Presunto reclutador de peruanos para Rusia recibe 14 meses de prisión preventiva por investigación de trata con fines de explotación laboral
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte obtuvo 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, investigado por la presunta captación de ciudadanos peruanos para trasladarlos a Rusia con fines de explotación laboral. El caso incluye a cuatro compatriotas, entre ellos Julio Salazar, quien falleció.
La investigación apunta a una presunta red de reclutamiento que habría ofrecido empleos como personal de seguridad en una base militar de la Federación de Rusia. Según las diligencias fiscales, los investigados habrían presentado condiciones económicas atractivas para convencer a los ciudadanos de viajar al extranjero.
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Entre las ofertas atribuidas a Pinto figuran un sueldo mensual de 2.300 dólares y un bono de 20.000 dólares al término de un año de servicio. También se habría planteado la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa como parte de las condiciones ofrecidas a los postulantes.
La medida judicial se produjo después de las diligencias preliminares que incluyeron la detención del investigado y el allanamiento de dos inmuebles vinculados a él en el distrito limeño de Comas. La Fiscalía sustentó el pedido de prisión preventiva con elementos de convicción reunidos durante la investigación.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte, a cargo de la fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat, dirige las diligencias contra Pocho Pinto por el presunto delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral.
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De acuerdo con la investigación preparatoria, el imputado habría coordinado, financiado y facilitado el transporte internacional de Julio Salazar y otros tres ciudadanos peruanos durante marzo de 2026. El objetivo del traslado habría sido que los compatriotas trabajaran como personal de seguridad en una instalación militar rusa.
La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo el reclutamiento, las condiciones ofrecidas a las víctimas y la finalidad del traslado fuera del país. El caso comprende a Salazar, quien falleció, y a otros tres ciudadanos peruanos que figuran como agraviados.
La Fiscalía atribuye a Pinto una presunta participación en la organización del viaje y en la presentación de las ofertas laborales. Estos hechos forman parte de las hipótesis que deberán esclarecerse durante el proceso judicial.
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Según la información proporcionada por el Ministerio Público, los ciudadanos habrían recibido ofertas de remuneraciones de 2.300 dólares mensuales por sus labores de seguridad en Rusia. A ello se sumaría un pago de 20.000 dólares al completar un año de servicio.
La posibilidad de acceder a la nacionalidad rusa también habría formado parte de las condiciones ofrecidas. Estos elementos integran la investigación sobre el presunto mecanismo de captación de los ciudadanos peruanos y las circunstancias que motivaron su traslado internacional.
El caso se centra en establecer si las condiciones presentadas durante el reclutamiento correspondían a las labores que los ciudadanos debían desempeñar y si existieron fines de explotación laboral. La responsabilidad penal del investigado deberá determinarse en el marco del proceso correspondiente.
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La Fiscalía sustentó el pedido de prisión preventiva en los elementos de convicción obtenidos durante las diligencias preliminares y en las evidencias recogidas durante el allanamiento de dos inmuebles vinculados a Pinto en Comas.
La intervención se realizó el 1 de octubre, con la participación de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRITPTIM) de la Policía Nacional del Perú y el apoyo de la organización no gubernamental Aerial Recovery.
Durante esa operación se ejecutó la detención preliminar del investigado. Las diligencias permitieron reunir elementos que el Ministerio Público presentó ante el órgano jurisdiccional para sustentar la necesidad de una medida restrictiva de la libertad.
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Tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional dispuso 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto por la investigación relacionada con la presunta captación de ciudadanos peruanos para su traslado a Rusia.
La medida busca asegurar la sujeción del investigado al proceso mientras continúan las diligencias vinculadas al presunto delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral.
El plazo de prisión preventiva no constituye una declaración de culpabilidad. La investigación fiscal deberá establecer la participación que habría tenido Pinto en los hechos y esclarecer las circunstancias del traslado de las cuatro personas comprendidas en el caso.
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