Secretarios y actuarios se quejan de cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales
El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, señaló al Órgano de Administración Judicial (OAJ) que el Acuerdo General que establece las medidas para mejorar el desempeño de los Órganos Jurisdiccionales, “además de ser potencialmente violatorias” de sus derechos, aluden a una supuesta deficiencia en el desempeño de jueces, secretarios y actuarios, “cuando es, precisamente, lo opuesto”.
La organización asegura que una encuesta realizada en los órganos jurisdiccionales revela que más de 52 por ciento de ellos “exceden materialmente la jornada ordinaria, incluyendo trabajo adicional en el órgano jurisdiccional, en domicilio, noches, fines de semana o fuera del horario legal, sin compensación proporcional ni reconocimiento institucional suficiente”.
Asimismo, 67 por ciento de ellos enfrenta diversos tipos de hostigamiento. La encuesta resalta que no se cubren 90 por ciento de los puestos en los que los titulares tienen licencia, incapacidad o son enviados a comisiones oficiales.
En un documento enviado al OAJ, la organización compartió “los hallazgos obtenidos de la Encuesta Nacional denominada Cargas de Trabajo y Jornada Real en los Órganos Jurisdiccionales Federales” y busca “aportar insumos objetivos para el diseño y seguimiento de los mecanismos de evaluación del desempeño judicial, así como para la adopción de medidas que fortalezcan el servicio público de impartición de justicia pronta, completa, imparcial y eficiente”.
Asimismo, el instrumento identifica problemáticas relacionadas con “rezago estructural; fallas tecnológicas; presión por metas numéricas; afectaciones a la salud física, emocional y familiar; así como riesgos en el ambiente laboral y en la calidad del estudio jurisdiccional”.
Las situaciones que enfrentan los funcionarios inciden “directamente en las condiciones bajo las cuales el personal realiza sus funciones. En ese sentido, esta petición se formula como una alerta institucional preventiva y como una propuesta de mejora estructural, sustentada en evidencia agregada, a fin de que las cargas de trabajo, la productividad y la evaluación del desempeño sean valoradas con criterios objetivos, proporcionales, verificables y compatibles con la dignidad laboral, la salud del personal y la calidad de la función jurisdiccional”.
Ante el panorama que revela la encuesta, solicitan que se lleve a cabo “un diagnóstico nacional, por circuito, materia y tipo de órgano, que incorpore carga real por persona, horas efectivamente invertidas, complejidad de asuntos, ausencias no cubiertas, guardias, trabajo fuera de horario, tareas administrativas adicionales, funcionamiento de sistemas y condiciones materiales de trabajo”.
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