La extorsión sigue con el control del turismo en Santa Marta: con amenazas obligan a pagar hasta por alquilar una silla en la playa
La exigencia económica permanece aunque las ventas ya no alcancen para cubrir con facilidad los gastos del negocio. Foto: Roger Urieles
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En las playas de Santa Marta, alquilar una silla, vender un almuerzo o transportar turistas en una lancha puede significar también recibir una exigencia de dinero de un grupo armado. Así lo describe un líder de Taganga que pidió mantener su nombre en reserva por seguridad. Su testimonio da cuenta de una presión que alcanza a distintos eslabones del turismo, desde trabajadores que dependen de la venta del día hasta empresas con décadas de operación.
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“Les cobran por sillas alquiladas, platos vendidos y viajes de lanchas realizados. Absolutamente todos deben pagar para trabajar”, asegura el dirigente. Según su relato, quienes imponen estos cobros también ofrecen vigilancia y resolución de conflictos, una forma de intervención sobre la vida comercial que termina condicionando el ejercicio de las actividades económicas.
La denuncia pública de Juan Carlos Ospino, propietario de Taximarino, llevó esa preocupación a la Asamblea del Magdalena. Durante un homenaje, el empresario aseguró que su familia y las compañías Taximarino y Centro de Vida Marino habían sido declaradas objetivo militar.
Su intervención convirtió el reconocimiento en una petición de respaldo frente a las amenazas que atribuye a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachencas’.
“Este homenaje llega en un momento muy especial porque necesitamos el apoyo de la ciudad”, manifestó Ospino el pasado 30 de octubre.
La sombra de un crimen
El temor de los trabajadores de Taximarino tiene un antecedente en el asesinato de José Aquilino Sánchez Salazar, coordinador de recorridos marítimos de la compañía. El empleado fue atacado a tiros en octubre de 2025, mientras cumplía sus labores en el sector del muelle norte de El Rodadero.
El Rodadero es un emblema del turismo en esta ciudad. Foto:Prensa Alcaldía de Santa Marta
Sánchez coordinaba el embarque de turistas hacia Inca Inca cuando un hombre armado le disparó. El ataque ocurrió en uno de los puntos donde la empresa atiende a sus pasajeros y organiza sus salidas.
Más de un año después, las amenazas denunciadas por Ospino mantienen la preocupación sobre la seguridad de quienes participan en esa operación. El vínculo entre aquel homicidio y las actuales exigencias debe establecerse dentro de las investigaciones judiciales.
Los testimonios aportados sitúan las presiones sobre actividades turísticas en El Rodadero, Playa Blanca, Bello Horizonte, Cabo Tortuga, Taganga y Playa Grande. Sin embargo, por la falta de denuncia no hay un informe disponible de un registro desagregado que permita determinar cuántos negocios o trabajadores están afectados en cada balneario.
El líder de Taganga sostiene que los cobros se han vuelto especialmente difíciles de asumir ahora que disminuyó la llegada de visitantes.
La exigencia económica permanece, explica, aunque las ventas ya no alcancen para cubrir con facilidad los gastos del negocio.
El comercio en riesgo
Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, advierte que la extorsión tiene consecuencias que se extienden más allá del propietario amenazado. El dinero exigido sale de los recursos con los que funcionan los establecimientos y se sostienen sus empleos.
Santa Marta sufre afectaciones en su popularidad como destino por la inseguridad. Foto:iStock
“Cuando a un comerciante le exigen dinero para dejarlo trabajar, están en riesgo su seguridad, la de sus empleados y los recursos con los que paga la nómina y repone mercancía”, señala. Si la intimidación obliga a cerrar, agrega, también resultan afectados los proveedores y las familias que dependen de los ingresos diarios.
El gremio calculó que, durante el paro armado de septiembre, una jornada de cierre total en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera representaba pérdidas cercanas a 40.636 millones de pesos. La cifra corresponde a una estimación del impacto de una paralización completa de la actividad económica en esos tres territorios.
Las formas de extorsión
Omar García, vocero del sector hotelero, señala que los casos conocidos dentro de los hoteles formales que representa han tenido características diferentes a las presiones territoriales denunciadas por trabajadores de playa.
Playa Blanca es uno de los destinos turísticos de Santa Marta, donde se han las denunciado amenazas. Foto:Roger Urieles
Según explica, las autoridades han identificado llamadas de origen carcelario y han acompañado la atención de esos episodios.
“Los casos que se han presentado en el sector hotelero formal de la ciudad siempre se han informado a las autoridades, al GAULA”, afirma. Añade que el trabajo conjunto incluye capacitaciones, prevención y atención de las denuncias.
Su explicación permite distinguir modalidades que requieren investigaciones específicas: una llamada extorsiva desde una prisión y un cobro ejercido por una estructura con presencia territorial pueden producir temor, pero no necesariamente corresponden a la misma operación criminal.
García expresa preocupación por Taximarino y por los demás integrantes de la cadena turística que han reportado intimidaciones. También advierte una consecuencia compartida por el sector: “Eso afecta la imagen del destino”.
Para hoteles, agencias, transportadores y operadores, la incertidumbre sobre la seguridad puede traducirse en cambios de itinerario o dificultades para prestar sus servicios.
Por eso, sostiene el vocero, los gremios han participado en los consejos de seguridad y respaldan el trabajo de las autoridades para recuperar la confianza.
Ofensiva y protección
El Gobierno Nacional ha anunciado una mayor presión sobre las ACSN. En septiembre, la Presidencia informó que Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la presencia militar y policial en Santa Marta tras las amenazas de paro armado que siguieron a la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de la organización.
Solicitan protección permanente. Foto:Roger Urieles
La Policía también informó de una operación en Riohacha contra Nain Andrés Pérez Toncel, alias ‘Nain’, a quien identificó como máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres.
Según la institución, esa estructura obtenía recursos mediante extorsiones y participaba en disputas por corredores y economías ilícitas en La Guajira, Magdalena y Cesar.
En el Distrito, el alcalde Carlos Pinedo Cuello sostiene que la recuperación de la seguridad requiere continuidad. “El tema de seguridad es un proceso, eso no se va a solucionar de la noche a la mañana, lo hemos comentado en todos los consejos de seguridad”, manifestó.
El mandatario atribuye la situación a una insuficiente presión durante años anteriores y afirma que las operaciones actuales están modificando las condiciones de actuación de los grupos armados.
“Ahora hay una directriz muy clara, ya el bandido no está tan cómodo, el bandido está sintiendo la fuerza del Estado”, expresó.
Los empresarios piden que esa ofensiva tenga una consecuencia verificable en sus establecimientos. Que la presencia continua en zonas comerciales y vías de abastecimiento, así como acompañamiento del GAULA y la Fiscalía después de denunciar sean casi permanentes.
Para quienes trabajan bajo amenaza, la captura de un recaudador debe ir acompañada de condiciones que impidan la llegada de otro.
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Jaramillo resume así la exigencia del sector: “Para un empresario, la prueba es poder abrir al día siguiente y seguir trabajando sin que vuelvan a exigirle dinero”.
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