Salario mínimo de 2027: el aumento que pedirían los trabajadores podría subir los precios de los productos y servicios y afectar el empleo

El aumento del salario mínimo se define cada año en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por el Gobierno, las centrales sindicales y los gremios empresariales. La Ley 278 de 1996 ordena a esa mesa alcanzar un acuerdo antes del 15 de diciembre; si no lo consigue, el Gobierno fija el aumento por decreto antes de que concluya el año.

Para 2026, el salario mínimo subió 23,7% y quedó en cerca de $1.750.905 mensuales, sin incluir el auxilio de transporte. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijó ese ajuste, aunque la Comisión respaldó mantener el porcentaje el 16 de febrero, según anunció entonces el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

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De cara a 2027, la Comisión celebró a comienzos de octubre una reunión extraordinaria para abrir el ciclo de negociación de 2027. La ministra del Trabajo, Natalia López, encuadró el proceso: “El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias”.

La concertación arranca con una brecha de cerca de 30 puntos porcentuales (pp): mientras gremios y analistas proponen aumentos de entre 7% y 10%, que elevarían el ingreso actual de cerca de $1.750.000 mensuales a entre $1.870.000 y $1.930.000, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) plantearía iniciar el debate desde 38,5%, al sumar 32 puntos pendientes a una inflación cercana a 6,5%.

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En dinero, esa distancia equivale a unos $525.000 al mes o $17.500 diarios. Expertos advierten que la brecha puede ser suficiente para que la inflación siga sin controlarse y el empleo formal continúe deteriorándose.

El Gobierno ya anotó que la inflación (6,29% anual en septiembre de 2026, según el Dane) y la productividad laboral serán los principales referentes para fijar el ajuste. La productividad mide cuánto produce, en promedio, cada trabajador, y su dato oficial se conocerá el 30 de noviembre.

Por su parte, el Banco de Bogotá calculó un posible incremento de 8% con una inflación estimada de 6,8% para el cierre de 2026 y un crecimiento de la productividad de 1,2%. Bajo esa combinación, el salario mínimo se aproximaría a $1.890.000 mensuales.

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La entidad también considera posible un aumento de 8,5%, con el argumento de que el primer incremento real de cada gobierno suele ser inferior al último de su periodo; con ese porcentaje, proyecta que la inflación podría cerrar 2027 en 5,2%.

Entretanto, los gremios empresariales piden quedar por debajo de ese rango. La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, también directiva de Acolgén, sostiene que el incremento debe mantenerse en un solo dígito y ser “como máximo del 7%, sujeto a los datos definitivos de inflación y productividad”.

La dirigente advirtió que “un aumento muy por encima de los criterios técnicos empuja a las mipymes a la informalidad y deja por fuera a quienes más necesitan un empleo formal”.

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Mientras que el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, ubica el límite algo más arriba. “Si la inflación ronda el 7% y la productividad debe estar entre el uno y el dos, el salario mínimo no debería superar el 9%”, declaró, al defender la aplicación de los criterios establecidos por la ley para preservar el poder adquisitivo.

A su vez, la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, no fijó cifra, pero su posición dependerá del pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la nulidad del salario de 2026, decisión que, según señaló, podría servir de piso para la negociación.

Las empresas también incorporan a sus cálculos los cambios ya aprobados en materia laboral. Desde julio de 2026 rige la jornada de 42 horas semanales y, a partir de julio de 2027, el recargo por trabajo dominical y festivo subirá de 90% a 100%.

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“La planeación financiera de lo laboral será cada día más exigente”, indicó Juan Pablo López, socio de la firma de derecho laboral López & Asociados, al diario El Tiempo.

El profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes Andrés Álvarez acepta un aumento de hasta 10%, siempre que se combine una inflación cercana a 7% con tres puntos de productividad, supuesto que él mismo calificó de generoso.

Álvarez dijo al medio en mención que el aumento aplicado en 2026 “ha generado presiones no solo inflacionarias, sino también presiones en el gasto público porque el empleo público es un empleo formal y suben sus costos, suben los costos pensionales también y el pasivo pensional colombiano está creciendo”.

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La propuesta más baja provino del director del Centro Javeriano de Competitividad, Óliver Pardo, que propone un límite: “El salario mínimo no debería aumentar más del 7%, lo cual corresponde a la inflación proyectada para 2026”. Argumentó que desde 2022 el mínimo acumuló un crecimiento real de 30%, mientras la productividad permaneció prácticamente estancada.

Aunque no es oficial todavía, la CUT plantearía una fórmula distinta. El presidente del sindicato, Fabio Arias, dijo en octubre de 2026 que la negociación debe orientarse hacia el salario mínimo vital y no limitarse a sumar inflación y productividad.

“El salario mínimo en Colombia debe llegar al salario mínimo vital, tal como lo estableció el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que empezó a aplicar el presidente Petro”, afirmó.

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Según él, ese estudio identificó una brecha inicial de casi 50 puntos. El aumento de 2026 cerró cerca de 18, una vez descontada la inflación de 2025, que fue de 5,1%. “Quedan pendientes entonces 32”, precisó el dirigente, quien sostiene que ese saldo debe agregarse a la inflación como punto de partida de la discusión en la Comisión.

Con una inflación cercana a 6,5%, la suma llega a 38,5%. Esa cifra ha circulado como la base inicial de los trabajadores, aunque Arias precisó que las organizaciones sindicales todavía deben revisarla.