Por qué la desfinanciación de la JEP pondría en riesgo los avances de paz y justicia en todo el territorio: víctimas convocan veeduría internacional

Organizaciones afrodescendientes, campesinas e indígenas alertan sobre el impacto de la desfinanciación de la JEP para la región Caribe.

Los consejos comunitarios, procesos sociales y colectivos territoriales articulados en la plataforma Ruta del Cimarronaje emitieron una alerta nacional por las consecuencias que generan los recortes presupuestales impuestos por el Gobierno Nacional a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Las organizaciones, que participan activamente en las actuaciones procesales del organismo de justicia transicional —particularmente en el marco del Macrocaso 08—, señalaron que la reducción de recursos operativos atenta de manera directa contra los derechos constitucionales de millones de víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado al Gobierno colombiano para asegurar la financiación necesaria para garantizar la labor continuada del Tribunal para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Colombia.

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Desde la plataforma afrodescendiente del Caribe colombiano enfatizaron que la restricción presupuestal no constituye un simple ajuste contable, sino un freno gravoso que paraliza las investigaciones judiciales en las regiones, congela las decisiones de protección sobre sitios sagrados de enterramiento y debilita los avances consolidados en los territorios más golpeados por el conflicto armado.

El Presupuesto General de la Nación para 2027 es una propuesta que proyecta un recorte en el presupuesto de $ 170.000 millones para el Sistema Integral para la Paz.

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Freno a las medidas cautelares y a la protección de sitios sagrados

La Ruta del Cimarronaje defendió el modelo de justicia restaurativa de la JEP frente a los esquemas penales tradicionales, argumentando que mientras la justicia ordinaria ha alimentado históricamente ciclos de polarización y venganza sin resolver el despojo structural, el enfoque transicional sitúa a las víctimas y al territorio en el centro de la reconstrucción social. Dentro de los avances concretos que hoy se ven amenazados por la falta de liquidez y personal, las comunidades destacaron la acreditación e impulso de su propia plataforma organizativa dentro de las actuaciones procesales, un paso histórico para visibilizar el impacto diferenciado de la guerra en los pueblos negros.

Asimismo, resaltaron la adopción de medidas cautelares rigurosas que han permitido blindar fosas comunes y lugares sagrados de enterramiento, garantizando la preservación de la memoria y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Las organizaciones recordaron que, bajo el análisis del Macrocaso 08, la magistratura reconoció al territorio mismo como víctima del conflicto armado, por lo que desfinanciar la institución implica desproteger los ecosistemas, la biodiversidad y la supervivencia cultural de las poblaciones que los habitan.

Frente a estas críticas, el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, ha señalado: “Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando”.

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Llamado a la ONU, la CIDH y exigencia al Gobierno Nacional

Ante el riesgo de paralización, las autoridades étnicas y colectivos territoriales hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional, con énfasis en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ejerzan una veeduría activa, rigurosa e independiente sobre el proceso presupuestal y operativo de la jurisdicción. A juicio de los voceros, los organismos internacionales representan los máximos garantes de imparcialidad para evitar que decisiones políticas o coyunturas fiscales fracturen los compromisos del Acuerdo de Paz.

Finalmente, la Ruta del Cimarronaje exigió al Gobierno Nacional y a las instituciones del Estado la restitución e incremento inmediato de los fondos financieros, logísticos y humanos necesarios para el pleno funcionamiento de la JEP. 

Las organizaciones concluyeron que apoyar el mandato de la justicia restaurativa es un deber ético e impostergable con la historia y la memoria ancestral del país.

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