Comisión Asesora Presidencial de reforma al INDH pide “análisis cuidadoso” ante eliminación de facultad para querellarse

El gobierno a través del Ministerio de Justicia está impulsando un proyecto de ley para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Esto, en el marco de las fuertes críticas que ha recibido el instituto, por parte de la derecha, las que se acrecentaron sobre todo por el rol de la institución impulsando querellas tras el estallido social del 18-O.

Esos reproches generaron, hace ya algunos años, un fuerte impulso para que parlamentarios ingresen proyectos para reformarlo. Una iniciativa que bajo esta administración logró el apoyo del Ejecutivo.

El mensaje del gobierno eso sí ha generado polémica debido a los fuertes cambios que introduce en el INDH. Por ejemplo, le quita al organismo la facultad de presentar querellas criminales, reemplazándolo por denuncias.

Otro punto central es que se reduce la cantidad de sus consejeros, de los actuales 11 a 5, limitando sus periodos a cuatro años.

En cuanto a los nombramientos, La Moneda propone que sean combinados, es decir, que participen tanto los poderes públicos como la sociedad civil.

El proyecto, además, crea el cargo de director ejecutivo, quien será seleccionado a través de un concurso de Alta Dirección Pública.

Junto con ello, la iniciativa establece que en materia de transparencia el INDH deberá incluir en su informe anual las actividades que realizó, las recomendaciones formuladas a los órganos del Estado y la ejecución presupuestaria.

Herramientas efectivas

A propósito de este debate, la Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento del INDH -convocada en 2025- manifestó sus reparos a parte del contenido del mensaje del Ejecutivo.

Esta comisión tuvo como mandato proponer reformas conforme a los Principios de París. Fue integrada por ocho personas designadas por el Presidente de la República y por las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.

Sus miembros, luego de 22 sesiones y audiencias con la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y el propio INDH, llegaron a la conclusión de que la institución “es un pilar de nuestra democracia y del Estado de derecho”.

Así se manifiesta en una carta que firman seis de sus miembros: Antonia Urrejola, Carolina Carrera, Patricio Rojas, Lorena Recabarren, Pierina Ferretti y Rodrigo Bustos.

En ese documento los firmantes exponen que si bien “el proyecto avanza” en algunas dirección propuestas por la comisión, hay otros asuntos en los que creen que “su tramitación es una oportunidad para debatir algunos aspectos que nos parecen clave y que en el proyecto aparecen debilitados”.

La carta manifiesta que “el proyecto mantiene las designaciones presidenciales, y ninguno de los cinco consejeros sería elegido directamente por la sociedad civil”.

También agregan que “las normas transitorias entregan al Presidente la propuesta de un consejo completo, que pondría término anticipado a los mandatos vigentes, y designaría al primer director ejecutivo sin concurso de Alta Dirección Pública, además de definir los nuevos estatutos y la presencia regional del instituto”.

Otro de los aspectos que preocupan, según se lee en el mismo texto, es que “la iniciativa no reconoce el valor de la presencia regional del INDH, sobre todo considerando que su informe financiero proyecta reducir a la mitad el personal de las sedes regionales”.

Respecto de uno de los puntos más sensibles, los firmantes expresan lo siguiente: “Si bien en la comisión hubo distintas posiciones sobre las querellas, todas y todos coincidimos en que el instituto debe contar con herramientas efectivas de protección. La eliminación de esta facultad, la exigencia de acuerdo previo del consejo para los recursos de protección y amparo, y la reducción proyectada de un 70% de las abogadas y abogados de la Unidad de Protección de Derechos requieren un análisis cuidadoso respecto de su impacto en las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

“Un INDH fuerte, autónomo y pluralista en su composición es una garantía para todas las personas, gobierne quien gobierne. La institucionalidad de derechos humanos es un patrimonio que nuestro país construyó durante décadas, y su reforma merece el mismo espíritu de acuerdos y diálogo, como el que logramos en nuestro trabajo, comprendiendo que dicha institucionalidad, su revisión y fortalecimiento, es un tema de Estado”, se lee en la carta.