante los contratos objeto de la controversia.
La entidad cuestionó que la continuidad de estos programas pueda convertirse en un mecanismo de presión para exigir determinadas condiciones contractuales.
También reiteró que la protección de los derechos de la niñez debe orientar las decisiones institucionales y que el manejo de los recursos públicos debe responder a los fines para los cuales fueron asignados.
Aunque el Instituto advirtió sobre el riesgo de interrupción de los servicios, el comunicado no precisa cuáles programas específicos podrían resultar afectados ni presenta un cronograma de medidas para garantizar su continuidad después del 31 de octubre.
El ICBF aseguró que no habrá privilegios y que garantizará el buen uso de recursos públicos. Foto:ICBF.
ICBF anuncia que mantendrá el diálogo con el Consejo Regional Indígena del Cauca
Pese a las diferencias relacionadas con la contratación, el ICBF aseguró que mantendrá abiertos los canales de diálogo y concertación con la organización indígena.
No obstante, aclaró que cualquier decisión sobre los nuevos contratos estará determinada por las disposiciones legales y por el interés superior de los niños y adolescentes.
La entidad insistió en que no establecerá privilegios ni excepciones frente a las normas que regulan la contratación estatal y que sus actuaciones deberán garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.
REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL
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