Senado despacha proyecto que agiliza las expulsiones administrativas de extranjeros y eleva a cinco años la prohibición de reingreso al país

Por 37 votos a favor y 1 abstención -la de Claudia Pascual (PC)-, el Senado aprobó este martes el proyecto de ley, iniciado en un mensaje del expresidente Gabriel Boric, que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de migrantes.

La iniciativa, que fue presentada en mayo de 2024, fue recogida por el gobierno del Presidente José Antonio Kast para incluirla dentro de Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, el ambicioso paquete de proyectos sobre seguridad pública.

Con la presencia de los ministros de Seguridad, Martín Arrau; y de la Segpres, José García Ruminot, además de la subsecretaria de esta cartera, Constanza Castillo, los senadores aprobaron una serie de normas que fueron evacuadas desde la comisión mixta que se encargó de resolver las divergencia entre ambas cámaras.

Lo primero que es se incorpora las graves alteraciones del orden público entre las razones que permiten al subsecretario del Interior decretar la expulsión.

Junto con ello, se faculta al Servicio Nacional de Migraciones exigir información a personas naturales o jurídicas, así como a funcionarios públicos, con el objetivo de notificar resoluciones en procedimientos administrativos de expulsión.

En este punto se excluyen los niños, niñas, adolescentes, así como a establecimientos de educación parvularios, básica, media, y centros de salud públicos y privados.

A este servicio, además, se le permite solicitar autorización judicial para ejecutar la expulsión inmediata de extranjeros en condición migratoria irregular formalizados, acusados o requeridos por simple delito, cuando la pena concreta que pueda imponerse no exceda de tres años de privación de libertad.

En cuanto a la Policía de las Investigaciones, se le faculta la posibilidad de solicitar al juez de garantía una autorización previa ingresar al domicilio donde se encuentre una persona afectada por una medida de expulsión firme, con el objetivo de aprehenderla.

La comisión mixta, además, estableció como plazo mínimo de prohibición de reingreso los cinco años.

Dicha solicitud deberá individualizar a la persona y el inmueble, acompañar copia de la resolución firme de expulsión.

En esa línea, antes de ejecutar el ingreso, la PDI consultará al Ministerio Público, por un medio expedito y confidencial, si existen investigaciones en curso respecto de la persona o del domicilio.

Finalizada la votación, el ministro Arrau valoró tanto la aprobación de la renovación del estado de excepción en la Macrozona Sur como el proyecto de ley de expulsión.

Junto con ello, recordó la insistencia que activó La Moneda sobre la reforma constitucional que amplía el plazo de detención de migrantes.

“Estas dos cosas juntas nos harían cambiar la posición que tiene nuestro país para ordenar la casa”, aseguró Arrau.

El ministro García, a su turno, afirmó: “Había una serie de dificultades, se presentó un proyecto de ley, fue mejorado por el actual Ejecutivo, fuimos a una comisión mixta, por la unanimidad de sus integrantes se acordó en su informe una serie de medidas para agilizar las expulsiones administrativas, y de esa manera, hacerlas más efectivas”.

Los otros proyectos de la ACOT

En la tabla de este martes, además, se consideraba el proyecto que moderniza la carrera de Carabineros y que en la mañana había sido aprobada por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, ante la falta de quórum para aprobar normas clave que contiene la iniciativa, el Senado decidió postergar su votación para este miércoles.

El proyecto que sí tuvo avance fue el que endurece sanciones a los ataques contra Carabineros, PDI y Gendarmería.

La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó en general la iniciativa, que también son parte de la ACOT.

La iniciativa, que se originó en una moción de diputados de Renovación Nacional, junto a otros exlegisladores, también incorpora una hipótesis agravada de atentado contra la autoridad y aumenta la pena privativa de libertad cuando el atentado recaiga, específicamente, contra la autoridad policial.

El proyecto llegó al Senado para su segundo trámite constitucional, luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados con 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones.

En la sesión de este martes de la instancia de la Cámara Alta, el avance del proyecto fue aprobado por unanimidad de los senadores presentes, Karim Bianchi (Ind.), Cristián Vial (Ind.-republicanos) y Andrés Longton (RN).

En tanto, se acordó la incorporación de indicaciones con plazo máximo hasta el próximo lunes 26 de octubre, a las 12.00 horas.