Lima paga tres veces menos que regiones por el gas de todos los peruanos: distribuidoras del norte exigen tarifa nivelada
Las distribuidoras de gas natural del norte del país pidieron al Gobierno peruano avanzar con la reglamentación de la tarifa nivelada y promover una ampliación progresiva del límite de consumo beneficiado, de 50 mil a 900 mil metros cúbicos mensuales, para incluir a industrias y otros usuarios que puedan sostener la expansión de redes en regiones.
El planteamiento de Promigas, matriz de Quavii —marca que agrupa las concesiones de Gases del Pacífico en Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, y de Gases del Norte del Perú (Gasnorp) en Piura—, se basa en un informe que alertó sobre el freno de la masificación: las conexiones nuevas bajaron de 279 mil en 2024 a 147 mil en 2025, mientras las reservas probadas de gas cayeron a 6.639 giga pies cúbicos.
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Pero, ¿por qué la falta de una tarifa nivelada podría bloquear la masificación del gas natural fuera de Lima? Primero hay que entender cómo se masificó el servicio en la capital peruana.
El gas de Camisea llegó desde Cusco por el sistema de transporte de ductos y contó desde el inicio con grandes consumidores, principalmente las centrales termoeléctricas de Chilca. Esa demanda de alto volumen y carácter permanente permitió justificar las inversiones iniciales en transporte y distribución.
A partir de esa infraestructura y de los ingresos que generaban esos clientes ancla, la colimbiana Cálidda amplió gradualmente las redes hacia hogares, comercios e industrias de Lima y Callao.
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Según Promigas, en las regiones las concesiones no tienen una demanda inicial comparable. La menor presencia de industrias, comercios de alto consumo y centrales eléctricas conectadas a redes eleva el costo unitario de distribución y reduce la viabilidad de nuevas inversiones.
Además, en varias ciudades el gas se abastece mediante gas natural licuado (GNL) o gas natural comprimido (GNC) transportado por carretera, un sistema con mayores costos logísticos.
Impulsada por el Poder Ejecutivo y empresas del sector, la propuesta para establecer una tarifa nivelada a nivel nacional atravesó un arduo debate en el Congreso hasta que, por fin, en abril de 2025 se publicó la Ley 32315.
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Sin embargo, la norma salió con un cambio que redujo de forma marcada su alcance: el tope de consumo previsto para recibir la compensación pasó de 900 mil m³ mensuales a 50 mil m³.
El nuevo límite dejó fuera a industrias, comercios de alto consumo y estaciones de GNV, usuarios que, según Promigas, pueden funcionar como clientes ancla al asegurar una demanda suficiente para financiar ductos, redes y estaciones de regasificación. Es decir, el mecanismo se venía abajo.
El beneficio quedaba concentrado en hogares, pequeños comercios y parte de la industria regulada. Además, aunque la ley está vigente desde el 30 de abril de 2025, la ley aún no opera porque falta el reglamento que debe definir el cálculo, financiamiento y aplicación del descuento en los recibos.
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Ahora, el nuevo Informe del sector gas natural en el Perú 2026, elaborado por Promigas, muestra que el acceso al gas natural siguió creciendo, aunque a un ritmo menor.
El país cerró 2025 con 2,59 millones de conexiones, 6% más que el año anterior, y una cobertura equivalente al 25% de la población. Sin embargo, se incorporaron 147 mil nuevos usuarios, frente a los 279 mil de 2024 y los 288 mil de 2023.
La desaceleración se concentró fuera de Lima y Callao, donde la cobertura apenas bordea el 7% de la población. La capital mantiene la mayor parte del mercado: Cálidda suma 2,08 millones de clientes, tiene cobertura en el 59% de los hogares y concentró cerca del 80% de las nuevas conexiones durante 2025.
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El documento señala que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), a través de Bonogas, financió 94 mil conexiones en 2025, frente a las 241 mil del año anterior. Promigas también atribuye parte de la desaceleración a los procesos de revisión tarifaria que afectan a las concesiones regionales.
Las diferencias regionales se reflejan en las tarifas. En diciembre de 2025, la industria pagaba USD 6,4 por MMBTU en Lima y Callao, frente a USD 12,9 en la Concesión Norte y USD 17,5 en la Concesión Sur Oeste.
La brecha responde, en parte, a la menor escala de consumo y a los costos de transporte. Mientras Lima recibe gas por ductos desde Camisea, varias ciudades de las regiones dependen de GNL o GNC trasladado en cisternas.
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Ese esquema exige procesos adicionales de licuefacción, transporte por carretera y regasificación antes de la distribución al usuario final. En otras palabras, hace todo más caro.
En el norte, Gases del Pacífico registró 314.715 clientes al cierre de 2025, con un crecimiento de apenas 1,6%. En Piura, Gases del Norte del Perú alcanzó 71.555 clientes, luego de aumentar 44,5%.
La Concesión Sur Oeste, bajo administración provisional de Petroperú (la española Naturgy se fue del Perú luego de que el escándalo de Odebrecht la dejara sin el gasoducto sur peruano, que debía alimentar su negocio), sumó 13.843 usuarios, con una cobertura de solo 2,2% de los hogares potenciales.
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El documento también advierte una caída de la actividad exploratoria. Las reservas probadas de gas natural descendieron a 6.639 giga pies cúbicos, 7% menos que en 2024 y 28% por debajo del nivel de 2021. Al ritmo actual de producción, esas reservas alcanzarían para unos 13 años, frente a los 19 años estimados cuatro años atrás.
La inversión en exploración bajó a USD 9,8 millones en 2025, una reducción de 75% frente al año previo. Durante ese período no se perforaron pozos exploratorios ni confirmatorios y tampoco se realizaron trabajos de sísmica, según el informe.
En un comunicado, Promigas pidió al Gobierno aprobar el reglamento pendiente de la Ley 32315, que debe definir la metodología de cálculo, el financiamiento y la aplicación del descuento en las facturas.
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La empresa plantea que la compensación se refleje en el precio final que pagan los usuarios y que cuente con información pública sobre sus beneficiarios, recursos y resultados.
La compañía sostiene que la reglamentación debe corregir el tratamiento de las estaciones de GNV y priorizar a los usuarios conectados a redes de distribución concesionadas. El objetivo, según su posición, es evitar que el subsidio financie consumos que no aporten a la expansión de tuberías e infraestructura regional.
Promigas también propone impulsar una modificación de la Ley 32315 para ampliar gradualmente el límite de 50 mil m³ mensuales. Su planteamiento apunta a incorporar a industrias, comercios de alto consumo y estaciones de GNV bajo condiciones como contratos de largo plazo, conexión a redes reguladas y compromisos de demanda.
Finalmente, la colombiana plantea que la tarifa nivelada tenga carácter temporal y sea revisada de forma periódica. Bajo esa propuesta, el subsidio debería reducirse a medida que aumenten las conexiones, se extiendan las redes y disminuyan los costos de llevar gas a las regiones.
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