Operativo contra disidencias en Nariño dejó dos menores recuperados y la incautación de un arsenal de guerra

La recuperación de dos menores de edad y el sometimiento voluntario de dos jóvenes de 19 años en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, dejó además la incautación de armas, munición y una embarcación que, según las Fuerzas Militares, eran utilizadas por la Estructura 30 Jhonier Toro Arenas, vinculada al Bloque Occidental Jacobo Arenas.

La operación se desarrolló el 13 de octubre en la zona rural de El Alto, y fue informada el 14 de octubre por la Fuerza Naval del Pacífico. En el procedimiento participaron el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 43 de la Armada Nacional y el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 16 de la Fuerza de Tarea Hércules, adscrita al Ejército Nacional.

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Las autoridades señalaron que las cuatro personas dieron a conocer su intención de abandonar la estructura armada. Las dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron recuperadas y quedaron bajo la ruta institucional. Los dos mayores de edad ingresaron al proceso de sometimiento a la justicia.

Tras la entrega, los militares trasladaron a las cuatro personas a una Base Transitoria Intermedia del Ejército, donde recibieron atención inicial. El procedimiento incluyó primeros auxilios y la activación de los protocolos previstos para quienes se desvinculan de grupos armados ilegales.

En el caso de las adolescentes, las autoridades coordinaron la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad encargada de adelantar el proceso de restablecimiento de derechos. La institución deberá definir las medidas de protección y acompañamiento para las menores, que, de acuerdo con la información preliminar, también hacían parte de la estructura ilegal.

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Las Fuerzas Militares indicaron que las cuatro personas habrían permanecido entre uno y siete años al servicio del grupo armado. Según el reporte oficial, durante ese tiempo habrían sido obligadas a participar en actividades ilícitas que vulneran los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario.

El coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, afirmó que el resultado fue producto de la coordinación entre el Ejército y la Armada en el Pacífico nariñense y sirvió, entre otras cosas, para salvar la vida de menores de edad reclutados por los grupos armados.

“Este tipo de acciones también representa una oportunidad para salvar vidas, especialmente las de nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes deben crecer lejos de la violencia y de la instrumentalización por parte de los grupos armados ilegales”, expresó el oficial.

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Morales Guerrero también hizo un llamado a quienes aún integran organizaciones armadas para que abandonen las armas y acudan a las rutas legales de sometimiento. La autoridad militar sostuvo que este tipo de entregas permite afectar las redes de reclutamiento y la capacidad operativa de las estructuras ilegales que actúan en el departamento.

Durante la operación en Santa Bárbara de Iscuandé, las tropas incautaron tres fusiles, tres pistolas, 14 proveedores, dos miras telescópicas y 185 cartuchos de distintos calibres, según el balance divulgado por la Armada Nacional.

El reporte detallado de las Fuerzas Militares precisó que fueron hallados 11 proveedores para armas largas calibre 5,56 milímetros, tres proveedores para armas cortas, 138 cartuchos calibre 5,56 milímetros y 47 cartuchos calibre 9 milímetros. También fueron decomisados un chaleco de uso militar y otros elementos de intendencia.

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Las unidades militares además incautaron una embarcación de fibra de vidrio equipada con un motor fuera de borda de 40 caballos de fuerza. Las autoridades consideran que ese medio era utilizado para facilitar el desplazamiento de integrantes de la Estructura 30 por los ríos y corredores del litoral pacífico de Nariño. Las Fuerzas Militares sostuvieron que la incautación afecta la capacidad armada, logística y de movilidad del grupo en esta zona del país.

La Fuerza de Tarea Hércules anunció que mantendrá operaciones conjuntas con otras instituciones para contrarrestar la presencia de grupos armados y atender los riesgos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el Pacífico nariñense.