Reinfo no será ampliado: Gobierno pide al Congreso acelerar aprobación de la Ley MAPE

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, acudió este martes 27 de octubre a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para sustentar el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Durante su presentación, reiteró que el Ejecutivo no contempla extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y pidió acelerar el debate de la iniciativa legislativa.

El Gobierno busca establecer un nuevo marco para la formalización de los pequeños productores mineros y mineros artesanales. Según Shinno, alrededor de 30.000 trabajadores todavía deben completar este procedimiento, por lo que consideró necesario simplificar los trámites pendientes y avanzar con la aprobación de la propuesta antes de que termine el plazo vigente del registro.

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El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sostuvo que mantener el registro en sus condiciones actuales dificulta la distinción entre quienes desarrollan actividades mineras informales y quienes operan al margen de la legalidad. Por ese motivo, defendió la necesidad de modificar el esquema vigente y descartó una nueva prórroga.

“Hoy día, tal como está el Reinfo, protege a la minería ilegal. Más bien, hay que diferenciar la minería ilegal de la minería informal. Por eso no podemos permitir que se siga ampliando el Reinfo”, sostuvo a los medios.

Shinno señaló que un procedimiento más sencillo permitiría completar la formalización minera de quienes aún permanecen en el registro. En esa línea, estimó que un plazo de un año y medio sería suficiente para atender los casos pendientes, siempre que se reduzcan las dificultades administrativas.

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“Yo creo que un año y medio, si tenemos el proceso bien simplificado, es más que suficiente para poder formalizar al resto que está quedando (...) El Reinfo es el gran paraguas de protección legal que hoy día tiene esta minería ilegal, que queremos cortarlo a partir del primero de enero”, refirió.

Las movilizaciones de mineros informales e ilegales contra el fin de las ampliaciones del Reinfo han incluido concentraciones y bloqueos en Lima. Frente a la posibilidad de nuevas manifestaciones, Shinno indicó que la posición del Ejecutivo se mantiene, incluso después de las reuniones sostenidas con representantes de estos gremios.

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El ministro también señaló que el desenlace de las eventuales protestas y la decisión sobre la continuidad del registro dependen de las instancias correspondientes. “Lo que los mineros informales pretenden hacer con sus movilizaciones, que muchas veces lo han hecho, finalmente es decisión del Congreso”, apuntó.

Ante este escenario, el funcionario instó a los legisladores a acelerar el tratamiento de la Ley MAPE, con el objetivo de establecer las nuevas reglas para la pequeña minería y la minería artesanal. Según explicó, el tiempo disponible para completar el trámite legislativo es limitado.

“Sabemos y somos conscientes del poco tiempo que queda, pero si todos nos apuramos, todos lo aceleramos, podemos concluir con la aprobación de este proyecto de ley”, subrayó.

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En relación con el censo minero, Shinno recordó que el Gobierno asumió el compromiso de recopilar información sobre esta actividad. Para avanzar con el trabajo, el Minem ya suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El inicio de las actividades está pendiente de la transferencia de los recursos necesarios. El ministro expresó su expectativa de que la institución estadística pueda comenzar el levantamiento de información en el menor tiempo posible, dado que el acuerdo fue firmado recientemente.

“Espero que, ya celebrado el convenio, que ha sido hace menos de diez días, el INEI pueda empezar lo más pronto posible con dicho censo”, relató.

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Shinno también respondió a los cuestionamientos relacionados con la transferencia de recursos destinados a trabajos de remediación ambiental en unidades mineras cerradas de Moquegua, entre ellas Aruntani SAC. Al respecto, sostuvo que la medida responde a una obligación establecida por ley y que su cumplimiento corresponde a compromisos asumidos durante la administración anterior.

El titular del Minem explicó que las unidades involucradas fueron cerradas entre agosto y septiembre de 2019. Desde entonces, según indicó, se buscaba una solución para atender los problemas ambientales que quedaron pendientes tras el cierre de las operaciones.

“Es un mandato de la ley. Lo único que hice es cumplir con la ley; si no, estaría omitiendo mis obligaciones”, afirmó.