El Senado de la República aprobó la ley de sometimiento y hay ultimátum para los criminales: “No se va a devolver dinero”

El Senado de la República aprobó el proyecto de ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella, iniciativa legislativa que busca establecer una ruta jurídica obligatoria para que los integrantes de estructuras criminales, bandas o grupos armados ilegales se entreguen a la justicia ordinaria, sin realizar negociaciones de paz políticas con ellos.

La corporación dio el visto bueno a la iniciativa con 57 votos a favor y 24 en contra durante su tercer debate, en medio de una tensa discusión con el Pacto Histórico. El proyecto aún debe superar el trámite en la Cámara de Representantes y, si existen diferencias entre los textos, una eventual conciliación.

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La iniciativa establece un marco para el sometimiento individual o colectivo de estructuras criminales de alto impacto, condicionado a la entrega de armas y bienes, la colaboración con la verdad y la reparación a las víctimas. El proyecto no concede estatus político a los grupos armados ilegales ni suspende automáticamente órdenes de captura o solicitudes de extradición.

El Congreso tramita la propuesta antes del vencimiento de la prórroga de la Ley de Orden Público, Ley 418 de 1997, previsto para el 4 de noviembre de 2026. El proyecto se diferencia del modelo de paz total del Gobierno anterior y tendrá una vigencia de cuatro años, en lugar de los 10 años contemplados inicialmente.

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Tras la aprobación, el ministro del Interior, Iván Cancino, señaló que quienes aspiren a acogerse deberán entregar un inventario completo de sus bienes. “No se va a devolver dinero, tienen que entregar el inventario absoluto de bienes”, afirmó, y subrayó que el mecanismo no constituye una negociación política.

Cancino precisó que el texto fija un límite de seis años para acceder a la libertad condicional, aunque reconoció que persisten “algunas pequeñas inconformidades” sobre el articulado. También advirtió que quien incumpla las exigencias regresará de inmediato a la justicia ordinaria y perderá cualquier opción de reducción de pena o libertad condicional.

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Los mandos o jefes de las estructuras podrán obtener reducciones de pena de hasta 30%, mientras que los demás integrantes tendrán rebajas de hasta 50%.

Por su parte, la senadora Nadia Blel, del Partido Conservadro, subrayó que los cabecillas no podrán recibir condenas inferiores a 10 años y rechazó que el sometimiento derive en impunidad.

“Someterse a la justicia no puede convertirse en sinónimo de impunidad”, afirmó Blel. La legisladora añadió que los beneficios estarán sujetos a aportes verificables de verdad y reparación, y que los condenados por reclutamiento de menores de edad quedarán excluidos de esos beneficios.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, defendió el trámite legislativo tras una sesión de más de 10 horas. “Más de 40 senadores han intervenido, sobre todo de la oposición”, aseguró, al destacar que la discusión se realizó con garantías y de cara al país.

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Por su parte, la senadora María Clara Posada celebró la eliminación unánime de un artículo que permitía reservar información sobre gastos de contratación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior.

Posada sostuvo que el fondo no podía operar sin acceso a los documentos de contratación ni claridad sobre el destino de los recursos públicos.

La aprobación en el Senado cerró la puerta a esa reserva en el Fonsecon, pero dejó pendiente el desenlace del proyecto en la Cámara. Los recursos estatales deberán mantenerse sujetos al escrutinio público dentro de un trámite que todavía no convierte la iniciativa en ley.

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Pese al respaldo, senadores del Pacto Histórico como Felipe Hernández dijeron que la iniciativalegislativa que “estaría viciada por un presunto mal procedimiento de la mesa directiva que, en su afán de querer aprobarlo a pupitrazo, incurrió en varios errores”. Anotó que “aquí seguiremos discutiendo, con agumentos, sobre este proyecto de ley que va en contra de la paz y el diálogo”.