Un grupo de presos protagonizó un motín en la Alcaidía 1, tomó de rehén a un policía y se entregó cinco horas después

En la tarde del jueves se registró un conflicto entre internos en una de las celdas de la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Lavalle al 400. La situación, que luego derivó en un motín y toma de rehenes, requirió la intervención de efectivos policiales, personal del SAME y Bomberos, y se dio por resuelta cerca de las 17.30.

“Hoy, a las 12.36, comenzó una toma de rehenes con 10 detenidos. Hubo una pelea entre los reos. La Policía entró y separó a uno de ellos. Los nueve restantes lo fueron a rescatar y, cuando el personal policial ingreso a poner orden, fueron tomados de rehenes un subcomisario, un inspector y un oficial mayor”, detalló Horacio Giménez, ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, en diálogo con la prensa.

Y profundizó: “A partir de esa hora, se conformó el comité de crisis para resguardar la integridad de los reclusos y del personal policial ante cualquier eventualidad. Desde entonces, se negoció durante toda la tarde. También concurrieron representantes de la fiscalía y del Servicio Penitenciario de la Nación. Finalmente, se logró un acuerdo y los 23 reclusos que participaron del episodio quedaron detenidos. Todos fueron revisados por el SAME”.

Respecto del celular que utilizaron los presos para grabar y enviar videos del motín, Giménez aclaró: “El teléfono se lo robaron al oficial mayor, que estaba retenido. Le vaciaron todas las cuentas el dinero que tenía”.

“El objetivo de la negociación era preservar la vida del personal policial. Por ese motivo, también intervino Bomberos. Todos los integrantes del comité de crisis actuaron de manera coordinada, mientras que el personal policial dispuso un operativo de seguridad para evitar posibles intentos de fuga”, insistió nuevamente el funcionario porteño, y concluyó: “A partir de esta noche, la alcaidía permanecerá cerrada por un tiempo”.

De la pelea entre reclusos a la toma de rehenes

En un primer momento, fuentes consultadas por LA NACION señalaron que se trataba de un episodio aislado y aseguraron que no se habían reportado heridos ni existía riesgo de fuga por parte de los reclusos.

Cerca de las 15, sin embargo, comenzaron a circular videos grabados por los propios presos desde dentro de la comisaría. En ellos, se podía ver a los detenidos en una celda, acompañados de un efectivo de la Policía, a quien tenían como rehén. No fue hasta las 17.30 que LA NACION pudo confirmar la liberación del uniformado.

Las imágenes mostraban al integrante de las fuerzas de seguridad sentado sobre una cama improvisada y en compañía de otros presos -algunos aparecen incluso acostados en el piso-. El individuo que captaba la escena realizaba algunos paneos de la celda mientras caminaba hacia la puerta y exigía: “Hagan bajar a un fiscal”.

En una segunda grabación, el preso volvía a apuntar con la cámara hacia el uniformado mientras vociferaba: “¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mirá al ‘cobani’ que tenemos allá”. Luego, giraba la cámara y mostraba un pequeño televisor donde tanto él como sus pares seguían la cobertura de los hechos. “¡Vamos los pibes!, celebraba.

La investigación tanto por los incidentes como en relación con la toma de un rehén está a cargo de Marco Juliano Zunino, auxiliar fiscal Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal porteño.

En diálogo con la prensa, la pareja de uno de los detenidos habló sobre lo que ocurría en la dependencia policial, previo a su resolución. “Escuché que está bien, que está tranquilo”, dijo sobre el rehén.

“El conflicto empezó por el traslado a Marcos Paz. Ahora, dentro de la celda, hay seis personas. Ellos no quieren [ser trasladados]. Mi pareja me avisó: ‘Creo que hoy va a haber motín, amor. Hablale a mi mamá, que se comunique con mis abogados’. Advirtió que iba a haber quilombo, pero él no se iba a involucrar”, precisó.

Y completó: “A él le dieron alrededor de tres meses por una cuestión vinculada a los celos. Tenía miedo de que se agrave la situación. Por una persona, le meten a todos. Quise comunicarme con la Alcaidía, pero no me atienden hace rato. Ya me comuniqué con los abogados como él me pidió. No sé por qué se rehúsan a ser trasladados”.

Poco después, LN+ logró comunicarse con uno de los reclusos que se encontraba dentro de la comisaría. “No tenemos comida, no tenemos nada. No tenemos duchas ni baños. Estamos sin derechos. La comida viene mala acá. Somos 31 personas acá”, sostuvo el individuo sobre las razones por las que inició el motín.

Confirmó entonces que tenían de rehén a efectivo e insistió: “Está bien, no le falta nada. Está fumando un cigarro, le estamos dando agua. Le vamos a dar comida que capaz nos traen en un rato”. Acto seguido, le pasó el teléfono al uniformado, que se limitó a decir: “Estoy bien, estoy bien. No voy a dar más declaraciones”.

Sobre el final de la charla telefónica, otro de los presos tomó el teléfono y reforzó: “No queremos beneficios. Estamos pidiendo por nuestros derechos. Queremos una ducha digna. Nos bañamos con botellas. No nos queremos dar a la fuga. Nos vamos a ir todos por la puerta grande una vez que termine la condena”.

Antecedente en Balvanera

Un episodio similar se registró en mayo de este año en otra dependencia policial porteña. El 25 de mayo, unos 73 detenidos se encontraban alojados en la Comisaría Vecinal 3, ubicada en Venezuela 1931, en Balvanera, cuando se desató una revuelta luego de que un grupo de internos se resistiera a una requisa. Durante los incidentes, algunos presos quemaron colchones y se reportaron disparos y el uso de gas pimienta para contener la situación.

Como consecuencia del incendio, tres policías y cuatro detenidos debieron ser trasladados a distintos hospitales por intoxicación con monóxido de carbono. Aunque las primeras versiones indicaban que había habido fugas, fuentes consultadas por LA NACION aseguraron que no se había escapado ningún interno.

La situación fue controlada por efectivos de la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (Diuta). La misma comisaría ya había sido escenario de una revuelta en marzo de 2022, cuando unos 22 detenidos reclamaron ser trasladados a unidades penitenciarias federales, en medio de los reclamos del gobierno porteño a la Nación por la superpoblación en las alcaidías de la Ciudad.

Tras romper parte de la infraestructura de la dependencia, los internos fueron controlados por efectivos de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, luego de aproximadamente una hora de tensión.