Por extorsión condenan a 26 años de prisión a dos exagentes de la DPI en Honduras
Un Tribunal de Sentencia condenó a José Manuel Soto Irías y Jayson Jusde Becam, dos exagentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a 26 años de prisión por extorsión en un caso ocurrido en la ciudad de Comayagua.
Además de la pena, el tribunal impuso a cada uno una multa de 21.320 lempiras (aproximadamente USD 795), la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y el pago de la responsabilidad civil correspondiente, cuyo monto se fijará en la fase de ejecución de la sentencia.
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El caso se remonta al 30 de noviembre de 2024, cuando los ahora condenados, junto con otros agentes policiales, interceptaron a un ciudadano cerca de la terminal de buses de Comayagua. Los funcionarios argumentaron que existía una orden de captura contra él por su supuesta vinculación con la compra y venta de vehículos robados y usaron esa situación para exigirle dinero a cambio de no proceder legalmente en su contra.
Según las investigaciones, los dos exagentes solicitaron al ciudadano 70.000 lempiras, equivalentes a unos USD 2.609. La exigencia estuvo condicionada a que los agentes no ejecutaran la orden de captura que mencionaron durante la intervención. Ante la presión, el ciudadano entregó inicialmente 20.000 lempiras, unos USD 745.
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La información disponible no precisa si ese dinero fue recuperado ni si se efectuaron otros pagos para completar la suma exigida. Tampoco detalla qué ocurrió judicialmente con los demás agentes que habrían participado en la interceptación.
La resolución contempla sanciones económicas adicionales a la pena de cárcel. Cada exagente deberá pagar 21.320 lempiras (USD 795); en conjunto, las multas suman 42.640 lempiras, unos USD 1.589.
A eso se añade la responsabilidad civil, cuyo monto está pendiente de determinación y será fijado durante la ejecución de la sentencia. Las consecuencias económicas definitivas para los condenados dependerán tanto del pago de las multas como de la cifra que finalmente se establezca por ese concepto.
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Los hechos describen una intervención en la que los agentes usaron una supuesta orden de captura para exigir dinero a un particular. La situación involucra a exintegrantes de la DPI, organismo encargado de desarrollar investigaciones criminales en Honduras.
Aunque el ciudadano fue señalado por una presunta relación con vehículos robados, la exigencia económica para evitar una actuación policial fue el hecho que derivó en la condena por extorsión.
La información disponible no incluye detalles sobre posibles recursos contra la sentencia, procedimientos disciplinarios ni medidas adoptadas respecto a los otros funcionarios mencionados en las investigaciones.
La captura de los entonces policías se produjo ese mismo día, tras la denuncia del comerciante y un operativo coordinado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscales especializados en el enjuiciamiento de servidores del sector justicia.
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Con la condena dictada por el Tribunal de Sentencia, el caso pasa a una nueva etapa en la que también deberá establecerse la responsabilidad civil correspondiente, mientras la resolución judicial marca el desenlace penal para los dos exagentes señalados.
Las investigaciones también reportaron una segunda entrega de dinero el 4 de diciembre de 2024, cuando el afectado habría entregado otros 5,000 lempiras (aproximadamente US$186) en una gasolinera.
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