La frenética búsqueda de la oposición para encontrar los argumentos de la acusación contra Rabat

La tarde del jueves, en la sede del Congreso en Santiago, las fuerzas opositoras del FA, PC, PS, DC y PPD tuvieron una importante reunión para ir aterrizando lo que será la tan anunciada acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El libelo acusatorio se ha transformado en una de las herramientas con las que la izquierda ha embestido políticamente contra Rabat por la crisis desatada por el criterio que instaló en su administración para otorgar el beneficio de la rebaja de penas a reos condenados por delitos sexuales contra menores de edad y también reos que cumplían condena por delitos de lesa humanidad.

A esa cita llegaron reconocidos abogados del sector, lo que fue visto como una señal del apoyo que tiene la acusación al interior de la oposición.

Sin embargo, los abogados presentes -la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, el exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC), el exjefe jurídico de la Segpres en Bachelet II William García (PS), el abogado José Antonio Ramírez (PPD), el excomisionado Gabriel Osorio (PS), la abogada Constanza Tobar (DC) y el abogado experto en derechos humanos Francisco Bustos- solo estuvieron ahí a modo de asesoría externa, ya que en realidad ninguno de ellos está involucrado en la redacción del libelo. De hecho, todos están bastante lejos de ser los protagonistas que empujan con entusiasmo este texto.

Por parte de la DC también se consultó informalmente a los constitucionalistas Tomás Jordán y Patricio Zapata, sin embargo, ninguno de los dos está involucrado en la redacción de los argumentos para acusar a Rabat.

La lejanía de los abogados más reconocidos del sector con el libelo es una señal de que, pese al discurso público, en realidad al interior de la oposición no hay consenso sobre la solidez jurídica -al menos con los antecedentes que hay hasta ahora- para acusar constitucionalmente a Rabat. Quienes sostienen esto, además, han intentado hacer las cosas con tiempo, ya que los redactores están escribiendo un libelo acusatorio sin siquiera tener “la materialidad de los actos administrativos que habrían cometido las infracciones”, es decir, los decretos que aún no son públicos.

La señal más evidente fue la que dio el exministro Luis Cordero. Semanas atrás los presidentes de partidos de la oposición lo invitaron a una reunión, en medio de la explosión de la crisis de Rabat, pero su presencia solo fue para explicar técnicamente cómo funciona el proceso para rebajar condenas.

Pese a la dureza de sus críticas en términos de los costos políticos del criterio Rabat, en ese mismo encuentro Cordero fue enfático en dejar en claro que no participaría en ninguna acusación constitucional. Luego, en reiteradas entrevistas posteriores, dejó en claro que él tiene una opinión crítica de las acusaciones constitucionales y que, en función de lo que ha caído por goteo a través de la prensa, aún faltan antecedentes para emitir una opinión al respecto.

Con los abogados de primera línea de la oposición fuera del tablero, han tomado protagonismo los asesores de los parlamentarios que están más convencidos del libelo acusatorio.

Ellos son los que han estado redactando y compartiendo con distintos abogados los borradores de cada capítulo. Según fuentes de la oposición, los que están redactando el libelo son la abogada Elisabeth Matthei, los asesores legislativos del FA Raúl Méndez y Aurora Rozas y el exsubsecretario Segpres Nicolás Facuse (PS).

Los capítulos

Fuentes del sector que están al tanto de cómo se está construyendo el texto comentan que, por ahora, tendrá tres capítulos.

El primero apunta a una infracción legal. Este argumento lo están construyendo orientado a la idea de que, según la oposición, Rabat dejó sin aplicación la ley de 2022 que excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores de edad del beneficio de reducción de penas.

Siguiendo esa línea, la izquierda argumenta que Rabat -basado en la jurisprudencia mayoritaria que sostuvo la Suprema hasta hace solo unos meses- al beneficiar a este grupo de reos con la rebaja penitenciario no respetó la ley que entró en vigencia en 2022.

A juicio de la izquierda, esa no sería la única ley infringida. En ese capítulo se mencionará que el actuar de Rabat, además, implicó infringir la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

En la reunión del jueves, uno de los abogados presentes consultó a los asesores si habían considerado que ese capítulo podía usarse como un arma de doble filo por parte de los parlamentarios libertarios para proceder a acusar constitucionalmente a los supremos de la Segunda Sala y a todos los ministros de corte que han sostenido por años ese mismo criterio jurisprudencial.

Ante la consulta, se comentó que el punto no afectaría a los magistrados, ya que ellos tienen la obligación de interpretar la ley, pero a Rabat le correspondía simplementa aplicarla.

El segundo capítulo, hasta ahora, apunta a las rebajas de condena que se concedieron a personas que cumplían penas por delitos de lesa humanidad. En este acápite, la oposición argumentará que para otorgar el beneficio a este tipo de reos hay que respetar los requisitos del Estatuto de Roma, como por ejemplo, conciencia del mal causado y colaboración.

El tercer capítulo, de acuerdo a las mismas fuentes, incluirá argumentos que aluden a que Rabat habría infringido su deber de probidad por entregar información falsa al Congreso en el ejercicio de su función fiscalizadora. El corazón de este capítulo tiene que ver con lo que fue la sesión especial de la Cámara en donde Rabat expuso ante los diputados.

A juicio de los parlamentarios de la oposición, y tomando como referencia notas de prensa, el titular de Justicia omitió las sentencias de las cortes que irían en sentido contrario a la exposición de Rabat.

Junto a eso, la oposición no dejará pasar el hecho de que en el hemiciclo Rabat pusiera como ejemplo un decreto, de la administración pasada, para ejemplificar que el gobierno anterior rebajó la condena a un condenado por delito sexual.

Según la izquierda, el secretario de Estado atribuyó en la Cámara que el beneficiado había atentado contra una víctima menor de edad, cuando en realidad la víctima era mayor de edad, por lo tanto, no podía caer en la causal legal de exclusión que entró en vigencia en 2022.